No dejan de sucederse los comentarios que siguen tratando de generar un clima de incertidumbre y atentan contra el normal funcionamiento de la economía y de la democracia. Un exministro de Economía, que en 2018 firmó el endeudamiento récord con el FMI, hizo varias afirmaciones potencialmente desestabilizadoras apenas una semana después de que la dirigencia de JxC emitiera un comunicado señalando que la principal fuerza de oposición “actúa y actuará con responsabilidad frente a la grave situación económica”.
Durante el encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), su presidente, Facundo Gómez Minujin, habló de la sequía (en realidad, un evento exógeno ajeno a las políticas del gobierno) y de “la falta de divisas para abastecer los requerimientos de las importaciones”. En este marco, mencionó la existencia de “un mercado cambiario totalmente regulado, seguido de un recurso que ya demostró no tener éxito como el cepo, el comercio administrado y el ingreso a cuentagotas de insumos para la normal producción de nuestras industrias (…) que llevan al país al borde de una nueva crisis”.
Los últimos datos de la industria ponen en discusión la idea de que haya un ingreso de insumos a cuentagotas. De ser así no podría haberse verificado en marzo un incremento de la producción del 3,4% mensual en términos desestacionalizados, y una variación trimestral del 2,6%, comparando contra igual período del año anterior. Abonando esta idea, según datos de la Secretaría de Comercio y a partir de la implementación del actual sistema SIRA, entre octubre de 2022 y abril de 2023 los permisos para importar “son 12% superiores al mismo período del año anterior”. Hay que decir que las regulaciones que algunos sectores tanto critican apuntan esencialmente a priorizar el uso de las divisas disponibles, a los fines de mantener la producción y el empleo.
Respecto del gran desafío de corto plazo a resolver, la inflación, el viernes se conoció el valor correspondiente a abril, que llegó al 8,4 por ciento. La inflación sigue siendo muy elevada, y se requiere seguir trabajando intensamente para comenzar a reducirla. En este aspecto, toman relevancia los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández, al criticar las remarcaciones de precios de las 20 empresas concentradas que producen el 74% de lo que se vende en las góndolas. Cabe señalar que sus dueños, no casualmente, estuvieron reunidos recientemente en AEA con el precandidato Horacio Rodríguez Larreta. Es un dato que refuerza la idea de la puja distributiva que está por detrás de estos elevados índices inflacionarios.
Mientras tanto, el gobierno sigue gestionando una coyuntura compleja, también desde el punto de vista del frente externo. El ministro de Economía, Sergio Massa, describió en AmCham los impactos de la sequía en términos de divisas y las medidas que se están implementando para morigerarlos. Resaltó que con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner se estarán dejando de importar casi U$S 1900 millones, a lo que se suma un monto similar por la compra anticipada de gas natural licuado. También informó que está próximo a acordarse un mecanismo de pagos a Brasil, reemplazando el uso de dólares, que iría en línea con un mecanismo que ya es realidad, el swap con China, que podrá sustituir el uso de U$S 5000 millones por yuanes.
En este marco, el Gobierno anunció una suba de las jubilaciones y las pensiones a partir de junio, del 20,92%, de acuerdo a la ley de movilidad previsional. Además, para mejorar el monto del haber mínimo, se adicionará un bono de $ 15 mil en el mes de junio, $ 17 mil en el mes de julio y $ 20 mil en el mes de agosto, que se liquidarán en forma decreciente hasta $5.000 para aquellos que perciben hasta dos jubilaciones mínimas. Cabe destacar que el monto mínimo (sumado el bono) alcanzará los $90.938 mensuales en agosto, mientras que de aplicarse en forma acumulada la fórmula vigente durante la gestión macrista serían $ 69.274, un monto claramente inferior.
Al tiempo que se aplican políticas para moderar la elevada inflación vigente, se trata de mantener el poder adquisitivo, especialmente de quienes menos ganan.
La cuestión de fondo
La verdadera discusión de fondo es la del modelo que regirá en los próximos años. También en AmCham, Patricia Bullrich señaló: “en el menor tiempo posible nosotros vamos a sacar el cepo, y vamos a lograr que la economía fluya, que las inversiones fluyan, porque la Argentina necesita muchas inversiones”. Es un discurso idéntico al que utilizaban en la campaña del año 2015: el de la lluvia de inversiones y la liberación del “cepo” (el mismo que en septiembre de 2019 terminaron restableciendo). Con diferencias en las dosis y sin tanto maquillaje, son las mismas ideas económicas que hoy manifiestan los restantes candidatos opositores, tanto los de JxC, como los del sector más extremo que representan los autodenominados libertarios.
En línea con la lógica del modelo Rappi (que comenté el pasado domingo), la precandidata de JxC también hizo referencia a las empresas que se “funden frente a una indemnización”, abogando por una fuerte desregulación laboral.
Cabe recordar que, según datos de la AFIP, entre diciembre de 2015 y de 2019 cerraron 24.505 firmas, lo que representó una contracción de 4,3%, en un contexto en el que el sector más afectado fue el de las pequeñas y medianas empresas. En todos esos años se registraron cierres y ellos no fueron responsabilidad de los/as trabajadores/as sino de la crisis económica que ocasionó el modelo implementado.
Invitado también por AmCham, el Presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, expresó que “el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional (CN) manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria”, porque “eso implica no defender la moneda y consecuentemente traicionar el mandato de la CN”.
No soy especialista en derecho, pero de una lectura de la Constitución Nacional como ciudadano y legislador, observo que el Art. 75 se refiere a las atribuciones del Congreso, y allí le encomienda: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.
Un mandato que va mucho más allá de la defensa de la moneda. Y que el Congreso ha cumplido, entre otras cuestiones, al legislar sobre la Carta Orgánica del Banco Central, y colocar límites claros al financiamiento de la autoridad monetaria al Gobierno, límites que no se han excedido en ningún momento. De hecho, la Base Monetaria ha crecido en términos nominales un 40% en 2021, un 41% en 2022 y un 9,7% en los cuatro primeros meses de este año. Muy lejos de una emisión descontrolada.
Es la continua difusión de posverdades que intentan instalar como exitoso el modelo neoliberal que ha fracasado en varias oportunidades en nuestro país (y en otras naciones), a la vez que tratan de deslegitimar las políticas aplicadas por el Gobierno. Temas importantes para pensar, en un año electoral.
