Esta vez no hubo comunicado oficial. El Consejo Directivo de la Confederación General de los Trabajadores (CGT) decidió mantener un cauto silencio luego de las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre la necesidad de avanzar en una reforma del sistema salud que integre las tres patas que lo componen.

El silencio institucional de la CGT contrastó con la declaración que la mesa de conducción publicó en enero, días después de que la misma Cristina Fernández hiciera, por primera vez, alusión a su intención de avanzar en un sistema «integrado» de salud.

En aquel momento la conducción de la CGT reivindicó el sistema de obras sociales sindicales que, interpretaba, se vería amenazado en caso de que se decidiera una centralización del sistema. El Instituto Patria había esbozado una propuesta que, para los jefes de la CGT, podría implicar el riesgo de que el Estado se hiciera de los fondos de las obras sociales para financiar el sistema público o, incluso, subsidiar al sistema privado.

Además, aprovecharon esa oportunidad para reivindicar «la solidez y nivel cobertura de uno de los sistemas de salud más solidarios del mundo» a la vez que pusieron en la mesa «la necesidad de dotarlo de fondos suficientes para garantizar la salud de todos».

El fantasma de aquel proyecto también estuvo presente en las negociaciones que, cara a cara, mantuvieron en Olivos con el presidente Alberto Fernández horas antes de que se definiera el nombre del nuevo titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Daniel López. La cita fue la oportunidad para que los dirigentes de la CGT presentaran lo que actualmente son sus dos reclamos centrales. Por un lado, avanzar en una norma que garantice la permanencia de los trabajadores durante al menos un año en la obra social de su actividad y, luego, que el Estado gire los fondos para la cobertura de prestaciones por transporte y educación. Una deuda que, estiman, llega a los $ 11 mil millones y cuyo reconocimiento comprometió el gobierno a través de la nueva conducción de la SSS.

Fue en ese contexto y con esas garantías que se dieron las declaraciones de la vicepresidenta que, además, resultaron más moderadas que en su primera presentación. Es por eso que los dirigentes cegetistas intentaron delimitar los alcances de las declaraciones de la expresidenta con relación a los lineamientos esbozados por el proyecto inicial que le atribuyen al entorno del viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y que, temen, promueve un sistema de salud único y estatal que avance sobre los casi $ 400 mil millones anuales que perciben las obras sociales sindicales bajo la forma de aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales.

Andrés Rodríguez, secretario adjunto de las CGT y titular de Unión Personal Civil de la Nación, que gestiona una de las tres obras sociales sindicales más poderosas, señaló a Tiempo: «No nos vamos a negar a conversar o debatir cualquier temática. Nadie se va a oponer a un ordenamiento que optimice el sistema de salud, pero todavía no hay precisiones ni medidas anunciadas. Hay un documento conceptual con generalidades».

Uno de los referentes del FreSiMoNa, espacio sindical opositor a la actual conducción, Omar Plaini, destacó que «el propio Moyano habló sobre el tema. Todo lo que sea centralizar para abaratar costos está muy bien. Si va en esa dirección… ¿cómo no vamos a querer?». Es que para Plaini, «la ciencia avanza y todo se encarece cada vez más. Cuando perdemos poder adquisitivo de los salarios también perdemos los que tenemos que administrar las obras sociales. Se puede unificar para lograr prestaciones de alta complejidad, por ejemplo».

A la hora de definir el límite de un posible acuerdo, Rodríguez señaló que, el sistema actual «puede sobrevivir y se pueden coordinar los tres sistemas con otro tipo de ordenamiento. Para cualquier medida que se tome en materia de salud debe intervenir el gobierno nacional y no nos han convocado para debatir».

Para Plaini, «hay una direccionalidad para mejorar la prestación de los tres subsistemas, pero hacemos centro en que cada uno mantenga su independencia y su criterio».

En esa línea, Rodríguez insistió en que «Daniel López (titular de la SSS) tampoco nos ha dado convocatoria ni precisión. Coincidimos en optimizar el sistema de salud pero queremos discutir con qué normativas y con qué elementos». El punto de partida, para el titular de UPCN, debería ser «lo que venimos proponiendo al gobierno para optimizar el sistema de obras sociales con esta pandemia. Queremos que los trabajadores estén en la obra social como mínimo un año, que las discapacidades en materia de transporte y educación las asuma el Estado, que se financie el Fondo de redistribución y la creación de una agencia donde se puedan evaluar los amparos judiciales. Las venimos proponiendo ya hace tiempo». «

Una caja de $ 400 mil millones

Las obras sociales sindicales se nutren de contribuciones patronales y aportes de los trabajadores equivalentes al 6% y el 3% del salario, respectivamente. En 2020, el sistema nacional de obras sociales percibió poco más de $ 375 mil millones distribuidos de manera heterogénea entre las más de 300 entidades existentes.

Es que, solo las cinco más importantes recaudan un 29,4% del total, entre las que se encuentran: OSDE, que atiende a los empleados fuera de convenio y recibe un gran número que hace uso de la desregulación y percibió casi $ 40 mil millones; Osecac, del poderoso gremio de Comercio de Armando Cavallieri ($ 30 mil millones); y UP de la Unión Personal Civil de la Nación, de Andrés Rodríguez, que recibió casi $ 15 mil millones.

Entre las obras sociales de los principales dirigentes de la CGT, se destaca en el séptimo lugar la de la Uatre, con casi $ 9 mil millones; la  Uocra, octava con $ 7,5 mil. La de Sanidad de Héctor Daer, se ubica en décimo segundo lugar; metalúrgicos, en lugar 19 y Camioneros en el 21 con cerca de $ 4 mil millones. La de estacioneros de Carlos Acuña ocupa el puesto 112 con cerca de $ 500 millones en 2020.