Un poco de justicia tributaria se logrará cuando los individuos del sector más pequeño pero de capital más concentrado paguen una justa proporción de sus fortunas al Estado. Uno de los puntos más difíciles para alcanzar tan digna meta, fuera de su poder sobre medios de comunicación y políticos, era que no se tenía información sobre las cuentas bancarias donde está guardada la fortuna. Pero en rigor sí se tenía, la AFIP está analizando en estos días 950 cuentas por un monto superior a los 2.600 millones de dólares que fueron escondidas por sus propietarios en las declaraciones juradas de Bienes Personales.
Y si se tenía esa información porque le fue entregada al organismo hace más de dos años, en 2017, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ¿qué hizo la AFIP con esos datos durante este tiempo? Nada, ni siquiera desencriptó los archivos. Para los funcionarios macristas a cargo de la entidad en esa época, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, ni siquiera existieron. La información la consignó el periodista Alejandro Bercovich, quien la confirmó con fuentes de la AFIP.
Pero ahora, desde la nueva gestión a cargo de Mercedes Marcó Del Pont, que carga en sus espaldas algunos de los efectos económicos de la pandemia, dividieron esas cuentas en tres conjuntos para analizarlas con mayor precisión. En primer lugar están quienes no presentaron declaraciones de Bienes Personales, es decir, no admitieron tener bienes ni en Argentina ni fuera de ella (según reportaron algunos periodistas en contactos con funcionarios, algunas cuentas ascienden a U$S 20 millones); en segundo lugar, los que declararon poseer bienes pero no incluyeron los activos del exterior; y el tercero son los que declararon sólo una parte de esos bienes.
El cálculo surge de bienes, bonos y todo tipo de acciones y colocaciones en el mercado financiero que superan el millón de dólares. Es necesario hacer notar que el blanqueo de capitales de 2017 tuvo una magnitud pocas veces vista, bajo el paraguas de la gestión de Mauricio Macri se registraron alrededor de 110 mil millones de dólares. Sin embargo no todos declararon su patrimonio y la fuga de capitales argentinos al exterior continuó bajo el gobierno de Cambiemos después de esa medida. También es importante que hay países que no participan del acuerdo de OCDE, como Estados Unidos, mientras que otros como Panamá, Uruguay y Suiza sí. Por esto desde la AFIP asumen que las sumas escondidas son aún más abultadas.
Diputados trabajan en la creación de un impuesto excepcional para financiar la crisis
En uno de los momentos fiscales más críticos para las arcas del país, que se lleve adelante esta investigación y que redunde en una justicia tributaria es lo menos que se puede esperar. Por otro lado, aún resta ver si el Congreso da curso al proyecto impulsado por Máximo Kirchner y Carlos Heller para gravar a las máximas fortunas del país con un impuesto extraordinario. En este caso, sólo el Congreso está facultado para crear impuestos y no depende del gobierno.
