El municipio de Avellaneda aprobó por mayoría una ordenanza que tiene por objetivo evitar la existencia de terrenos baldíos y en desuso. La medida se ubica bajo el paraguas de una vieja ley provincial y encendió las alarmas de quienes entienden a la propiedad privada como una deidad intocable.
En concreto, la ordenanza crea registros públicos con el fin de identificar estos inmuebles en desuso. Acto seguido, otorga un plazo de ocho años los dueños para construyan. Dentro de ese lapso, se cobrarán impuestos un 50 por ciento más altos. Finalmente, de no registrar avances, el Estado tendrá la facultad de expropiar el inmueble; es decir, pagará al dueño el precio de mercado.
Los concejales de la oposición, en sintonía con grupos económicos e inmobiliarios, salieron con los tapones de punta y se mostraron indignados ante la posibilidad de que el Estado declare bien público a este tipo de terrenos.
Mantener baldíos con fondos públicos
Luna Miguens, coordinadora del área Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó a Tiempo: “La ordenanza no es revolucionaria ni osada. Está presente en el texto de la Constitución de Brasil, se utiliza México. Es una herramienta tradicional que obliga al propietario a usar el terreno”.
“Los bienes inactivos generan problemas para la sociedad desde distintos puntos de vista. Es poco eficiente económicamente tener un baldío en el medio de la ciudad. Toda la infraestructura de la ciudad, pagada por les contribuyentes, se desperdicia en los terrenos que no tiene ningún uso”, apuntó Miguens y agregó: “Es poco eficiente en términos de gasto público. Es caro para todas las personas que viven en Avellaneda. Además, la reducción de tierras genera un impacto en el mercado y hace que el acceso sea más caro”.
En términos ambientales, “no es sostenible que la masa urbana crezca de manera indefinida porque muchas veces crecen sobre terrenos verdes que son productivos y, en paralelo, hay terrenos que están inactivos y que se podrían usar para evitar avanzar sobre estos otros”.
En ese sentido, muchas veces los edificios y terrenos en desuso son utilizados para prácticas ilegales y hasta criminales, como el reciente femicidio de Gloria Domínguez Zimmerman, en La Matanza. “Tener un baldío en la esquina genera inseguridad y falta de higiene. El municipio, con fondos públicos, tiene que estar ocupándose de ese lugar”, advirtió Miguens.
Finalmente, concluyó: “La ordenanza pone el interés social por encima del interés particular de la persona que retiene el terreno, que muchas veces es especulativo”.
El marco político
El martes pasado, el presidente Alberto Fernández había enviado un mensaje en ese sentido: “Que los particulares entiendan, solidariamente, que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. No tiene sentido guardarlo para que el día que se muera, un hijo lo herede. Tiene mucho más sentido volverla productiva hoy, y que en ese lugar alguien construya el techo en el que van a crecer sus hijos”.
Este mismo jueves, el Papa Francisco apuntó sobre el asunto: “Siempre, junto al derecho de propiedad privada, está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso”.
El Sumo Pontífice agregó: “A veces, al hablar de propiedad privada olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario, que es el destino universal de los bienes”.
En este marco, no es casualidad que la ordenanza haya salido del territorio comandado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien es intendente con licencia de Avellaneda.
