El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dio las primeras pistas acerca del plan que preparan desde la cartera que conduce para que más de 500 mil personas que se benefician con alguno de los programas sociales existentes consigan duplicar sus ingresos a cambio de una contraprestación laboral.
El proyecto se encuentra todavía en etapa de elaboración, pero ya ha comenzado a aplicarse sobre la base de la firma de convenios entre la cartera social y 15 provincias. La primera etapa consiste en el reclutamiento de unos 30 mil beneficiarios para la reparación, pintura y desmalezamiento de escuelas en ese número de provincias. «Durante febrero se van a reparar unos 2000 establecimientos en todo el país», anunció el ahora subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, Daniel Menéndez, quien llegó a ese cargo a partir de su rol como coordinador nacional del movimiento Somos Barrios de Pie.
Los convenios que ya están firmados establecen que las provincias y municipios aportan los insumos y materiales y la cartera de Desarrollo Social, «a quienes acrediten haber trabajado», le deposita un plus equivalente a otro programa. Como el monto de esos beneficios representa, por ley, el 50% de un Salario Mínimo Vital y Móvil, con ese adicional, percibirán un ingreso equivalente al SMVM, hoy situado en 16.850 pesos.
El trabajador deja de percibir el beneficio extraordinario en el momento en que concluye la tarea que, en este primer caso, está pautada solo para el mes de febrero. «La idea es encontrar un mecanismo para avanzar progresivamente en nuevas posibilidades de trabajo que el Estado genere», explicó Menéndez.
Durante la gestión de Carolina Stanley se promovió el Plan Empalme, que apuntaba a integrar esos beneficiarios en el sector privado. La iniciativa fracasó, en gran parte, por la profunda recesión en la que ingresó la economía, aunque formalmente sigue vigente. Además, subrayó el funcionario, «venimos de un esquema donde el programa social estaba atado al estudio. El macrismo desmanteló las unidades ejecutoras y productivas. Lo vamos a revertir y vamos a hacer un programa único para impulsar el empleo en cinco áreas: el sector textil, el reciclado, la economía del cuidado, la industria de alimentos y la construcción. Es a partir de ahí que se van a estructurar las políticas sociales».
A diferencia del requisito educativo, la contraprestación laboral no será compulsiva, sino una opción a la que podrá volcarse el beneficiario del plan aunque será vehiculizada a través de las organizaciones sociales existentes. «El Estado va a inducir a que se generen condiciones para integrarse a los sectores productivos y las personas se vuelquen a esta modalidad», dijo Menéndez a este diario.
Juan Carlos Alderete, dirigente de la CCC y ahora diputado nacional del bloque del Frente de Todos, señaló a Tiempo que «siempre hemos estado en contra de cómo se diseñaron los planes sociales. Deben servir no solo para ayudar a paliar la situación sino también para prepararse para volver al mercado laboral. Eso implica una contraprestación”.
Sin embargo desde otras organizaciones sociales también llegaron los cuestionamientos. Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, señaló a Tiempo que «el problema no es la contraprestación. Lo que tiene que haber es trabajo. Si hay una persona desocupada tiene que haber un seguro para que los que produjeron la crisis banquen a los heridos». Para Belliboni, «es un cuento chino mediante el cual se introduce la precarización laboral. Es gente que trabaja en municipios o en la UOCRA. No hay que reclamarle al desocupado que trabaje, sino al Estado que tenga una política que genere empleo», disparó.
Para Alderete, «somos cuidadosos de los convenios. Ahora se ha hecho un acuerdo para pintar escuelas y sabemos que en ningún Consejo Escolar hay personal para hacer la manutención. No suplantamos a ningún personal que dependa del Consejo Escolar. En muchos lugares, además, los tienen muy precarizados y con contratos basura. Creemos que todos los programas deben ser universales y que cada beneficiario debería reunir un perfil controlado por el Estado. De esa manera no habría lugar para la utilización política que se hace con la ayuda social».
