La buena sintonía política entre Mauricio Macri y Mariano Rajoy hace que las autoridades argentinas se ilusionen con una nueva oleada de inversiones de empresas españolas en nuestro país. La visita del presidente del gobierno español, en vísperas de la puesta en marcha del esquema PPP (proyectos de participación público-privada), abre el campo para que compañías de origen peninsular tengan la oportunidad de participar en obras millonarias, con el visto bueno y en algunos casos con financiación especial del estado español.
No es una situación nueva para la Argentina. Ya con el renacimiento de la democracia, Raúl Alfonsín suscribió un acuerdo de promoción de inversiones con el premier Felipe González, en la búsqueda de empujón para la tambaleante economía local, agobiada por la deuda externa y con una crisis terminó por estallar con la hiperinflación de 1989. La posterior privatización de empresas estatales que encaró Carlos Menem apuró la llegada, en condiciones ventajosas (muchas veces aportando bonos de la deuda que se conseguían a precio muy barato en los mercados), de empresas que se convirtieron en jugadores de importancia en el mercado local. Algunas se mantuvieron y todavía permanecen. Otras se retiraron con mayor o menor grado de conflictividad, sobre todo cuando el kirchnerismo decidió retomar el control sobre algunas áreas estratégicas.
Según la Cámara Española de Comercio de la República Argentina (CECRA), a la fecha hay 240 empresas argentinas con capitales de aquel país. Las hay de distintos rubros: comunicaciones (Telefónica y Movistar), finanzas (bancos Santander y BBVA Francés), bingos y juegos de azar (Casino Puerto Madero, Codere), generación de gas (Gas Natural Fenosa), concesionarias de obras viales (Autopistas del Sol, GCO), construcción (Isolux, Dycasa, Cementos Avellaneda), servicios informáticos (Indra), recolección de residuos (AEBA, Urbaser), seguridad (Prosegur) y editorial (Planeta), entre muchos otros.
Lejos del idílico relato sobre los lazos históricos y de sangre entre ambos países, la relación siempre estuvo regida más por la rentabilidad que por el cariño. Según un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, realizado por el investigador Antonio Doval Adán, en las dos décadas entre 1993 y 2013 América Latina recibió sólo el 27% de las inversiones directas que realizaron firmas españolas en todo el mundo. El destino principal del subcontinente fue Brasil, con casi 50 mil millones de euros, mientras que a la Argentina arribaron 33.500 millones de euros, cifra levemente superior que la recibida por México. El 77% de esos montos se concentraron en los rubros de finanzas y seguros, telecomunicaciones, energía eléctrica y gas, la extracción de petróleo y minerales y el sector de la construcción. Las ventajosas condiciones de radicación logradas en los años 90, cuando la ideología liberal llevó a casi todos los estados de la región a desprenderse de las joyas de la abuela, hicieron que esas empresas generaran gran parte de sus ganancias en estas tierras. En 2013, los bancos Santander y BBVA Francés obtuvieron el 51% y 50% de sus ingresos a partir de sus filiales latinoamericanas. Lo mismo ocurrió con Telefónica (47%), Mapfre (28%) y Gas Natural Fenosa (20%), entre las que mejor provecho le sacaron a sus inversiones de este lado del Atlántico.
Claro que en algunas ocasiones la relación terminó muy mal, sobre todo en la Argentina, que recibió más de una veintena de demandas ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones). Uno de los casos emblemáticos fue la toma de control de Aerolíneas Argentinas por parte de Iberia, en 1990. La compradora le cargó a su controlada todos los gastos de las inversiones que ella misma debía realizar y luego se declaró en convocatoria de acreedores. Eso derivó en la llegada del grupo Marsans, un consorcio que compró AA por la suma simbólica de un dólar. Sus nuevos dueños profundizaron el vaciamiento de Aerolíneas hasta que el gobierno la reestatizó a fines de 2008. Los ejecutivos de Marsans fueron condenados en España por su conducta, entre ellos Antonio Mata, empresario que también cumplió un vidrioso papel en el cierre del diario Crítica, en 2010.
Otra operación que culminó de manera escandalosa fue la compra de YPF por parte de Repsol, que en 1999 se alzó con la petrolera nacional. Ocho años después el kirchnerismo consiguió que la firma española cediera una parte a socios locales, aunque conservando la mayoría del paquete accionario. En 2012, luego de reiterados cruces por la falta de abastecimiento del mercado y un nivel de inversiones considerado insuficiente, el gobierno expropió la firma, dando origen a un conflicto económico que se saldó dos años después con una indemnización de 3.700 millones de euros a Repsol.
También fue largo el conflicto entre la provincia de Buenos Aires y la firma Coviares, encargada de la construcción y mantenimiento de la autopista Buenos Aires-La Plata. En 2013, luego de que la concesionaria acumulara ocho años de retraso en la construcción de un tercer carril aduciendo la falta de actualización del peaje, el gobernador Daniel Scioli decidió quitarle la concesión a la empresa.
El entorno es propicio para intensificar las relaciones comerciales y de inversión, dijo este martes Rajoy. El tiempo dirá cómo será la nueva etapa de negocios entre Argentina y España.
