La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinará la política laboral del gobierno por la ofensiva contra la justicia laboral, la criminalización de la acción colectiva y la intervención de los sindicatos.

Así lo dispuso el organismo a partir de una presentación realizada en forma conjunta entre la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La misma fue suscripta además por decenas de organizaciones sindicales y de derechos humanos que participaron de un plenario abierto realizado en el Hotel Bauen el pasado 5 de julio en el que se repudió la ofensiva del gobierno nacional contra el fuero laboral y los abogados que se desempeñan en el mismo. 

De aquel plenario en el que se resolvió, entre otras medidas, la presentación ante la CIDH, participaron también diputados nacionales del Frente para la Victoria y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores así como el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni, entre otras personalidades.

El mismo presidente Mauricio Macri había acusado días antes a los abogados que se desempeñan en el fuero de conformar una “mafia de los juicios laborales” agravando la escalada que había comenzado con el pedido de juicio político a cinco jueces que habían fallado, en distintas causas, a favor de los trabajadores.

Se trata de los camaristas Graciela Marino y Enrique Arias Gibert que habían intimado a las cámaras bancarias a cumplir con el acuerdo salarial que habían suscripto en diciembre de 2016 con el sindicato La Bancaria, los jueces Diana Cañal y Luis Raffaghelli que habían dictado un fallo de reinstalación de trabajadores del ENACOM y la jueza  Mirta González Burbridge que mediante un fallo reinstaló a un trabajador despedido de Vialidad Nacional.

Los cuestionamientos del ejecutivo a los jueces laboralistas pasan por alto que el principio sobre el cual se funda el derecho laboral parte del concepto de «preferente tutela» en favor de los trabajadores como forma de compensar la asimetría que existe en la relación laboral entre patrones y asalariados. Por eso, se considera que la actitud de los jueces laborales debe ser «imparcial pero no neutral».

Al fundamentar el pedido de audiencia, la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas había denunciado que los ataques al fuero estaban destinados a “estigmatizar, desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y a quebrantar la independencia del poder judicial, especialmente la Justicia Nacional del Trabajo” y enfatizó que se trataba de maniobras que “encubren el objetivo de alterar en forma sustancial los derechos de los trabajadores”.

La audiencia en la que se expondrán las denuncias al Estado Argentino por hostigamiento a la justicia laboral y los sindicatos que representan a los trabajadores se realizará el próximo 24 de octubre en el Palacio Legislativo de la ciudad de Montevideo.