Los trabajadores del frigorífico Arrebeef sostuvieron desde el 26 de febrero una medida de fuerza para que la empresa cumpla con los salarios de convenio.
Es que, denunciaron, una de las principales exportadoras de carne del país venía eludiendo los convenios de la actividad y abonando salarios de $20 mil por quincena.
La medida de fuerza involucró a los mil empleados del frigorífico que tiene una capacidad de producción de 30 mil animales por mes de los cuales exporta el 90 por ciento. Con ese recurso, los empleados lograron parte de sus objetivos pero, ahora, la empresa desató una ofensiva sobre los representates electos de los trabajadores. No les dieron tareas mientras la fiscal Verónica Marcantonio de San Nicolás los imputaba por cuatro delitos de diversa índole que se tramitan en el Juzgado de Garantías n° 2 de esa localidad.
Entre ellos, el juzgado avanzó en imputarlos por el delito de estafa o defraudación. Para la empresa, la afectación económica que resultó de la huelga equivale a la estafa que un socio de una empresa pudiera ejercer sobre otro.
El abogado que representa a los trabajadores, Juan Manuel Combi, explicó a Tiempo que «a los trabajadores se los imputa por compulsión a la huelga y por el delito de estafa como si hubieran cometido un fraude comercial. Es un hecho muy grave. Nunca puede haber una estafa en una huelga. Lo grave es la concepción por la cual imputan a los trabajadores como si fueran socios y como si, en su accionar, el trabajador pudiera hacer algo para perjudicar al patrón en un ardid o engaño. Pero los trabajadores son dependientes, no tienen esa posibilidad».
El letrado, además, denunció que él mismo sufrió un intento de intimidación de la policía dependiente de la fiscalía durante la audiencia. «