Con todo, el programa está «al filo de la precarización», como reconoce el mismo Menéndez que, sin embargo, asegura estar «dando esta discusión porque trabajamos sobre el universo de la economía popular y en una realidad que existe hoy y que está exenta de derechos. No vemos todavía que esos cuatro millones de trabajadores de la economía popular se puedan insertar entre los ocho millones de trabajadores registrados».
Tamara Seiffer, investigadora del CONICET y especialista en políticas sociales y pobreza, recordó que «la propuesta no es novedosa en nuestro país. Contamos con una larga experiencia en políticas asistenciales con contraprestación en trabajo. Fueron los Planes Trabajar y los Jefas y Jefes implementados en la última gran crisis. No es casual que se vuelvan a presentar ahora. Uno de los principales logros que tienen es el de proveer de mano de obra barata para la política pública. El gobierno, por un lado, restringe la contratación de personal y, por el otro, resuelve parte de la política publica con trabajadores fuera de convenio y sin derechos laborales ni de agremiación».
Para esta licenciada en Trabajo Social y docente de la UBA, esta política está «en consonancia con el discurso que instaló el macrismo durante su gobierno ya que legitima la idea de que para recibir una asistencia estatal hay que ganársela».
La UOCRA, lejos de rechazar el plan en nombre de la defensa del convenio colectivo sectorial, se ha sumado a través de ofrecer cursos de capacitación para los potenciales beneficiarios. Pero el problema afecta también a los gremios municipales, textiles y otros que por el momento no han emitido opinión. El riesgo es que la iniciativa culmine en un reemplazo de mano de obra registrada por trabajadores fuera de convenio financiado por el Estado y sin estabilidad laboral alguna ni beneficios sociales como jubilación u obra social.
Con todo, para sectores como el textil o la alimentación, la iniciativa presenta un mayor complejidad porque no existe producción estatal de esos bienes. Menéndez explicó que «en textiles, por ejemplo, nos orientaremos en los agrupamientos de hecho, a través de los movimientos. Estamos buscando figuras legales simples para promover el ‘compre social’ del Estado o articular con el Estado la producción que se vende en ferias y comercios».
Seiffer opinó que, en definitiva, «el problema de la cantidad de obreros y obreras que deben ser asistidas por el Estado para vivir está dado por la magnitud que hoy tiene el desempleo y la pobreza en nuestro país. Pero no podemos tener una mirada de corto plazo, de apenas cuatro o cinco años, sino una mirada que nos lleva, por lo menos, a mediados de la década del 70. En su momento, en forma incipiente y luego de manera más generalizada, el capital que opera en la Argentina empieza a necesitar de una riqueza extraordinaria sobre la masa salarial del conjunto de la clase obrera. Para que los capitales que operan en la Argentina puedan obtener sus ganancias deben atacar los salarios de los trabajadores. Se encuentra ahí la principal explicación de lo que hoy estamos presenciando y que está mediado por movimientos cíclicos atados a los precios de las commodities y la demanda de mercancías agrarias y los ciclos de deuda que tienen un movimiento contrapuesto a la renta de la tierra».
En la misma línea, Belliboni del Polo Obrero, destacó que «la política de empleo del gobierno, e incluso la política social, está condicionada al pago de la deuda externa. El mismo Daniel Arroyo dice que se manifiesta a favor de la universalización de los planes sociales pero que no tiene presupuesto. El gobierno incumple la emergencia alimentaria que se votó el año pasado. Entonces, la contraprestación es una malversación de una palabra. Lo que hace falta es trabajo. La economía no despega, ni en las fábricas ni en la obra pública, para cumplir con los compromisos con el FMI y con los acreedores privados».
El problema cobra otra dimensión en la medida en que, según indicó Menéndez, «el objetivo es llegar a los 500 mil beneficiarios actuales. Buscamos un esquema de respuesta sobre los cuatro millones de personas que forman parte de la economía popular».
