Era una medida esperada. De hecho el actual presidente lo había incluido en su propuesta de campaña. Es que, en rigor, se trata de una actualización de las moratorias que se encuentran vigente y que, por su fecha de corte, han quedado virtualmente obsoletas. Como toda moratoria, las dos que se encuentran vigentes establecen una fecha límite que en este caso están fijadas en septiembre de 1993 (la que abarca tanto a hombres como mujeres) y en diciembre de 2003 (sólo para mujeres).

De esta manera, y por ejemplo, una mujer que hubiera nacido en el año 1960 y por lo tanto ya estaría en edad de jubilarse, en caso de haber comenzado su actividad laboral a los 18 años, con la fecha más reciente de corte, la del 2003, apenas reuniría 25 años de actividad inviabilizando el acceso al trámite que le permite abonar los aportes correspondientes para acceder a su jubilación. Para lograrlo debería haber recibido aportes posteriormente a esa fecha. 

Es menester aclarar que, en muchos casos no se trata de personas que hubieran estado inactivas sino que, en una economía donde entre el 35% y el 40% de la fuerza de trabajo se encuentra sin registración, han sido los patrones quienes no han cumplido con la normativa vigente dejando sin cobertura a sus empleados. En el caso de actividades como el trabajo doméstico la informalidad llega hasta el 70% y, en Comercio, roza el 50%.

De hecho, según un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía solo el 11,2% de las mujeres en edad jubilatoria cuentan con más de 20 años de aportes. Por eso, en estas condiciones, solo una de cada 10 podrá jubilarse y no tiene posibilidad de resolver esa situación accediendo a una moratoria mediante la cual cubra ella misma los aportes evadidos por sus patrones. En el caso de los varones la relación escala apenas hasta el 20%.

El abogado especializado en sistema previsional Christian D’Alessandro confirmó a Tiempo que “varios funcionarios del gobierno me confirmaron que se está discutiendo una presentación dentro de poco tiempo y es algo que me consta que esta en la agenda del gobierno, yo mismo asesoré al equipo del Frente de Todos”. El especialista confirmó que “las moratorias vigentes actualmente no tienen sentido”.

La titular de la ANSES, Fernanda Raverta, ya había sugerido la posibilidad de avanzar en esta agenda cuando en declaraciones a Radio 10 señaló que “el tope de la moratoria alcanzó hasta el 2003 a cubrir una necesidad. En los tiempos de crisis económicas, donde los empleadores no habían hecho oportunamente los aportes de sus trabajadores y trabajadoras, se tomó la decisión política de un gobierno que comprendía que tenían la edad y por responsabilidad no propia no habían tenido sus aportes que pudiera el Estado garantizarlo a partir de una moratoria que, de alguna manera, ese mismo ciudadano lo va devolviendo al Estado y tiene la posibilidad de tener su jubilación”.

D’Alessandro recordó que “con las anteriores moratorias llegamos a que el 97% de las personas en edad de jubilarse tuvieran esa cobertura. Cuando el macrismo sancionó la ley de reparación histórica, a pedido de la oposición se logró una prórroga de la moratoria pero no una ampliación de la fecha de corte”.

Para el especialista “así como el macrismo habilitó un blanqueo de capitales para que los ricos traigan los fondos en el exterior, esto sería un blanqueo para los pobres que sufrieron la evasión de sus empleadores”. Sobre la modalidad de la nueva moratoria, D’ Alessando señaló que “mi proyecto planteaba una fecha de corte móvil eso permite garantizar al Estado que haya aportes y al mismo tiempo garantizar que las personas tengan esa oportunidad y no queden fuera de la cobertura previsional”.

Según estimaciones publicadas en el diario Clarín por el periodista especializado en sistema previsional, Ismael Bermúdez, “según el INDEC, las mujeres entre 55 y 59 años suman 1.095.777. De ese total, de acuerdo a los registros de la Seguridad Social nacional, 122.846 cuentan con más de 20 años de aportes y si continúan aportando en los próximos años podrían reunir los requisitos de edad (60 años) y años de aportes (30 años)”.

Precisamente por la diversidad de casos que no logran ser alcanzados por la legislación vigente es que en 2016 se aprobó una nueva variante conocida como PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) que habilita a jubilarse sin los aportes correspondientes percibiendo un 80% del haber mínimo y que en al actualidad perciben unos 170 mil beneficiarios. En ese universo, sin embargo, conviven situaciones muy diversas en materia de aportes realizados en su período activo. Los hay sin aporte alguno y los puede haber adeudando apenas algunos pocos años pero sin posibilidad de acumular los años necesarios.

En la agenda inmediata, de cualquier forma, se encuentra la discusión sobre el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad alrededor del cual el gobierno presentó un proyecto que, por un lado, apunta a blindarlo de reclamos judiciales asociados con la ley de reparación histórica y, a la vez, en la creación de un Fondo Fiduciario para financiar obras consideradas “estratégicas”.

Por otro lado, está pendiente el debate sobre la nueva fórmula de la movilidad pendiente desde que el ejecutivo decidiera dejar sin efecto la actualización automática de los haberes establecida bajo el gobierno anterior y, a la vez, hacerlo mediante sendos decretos del ejecutivo.