La actividad económica continúa mostrando una significativa recuperación luego de las dos pandemias que padeció nuestro país, como ya se ha comentado en esta columna en varias oportunidades. Sin embargo, nunca es redundante recordar de dónde venimos, cómo estábamos a fines de 2019. Un país con contracción de la actividad económica durante tres de los cuatro años de gestión macrista, combinada con un empeoramiento en la distribución del ingreso, caída de los salarios reales cercana al 20%, tasas de desocupación superando el 10%, incremento de la informalidad laboral, fuerte endeudamiento público y privado en moneda extranjera, entre otros.

Es por ello que resulta interesante analizar una de las variables que tuvo protagonismo en la recuperación pospandemia: la inversión, tanto pública como privada. Durante el año 2021, aun atravesando momentos álgidos de pandemia sanitaria, esta creció un 33% en términos reales y la tendencia continúa durante el primer cuatrimestre de 2022.

La obra pública tuvo un rol protagónico en este desempeño. En 2021 la inversión directa del sector público nacional creció en términos reales un 88%. En la actual coyuntura, cabe mencionar el inicio de las obras de construcción que transformarán en autopista la Ruta Nacional 3 entre Cañuelas y Azul. Lo interesante de este anuncio, en el que intervinieron el presidente y varios funcionarios, es que constituye la primera reanudación de las fallidas iniciativas que la gestión anterior había enmarcado en los denominados PPP (Proyectos de Participación Público Privada). En su discurso, Alberto Fernández señaló: “Cuando nosotros llegamos al gobierno, el 70% de las obras públicas estaban paralizadas. Este esquema estaba concentrado en seis corredores con 70 obras, y era un enorme problema porque era un contrato leonino en perjuicio del Estado”.

En mi intervención en la Cámara de Diputados en 2016, cuando se trató el proyecto, comenté que la ley, en vez de denominarse “PPP”, debería llamarse “PPSN: Proyecto de Pérdida de Soberanía Nacional”, ya que sometía al Estado a la pérdida de herramientas indispensables para reducir la pobreza y perseguir el bienestar general. Y señalé que este tipo de contratos de obras públicas era “contrario al desarrollo de una actividad económica sustentable y al pleno empleo” y que buscaba “profundizar más aun las políticas de desregulación, allanando el camino para las privatizaciones de empresas proveedoras de servicios públicos”. Una modalidad que, entre otras cuestiones, garantizaba a los privados una “utilidad razonable”, lo que permitía que aplicaran sus criterios de rentabilidad empresaria a los bienes de utilidad pública.

Por todo ello, cabe destacar el cambio en el enfoque del gobierno a la hora de emprender este tipo de proyectos, por el cual no solo generan empleo y mejoran la infraestructura del país sino que, citando nuevamente al presidente, “hacemos estas obras con enorme tranquilidad de conciencia porque no le damos ninguna ventaja a nadie, no trabajamos para que alguien haga negocios y solo lo hacemos para que la gente viva mejor”.

Alimentos e inflación

“Las perspectivas para los precios de los alimentos son una gran preocupación (…) Tuvimos una fuerte rebaja en la tasa de crecimiento global y el mundo continúa enfrentando vientos en contra porque tenemos una crisis del costo de vida. Los precios de los productos básicos, entre ellos el combustible y los alimentos, están subiendo en todo el mundo”. Es una frase de Gita Gopinath, subdirectora del FMI, en el Foro de Davos. También comentó que ello está llevando a que los bancos centrales suban las tasas de interés, “es lo que deben hacer, pero ello tendrá consecuencias para las finanzas y el comercio mundial”. Un enfoque que ratifica que el FMI sigue creyendo en las políticas ortodoxas. A mi entender, uno de los mejores remedios sería aplicar impuestos a las rentas excepcionales y a las grandes fortunas.

Argentina no es una excepción a lo que pasa a nivel mundial, más allá de que parte de niveles más altos de inflación que el resto de los países. Respecto de los alimentos, cabe poner en evidencia cómo se ve amenazado el adecuado acceso a los bienes con mayor peso dentro de la canasta básica, a pesar de ser un país que está en condiciones de alimentar a una totalidad de personas que supera varias veces nuestra población.

Una de las principales razones de esa anomalía es que los grandes formadores de precios tratan de alinear los valores internos a los del mercado mundial. No siguen la evolución de los costos internos y se guían por la lógica de la maximización del lucro privado, oponiéndose a cualquier medida que atente contra ese enfoque. Ante esas proposiciones, hay que sostener firmemente que el Estado debe actuar para garantizar una alimentación digna, entre otras varias cuestiones esenciales.

Con relación a la inflación —en general—, teniendo niveles mensuales como los que se han producido, es difícil que las políticas de redistribución sean efectivas y no queden como una estrategia más para compensar la dinámica de los precios. Estos últimos son los que se mueven primero y luego los ingresos tratan de recuperarse.

Una situación que conviene destacar es que el gobierno está logrando mantener los equilibrios de la macroeconomía. Por caso, en abril la base monetaria aumentó un 44,3% interanual, 14 puntos menos que la inflación. Significa que la emisión es vagón, no locomotora. Ocurre algo similar con el tipo de cambio y con los salarios, ambos vienen por detrás. Así y todo, los voceros del establishment (con los grandes medios amplificando sus declaraciones) culpabilizan al Estado por la inflación, y piden la vuelta del Estado “canchero”, una opción social y económicamente inviable.

El gran desafío pasa por bajar la inflación sin resentir el crecimiento, para que la población, sobre todo los sectores más vulnerables, perciban de una manera más efectiva cuánto se está mejorando y recomponiendo la economía. Hay que tener bien presente que la causa de fondo es la puja distributiva.

Necesidad y derechos

En la semana un miembro de la Corte Suprema salió a cuestionar que “detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho”. Quien lanzó este planteo sostuvo que acordar con esa idea es parte de la “fe populista”, cuando a su entender, “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades”.

Una de las falacias que contiene este argumento es que hay escasez de recursos. En realidad, la producción mundial es cada vez mayor, siendo el problema la distribución desigual de sus frutos, que se agravó primero durante la pandemia, y este año por el alza del precio de la energía y las materias primas a nivel mundial. Según el reciente informe de Oxfam, “la riqueza de los multimillonarios se ha incrementado tanto en los últimos 24 meses como lo ha hecho en los 23 años que transcurrieron entre 1987 y 2010”, dando una clara idea de la gran concentración de riqueza en el orbe.

Además, no es la primera vez que se habla en términos despectivos de lo popular, al referirlo como populismo, y, desafortunadamente, es cada vez más habitual. Hay que dejarlo bien en claro: lo popular es una opción que prioriza e intenta proteger a las mayorías, y que brega para que se respeten sus necesidades, un enfoque legítimo y necesario.

La finalidad de las políticas públicas debe ser corregir, asumiendo que no es fácil, la desigualdad que arrojan las relaciones de mercado. El pensamiento neoliberal, incluido el “libertario”, está en contra de esta proposición, ya que sostiene la falacia de que garantizando la total libertad de mercado habrá igualdad de oportunidades, una situación que nunca se ha verificado en la realidad. «