La finalización del decreto presidencial que prohibía aumentos de precios y desalojos a inquilinos dejó a muchas personas en un marco de total incertidumbre en relación con una cuestión tan básica como lo es el acceso a la vivienda. En este marco, Inquilinos Agrupados publicó las respuestas esgrimidas por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, ante distintas consultas realizadas por la ONG, con respecto a la situación de millones de inquilinos a nivel nacional.
“Este Ministerio no cuenta en la actualidad con el registro/información solicitada”, fue la respuesta más repetida por la cartera que conduce Jorge Ferraresi.
Esa respuesta fue utilizada para contestar sobre “La cantidad de personas que dependen del alquiler para acceder a la vivienda en la Argentina”; “Si el Ministerio tiene registro/ información sobre la cantidad total de procesos de desalojo de vivienda en trámite y la cantidad de sentencias de desalojo de vivienda pasibles de ser ejecutadas a partir del 1/4/21”; y “Si tiene registro/ información sobre la cantidad de personas con sentencias de desalojo dictadas en su contra”.
La alarmante falta de datos esenciales sobre la situación de los 9 millones de inquilinos que hay en el país fue complementada con otra respuesta raquítica, acerca del impacto de los desalojos en medio de la segunda ola de la pandemia provocada por el coronavirus. “No se ha formalizado ningún pedido de opinión/recomendación al Ministerio de Salud”, contestó el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, remarcó la preocupación ante la posible profundización de la problemática de los inquilinos, a partir del endurecimiento de las restricciones de circulación. Las mismas, hace un año, dieron pie a la sanción del Decreto 320/20.
“Se ha profundizado la crisis económica y es necesario volver a congelar el precio de los alquileres, además de restablecer la prohibición de desalojos. Además de todo esto, habría que preguntarse qué van a hacer con las mudanzas, que su momento se prohibieron”, alertó Muñoz y agregó: “Si el gobierno no ve que el alquiler es una variable más en la economía de los argentinos, es porque no quiere pelearse con el mercado inmobiliario”.
La Federación que conduce Muñoz tiene presentada una medida cautelar, en la que pide a la justicia que suspenda los desalojos. “Hemos ampliado la demanda este miércoles y agregamos las restricciones que se tomaron y se van a tomar. Por lo pronto, seguimos a la espera de que el fiscal decida la competencia”.
Protocolo de Alerta Temprana
La última consulta en el citado pedido de informes fue sobre las medidas a tomar con el fin de “evitar la regresión y asegurar la progresión de vivienda por alquiler durante la emergencia sanitaria vigente”.
Allí, desde el Ministerio aseguraron que de los “proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional”, se destinará “un cupo de las mismas para ser transferidas en propiedad a grupos familiares que resulten locatarios de inmuebles destinados a vivienda única, familiar, habitual y permanente, que se encuentren en riesgo de ser desalojados”. Sin embargo, no se especificó la cantidad de viviendas que servirán para tal fin.
El Ministerio entiende que “es necesario avanzar con medidas que contribuyan a dar solución a las problemáticas habitacionales de los hogares locatarios y que dichas medidas requieren de la colaboración y cooperación entre organismos intervinientes en procesos de mediación y/o de desalojo de inmuebles con destino a vivienda única y familiar, sujetos a un contrato de alquiler formal, promoviendo la comunicación fehaciente y entrecruzamiento de datos para los casos en los que locatarios y locatarias enfrenten procesos de mediación y/o sentencias de desalojo como consecuencia la declaración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio establecida en el Decreto No 260/20 en su en el artículo 7º”.
Para tal fin, se creó el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales, cuyos objetivos son “sistematizar información y caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en instancia de mediación o judicial, desarrollar un Registro que permita la identificación de la persona, familia o grupo conviviente y demás criterios que correspondan , proponer convenios de colaboración y asistencia a los fines de establecer marcos de actuación que propendan a evitar situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales”.
Sobre este punto, Muñoz advirtió: “Durante el período 2003-2015, se construyeron 1,3 millones de viviendas. Nunca se había construido tanto en el país. Pero el mercado de alquiler y del suelo seguía desregulado, por lo cual el resultado fue que se multiplicó la cantidad de inquilinos y disminuyó la cantidad de propietarios con más propiedades”.
“Es decir, se concentró la vivienda en menos manos. Este gobierno corre el riesgo de repetir el mismo error. No se trata solo de construir, sino también de regular”, finalizó.
