La negociación entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional ingresó en un cono de sombras después de la ronda de diálogo celebrada entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el staff técnico del organismo, que incluyó una reunión de dos horas con su titula, Kristalina Georgieva.
El saldo fue bastante insulso, a la luz del objetivo que se había autoimpuesto el gobierno, de celebrar un nuevo acuerdo para el mes de mayo. Hubo fotos, tuits, declaraciones protocolares y hasta afirmaciones conceptuales que fueron presentadas como un triunfo de la posición argentina. Pero lo único que quedó claro es que el Fondo no se moverá de sus reglamentos para renegociar la deuda. Ergo, si el gobierno quiere refinanciar los U$S 44 mil millones de capital (la deuda que contrajo la gestión de Mauricio Macri), deberá acogerse a un programa de Facilidades Extendidas a diez años de plazo, ni uno más.
«Lo que han indicado las autoridades argentinas es que preferirían tener una línea de crédito extendida para respaldar sus planes. Los desembolsos efectuados en el marco del EFF, que sería el programa acordado, se reembolsarán en un plazo de cuatro años y medio a 10 años, en 12 cuotas semestrales iguales. Estos términos se aplican de manera uniforme a todos los países, no sólo a la Argentina», dijo Gerry Rice, vocero del organismo, descartando cualquier atención preferencial hacia su mayor deudor.
Ese es también el límite hacia la avanzada política que había ensayado el Frente de Todos, cuyos senadores habían denunciado el stand by firmado por el macrismo ante la Oficina de Evaluación Independiente del FMI. El bloque había pedido un “plazo de amortización en varias décadas” que en Washington, quedó claro, ni siquiera están dispuestos a considerar. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, derivó a sus asesores la atención de la delegación argentina, lo que puede interpretarse como una señal de que la administración Biden no pedirá un tratamiento preferencial para el expediente.
Lejos de lamentar la falta de resultados concretos, en el Palacio de Hacienda tomaron como un triunfo en el plano teórico el comunicado del staff técnico del Fondo. Allí los negociadores del organismo, Julie Kozack y Luis Cubeddu, reconocieron la «necesidad de garantizar la sostenibilidad macroeconómica y de salvaguardar la recuperación post-COVID en curso». También aceptaron que “la inflación es un fenómeno multicausal y que reducirla requiere políticas macroeconómicas consistentes y esfuerzos de coordinación para ayudar a anclar las expectativas de inflación”. En Economía lo tomaron como una promesa de que no exigirán reformas estructurales ni excesivos ajustes fiscales y monetarios. Y también como un apoyo a las rondas de diálogo sectoriales para coordinar precios y salarios.
La nueva línea de tiempo
Aun así, la evidencia de que el acuerdo demorará más de lo pensado abre un nuevo escenario en el que el límite temporal se correrá varios meses hacia adelante. Allí entran a jugar varios factores. Uno concreto es el pago de capital al Fondo por casi U$S 1.900 millones comprometido para septiembre, el primero del cronograma vigente por el stand by de 2018, que se suman a los U$S 600 millones de intereses a saldar en mayo y agosto. Otro es el posible ingreso de unos U$S 4.300 millones de parte del propio FMI, como parte de la asignación extraordinaria que el organismo hará entre todos los países miembros para fortalecer sus reservas y sus márgenes de acción en relación a la pandemia. Pero el proceso lleva tiempo y la fecha en que esos recursos estarán disponibles es incierta.
Un tercer elemento es el pago pendiente al Club de París por la última cuota del acuerdo de refinanciación celebrado en 2014. Según cálculos de la Secretaría de Finanzas, son U$S 2.188 millones a cancelar como fecha límite en mayo. Una de las reglas de ese grupo, en el que conviven 22 naciones y que recoge las observaciones de varios organismos financieros y políticos internacionales (entre ellos la Comisión Europea, el Banco Mundial, el BID y el propio Fondo Monetario) es que el deudor que necesite reestructurar sus compromisos “debe tener un programa actual respaldado por un acuerdo adecuado con el FMI”.
Como si fuera poco, algunos de los países (no sólo europeos) integrantes de ese espacio son los que mueven la aguja en el Fondo, como Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido. En el equipo económico tienen en claro que por cuestiones de calendario, el diálogo con el Club de París pasará a ser ahora prioritario.
