Este lunes a las 20, la organización Inquilinos Agrupados convocó a realizar un «ruidazo» de protesta en todo el país, «por una Ley de Alquileres antes de fin de año».
Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados (impulsores del proyecto ley), explicó a Tiempo que «la idea es tratar de forzar el pedido de una sesión especial, sólo para que se trate la Ley de Alquileres. Es lo que venimos hablando con los bloques de Argentina Federal, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria».
El problema principal radica en que, según el artículo 1 de la Ley 3821, se tendrá por caducado todo proyecto que, luego de ser aprobado por una cámara legislativa, no sea tratado por la otra durante dos años parlamentarios. En el caso de la Ley de Alquileres, ese lapso concluye el próximo miércoles, cuando finalice el período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, por lo cual perdería estado parlamentario y habría que recomenzar de cero: volver a pasar por comisiones antes de ser tratada por las cámaras, lo cual abre la posibilidad de que el proyecto sufra nuevas modificaciones o bien vuelva a quedarse en el camino.
Sin embargo, el diputado Daniel Lipovetzky (Cambiemos-PRO) le adelantó a Tiempo que tiene un as en la manga: plantea que hay dos proyectos relativos al tema presentados este año y que fueron utilizados para modificar el proyecto original. Sus autores fueron el porpio Lipovetzky, Karina Banfi (UCR) y Juan Brügge (Córdoba Federal). Este recurso permitiría sostener el proyecto de cara al próximo año. En caso de aprobarse, volvería al Senado, el que deberá aceptarlo o rechazarlo.
Muñoz resumió: «El panorama es muy difícil y se debe, sobre todo, a un gobierno que no puede garantizar el llamado a sesionar, por los problemas internos. En medio de eso, queda la Ley de Alquileres». Además, recordó que «el gobierno cajoneó durante dos años al proyecto de ley, decidió retomarlo en el último tiempo y ahí se encontró con reticencias internas y con una presión muy grande del mercado inmobiliario».
En 2016, el proyecto de la senadora Silvina García Larraburu (PJ-FpV) se aprobó por unanimidad en la Cámara Alta. Luego de dos años de estar freezado en Diputados y de muchas quejas por parte de las agrupaciones de inquilinos, el gobierno recogió el guante. Con algunas modificaciones, en octubre último se obtuvo el dictamen de ley y hasta el propio presidente Mauricio Macri hizo un anuncio al respecto. Sin embargo, la presión de las inmobiliarias, amparadas por sectores del macrismo que no ven con buenos ojos la aprobación de la ley, logró dilatar la votación. De esta forma, pasaron las sesiones del 7 y del 14 noviembre, sin que se tratase el proyecto. El 21, las internas de Cambiemos impidieron que hubiera sesión y se presume que el 28 ocurrirá lo mismo.
Para Muñoz, «es un gobierno muy permeable al lobby inmobiliario. Muchos son parte del gobierno; son amigos, socios. El oficialismo pensó que podía sacar esta ley de forma sencilla porque la oposición no buscó bloquearlo. Sin embargo, costó que avance fruto de sus propias internas. Fue un problema de Cambiemos».
Finalmente, se esperanzó: «Todavía nos queda una chance y por eso será central el alcance que tenga el ruidazo. Si el sector se movilizara en todo el país, tenemos una posibilidad para impedir que pierda estado parlamentario».
