El gobierno acaba de sellar un acuerdo con los acreedores internacionales que reconoce un valor presente neto de U$S 54,8 por cada título de cien dólares.
Se trata de la quinta propuesta que realiza en una negociación que duró casi cinco meses y que comenzó en una oferta inicial de U$S39 de valor presente neto. Por eso, el acuerdo implica un incremento de más de U$S 16 mil millones desde que se realizara la primera oferta así como un adelantamiento de los plazos del primer pago que deberá erogarse en 2021 contra la intención inicial de hacerlo en 2023. El reclamo original de los bonistas era obtener U$S60 por cada cien dólares.
El apoyo a la estrategia del gobierno por parte de la central obrera ha sido granítico ante cada nueva propuesta. Conocido el acuerdo, en la jornada de hoy se produjo una reunión de Consejo Directivo ampliado de la central que emitió un comunicado en el que ratifica su respaldo a la negociación.
Allí sostienen que “acompañamos firmemente el acuerdo con los acreedores extranjeros con base en la propuesta realizada” puesto que, aseguran, “los bonistas conocían las debilidades esenciales de los títulos que contenían una rentabilidad exorbitante” y, por lo tanto, “deberán moderar sus ganancias para que la economía argentina sea sostenible sin más deterioro de la delicada situación social”.
Por otra parte apuntaron contra la gestión de Mauricio Macri en la medida en que, sostienen, “la pandemia ha desnudado la crítica inequidad social en la que se encuentra nuestro país luego de cuatro años de desguace del Estado, de la exaltación del individualismo cuentapropista, del impulso al capitalismo financiero y de un modelo económico que permitió sólo el desarrollo de la burguesía de los amigos del poder de turno”.
Por eso, ratifican que “Nuestro Gobierno” deberá centrar “sus primeros esfuerzos en promover un modelo de desarrollo que permita disminuir esta injusticia” a partir del “fortalecimiento de la Seguridad Social, el crecimiento real de los salarios a través del normal funcionamiento de las mesas paritarias y los beneficios sociales (que) deberán ser el motor que impulse el crecimiento del mercado interno para sostener, aumentar y mejorar el empleo”. Aunque, destacaron, “el primer objetivo debe ser que no haya trabajadores pobres ni compatriotas en la indigencia”.
Con ese objetivo proponen “alcanzar un acuerdo económico, social y de desarrollo que contenga al Estado, los trabajadores y los empresarios”. El propósito, aseguran, es promover “mesas sectoriales” para garantizar “el desarrollo productivo necesario para empezar a crecer”.
Al mismo tiempo, la Asociación Bancaria liderada por Sergio Palazzo, uno de los dirigentes del FreSiMoNA y la Corriente Federal de los Trabajadores opositoras al binomio que conduce la central, emitió un comunicado propio en el que, si bien respaldan el acuerdo, reconocen que se encuentra “al límite de la sustentabilidad” y, por lo tanto, exigen que sean los que identifican como “los responsables” del endeudamiento (“profugadores de capitales, oligopolios formadores de precios y corporaciones evasoras de impuestos”) quienes carguen con el peso del acuerdo que se vaya a sellar para pagar la deuda que resta negociar con el FMI.
Se trata de la quinta propuesta que realiza en una negociación que duró casi cinco meses y que comenzó en una oferta inicial de U$S39 de valor presente neto. Por eso, el acuerdo implica un incremento de más de U$S 16 mil millones desde que se realizara la primera oferta así como un adelantamiento de los plazos del primer pago que deberá erogarse en 2021 contra la intención inicial de hacerlo en 2023. El reclamo original de los bonistas era obtener U$S60 por cada cien dólares.
El apoyo a la estrategia del gobierno por parte de la central obrera ha sido granítico ante cada nueva propuesta. Conocido el acuerdo, en la jornada de hoy se produjo una reunión de Consejo Directivo ampliado de la central que emitió un comunicado en el que ratifica su respaldo a la negociación.
Allí sostienen que “acompañamos firmemente el acuerdo con los acreedores extranjeros con base en la propuesta realizada” puesto que, aseguran, “los bonistas conocían las debilidades esenciales de los títulos que contenían una rentabilidad exorbitante” y, por lo tanto, “deberán moderar sus ganancias para que la economía argentina sea sostenible sin más deterioro de la delicada situación social”.
Por otra parte apuntaron contra la gestión de Mauricio Macri en la medida en que, sostienen, “la pandemia ha desnudado la crítica inequidad social en la que se encuentra nuestro país luego de cuatro años de desguace del Estado, de la exaltación del individualismo cuentapropista, del impulso al capitalismo financiero y de un modelo económico que permitió sólo el desarrollo de la burguesía de los amigos del poder de turno”.
Por eso, ratifican que “Nuestro Gobierno” deberá centrar “sus primeros esfuerzos en promover un modelo de desarrollo que permita disminuir esta injusticia” a partir del “fortalecimiento de la Seguridad Social, el crecimiento real de los salarios a través del normal funcionamiento de las mesas paritarias y los beneficios sociales (que) deberán ser el motor que impulse el crecimiento del mercado interno para sostener, aumentar y mejorar el empleo”. Aunque, destacaron, “el primer objetivo debe ser que no haya trabajadores pobres ni compatriotas en la indigencia”.
Con ese objetivo proponen “alcanzar un acuerdo económico, social y de desarrollo que contenga al Estado, los trabajadores y los empresarios”. El propósito, aseguran, es promover “mesas sectoriales” para garantizar “el desarrollo productivo necesario para empezar a crecer”.
Al mismo tiempo, la Asociación Bancaria liderada por Sergio Palazzo, uno de los dirigentes del FreSiMoNA y la Corriente Federal de los Trabajadores opositoras al binomio que conduce la central, emitió un comunicado propio en el que, si bien respaldan el acuerdo, reconocen que se encuentra “al límite de la sustentabilidad” y, por lo tanto, exigen que sean los que identifican como “los responsables” del endeudamiento (“profugadores de capitales, oligopolios formadores de precios y corporaciones evasoras de impuestos”) quienes carguen con el peso del acuerdo que se vaya a sellar para pagar la deuda que resta negociar con el FMI.
