Una jueza penal porteña ordenó profundizar una investigación contra un grupo de choferes de colectivos de la Línea 60 acusados de “defraudación” por haber resuelto no cobrar boleto a los pasajeros durante una protesta contra el despido de un compañero.
La patronal los denunció por “haber violado los intereses confiados por la empresa MONSA ocasionando un perjuicio económico a la misma y, al mismo tiempo, generar un lucro indebido a terceros”. Después de una investigación que se extendió durante un año, la jueza María Fontbona de Pombo dispuso la “falta de mérito de los imputados”, pero ordenó una medida de prueba que parece decisiva a la hora de avanzar en el expediente: “corresponde profundizar la investigación a fin de colectar elementos de convicción idóneos y suficientes” para “determinar si hubo perjuicio económico”.
La magistrada dispuso un estudio comparativo y la cuantificación de lo que se recauda por pasajes en un día similar de operaciones de la línea 60 (la singular protesta se produjo el 25 de junio de 2015). El servicio de transporte de pasajeros de esos colectivos es largo y el día en cuestión fue un jueves, hábil y laborable. Y no fue el único: la modalidad se repitió en otras ocasiones. La medida ordenada por la jueza parece la antesala de un procesamiento masivo de al menos una decena de choferes.
Según describe la imputación, los trabajadores de MONSA “presuntamente a modo de protesta por el despido del empleado Alejando Benítez, habrían trasladado a los pasajeros sin obtener retribución por tal servicio, dejando apagada tanto la máquina electrónica SUBE como la que los expende cuando el usuario introduce una cantidad determinada de moneda de uso corriente”.
Los choferes citados a indagatoria explicaron que la medida de protesta había sido adoptada por una asamblea de trabajadores, en ejercicio de los derechos constitucionales que les asisten. La jueza dispuso la falta de mérito y volvió a delegar la investigación en la fiscalía de instrucción número 19, a cargo interinamente de Cinthia Oberlander. “Hasta el día de la fecha no se estima cuánto es la suma aproximada por la que fueron damnificados” los empresarios, advirtió la jueza Fontbona, que le recomendó a la fiscal “toda otra medida que considere de importancia”.
La patronal los denunció por “haber violado los intereses confiados por la empresa MONSA ocasionando un perjuicio económico a la misma y, al mismo tiempo, generar un lucro indebido a terceros”. Después de una investigación que se extendió durante un año, la jueza María Fontbona de Pombo dispuso la “falta de mérito de los imputados”, pero ordenó una medida de prueba que parece decisiva a la hora de avanzar en el expediente: “corresponde profundizar la investigación a fin de colectar elementos de convicción idóneos y suficientes” para “determinar si hubo perjuicio económico”.
La magistrada dispuso un estudio comparativo y la cuantificación de lo que se recauda por pasajes en un día similar de operaciones de la línea 60 (la singular protesta se produjo el 25 de junio de 2015). El servicio de transporte de pasajeros de esos colectivos es largo y el día en cuestión fue un jueves, hábil y laborable. Y no fue el único: la modalidad se repitió en otras ocasiones. La medida ordenada por la jueza parece la antesala de un procesamiento masivo de al menos una decena de choferes.
Según describe la imputación, los trabajadores de MONSA “presuntamente a modo de protesta por el despido del empleado Alejando Benítez, habrían trasladado a los pasajeros sin obtener retribución por tal servicio, dejando apagada tanto la máquina electrónica SUBE como la que los expende cuando el usuario introduce una cantidad determinada de moneda de uso corriente”.
Los choferes citados a indagatoria explicaron que la medida de protesta había sido adoptada por una asamblea de trabajadores, en ejercicio de los derechos constitucionales que les asisten. La jueza dispuso la falta de mérito y volvió a delegar la investigación en la fiscalía de instrucción número 19, a cargo interinamente de Cinthia Oberlander. “Hasta el día de la fecha no se estima cuánto es la suma aproximada por la que fueron damnificados” los empresarios, advirtió la jueza Fontbona, que le recomendó a la fiscal “toda otra medida que considere de importancia”.
