En el peor momento de 2020 se llegó a perder cerca de 340 mil empleos registrados privados. En el sector informal hubo 1,7 millones de despidos. Cifras de la Superintendencia de Seguros confirman más de 210 mil trabajadores infectados con Covid-19 como resultado de su actividad laboral durante ese año.

La vulneración del decreto de prohibición de los despidos y del derecho a la doble indemnización así como los cierres fraudulentos y la necesidad de demostrar un vínculo laboral no registrado e, incluso, la cobertura de las ART por coronavirus, muchas veces, exceden el alcance de la cartera laboral y culminan en un diferendo judicial. Sin embargo, ante semejante situación del mercado de trabajo, el fuero se encontró virtualmente paralizado. Así lo denuncia la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) que estima que, como resultado de la pandemia y las medidas de aislamiento sanitario, 150 mil audiencias fueron suspendidas durante 2020 y «muchas más» en lo que va de este año.

En octubre de 2019, y como resultado de reclamos gremiales, el Consejo de la Magistratura estableció la «emergencia edilicia e informática» de un fuero que, aseguran, sufre un «ninguneo» permanente cuando, atento a la «preferente tutela» de la que deberían gozar los trabajadores según la naturaleza del derecho laboral, debería ser el más ágil.

Se resuelve con plata

Esa fragilidad en términos de infraestructura se puso más de manifiesto con la pandemia y la necesidad de recurrir al teletrabajo y suspender toda actividad presencial. La Corte dispuso inicialmente una feria judicial desde marzo hasta agosto, período durante el cual, sin embargo, no volcó los recursos necesarios para retomar la actividad, según denuncias del fuero laboral.

Por ese motivo, la AAL, luego de pedidos de reuniones y notas a la Corte Suprema que fueron omitidos, formalizó el último día de abril un pedido de informes según lo establece la Ley 27.275, de acceso a la información pública, en el que advierte que «uno de los argumentos recurrentes esgrimidos por la Justicia Nacional del Trabajo para intentar explicar la excesiva dilación y semiparálisis en la tramitación de las causas es la carencia de equipamiento tecnológico e informático para que las personas que prestan tareas en el fuero trabajen en forma remota así como para que se lleven a cabo audiencias virtuales», por lo que solicita conocer si se dispuso de partidas pertenecientes al Fondo Anticíclico, creado en 2008 por la Corte «a fin de garantizar recursos financieros en situaciones excepcionales», para generar esa infraestructura en la medida en que «en el presupuesto para el año 2021 aprobado por acordada 32/2020, no se han establecido partidas específicas para el equipamiento informático». El Fondo, aseguran, «es millonario, pero la Corte no rinde cuentas ni de su monto ni de su uso».

Según le legislación vigente, todo organismo público dispone de 15 días hábiles para dar cuenta de la información solicitada. Ese plazo expiró el jueves pasado. La ley contempla un período de prórroga similar.

La presidenta de la AAL, Cynthia Benzion le dijo a Tiempo que «por información del Consejo de la Magistratura y de la Cámara de Apelaciones, la Corte no destinó un peso a atender la emergencia del fuero. Y esto se resuelve con plata. Vivimos una denegación de justicia a los trabajadores que necesitan ir a los tribunales para el reconocimiento de un derecho».

Benzion explicó que una vez expirada la feria judicial en los 80 juzgados y diez salas, «la imposibilidad de tomar audiencias testimoniales generó una imposibilidad de que las causas avancen». Es que, detalló, «las relaciones no registradas, los accidentes laborales o la determinación de horas extra se prueban con testigos. Las testimoniales son clave para lograr una sentencia favorable».

Recién en febrero de este año, la Cámara Nacional de Apelaciones determinó que los juzgados debían tomar las testimoniales. Sin embargo, «lo cierto es que se fijaron algunas audiencias, pero se pospusieron otras muchas para adecuar los medios tecnológicos. Como no se avanzó en términos de adecuación de salas o tecnologización, se volvieron a postergar a junio».

Ganadores y perdedores

Así las cosas, los letrados aseguran que un juicio laboral que ya dura entre cuatro y cinco años, en estas condiciones, podría demorar hasta nueve años.

De hecho, Léon Piasek, dirigente de la AAL, denunció que, en definitiva, «es una  parálisis general que beneficia a los empleadores porque  se demoran los juicios y presiona a los trabajadores a ‘negociar’ a la baja a sabiendas de los plazos irrazonables».

Benzion, en la misma línea, señaló: «No somos ingenuos. Es el fuero más ninguneado porque lo que está en juego es el patrimonio de las grandes empresas, que dicen que los costos y juicios laborales son el motivo de la crisis». Pero, explicó, «el retraso de la resolución de las causas les da la posibilidad de poner ese dinero a trabajar en los mercados financieros internacionales. En nueve años el crédito del trabajador se licúa. Es un negocio redondo. Corren con el caballo del comisario desde antes de la pandemia». «

¿Pobres contra pobres?

Para Cynthia Benzion, presidenta de la AAL, la demora que afecta a los trabajadores, también, se agrava por «la presión de los gremios judiciales que sostienen que ellos mismos debieron proveer sus equipos. Hubo contagios y fallecimientos de trabajadores del fuero». León Piazek señaló que «los colegios de abogados y el gremio no hacen nada. La Asociación de Magistrados, menos. Laboralistas está solo en el reclamo».

Julio Piumato, titular de la UEJN, sin embargo, señaló que «no hay tal parálisis. Es la pandemia y la circunstancia de emergencia que vive la justicia. Los protocolos exigen una presencialidad mínima». Por eso, explicó, «estamos pidiendo la vacunación».

Martín Máscolo, secretario gremial de la CI por la oposición, señaló que «cuando hay un mostrador de por medio, existen ciertos choques. Defendemos el derecho protectorio del trabajo, pero decir que está paralizado no refleja la situación. Hay un retraso que afecta la defensa de derechos, pero la justicia sigue funcionando por el trabajo de los judiciales. El Consejo de la Magistratura dice que no hay fondos y quien administra la mayor parte de los fondos es la Corte, que no ha dado respuesta».

En el medio, Mara Fernández, secretaria gremial de la UEJN, dijo que  «a los judiciales no les dieron los elementos. La de la parálisis no es una visión que el gremio comparta. Entendemos el apuro de los abogados, sabemos que hay personas que esperan que se reconozcan sus derechos y también sabemos que, sin fallos, los abogados no cobran. Pero hay un 20% de juzgados con jueces subrogantes porque no salen los concursos y en Cámara hay nueve vacancias. No hay justicia sin herramientas y personal. Trabajar en estas condiciones es imposible».