Antes de terminar de digerir el tradicional atracón de las fiestas de fin de año, los usuarios del transporte público de pasajeros se desayunaron este martes con un pesado aumento de tarifas que complicó la recuperación todavía más.

este jueves, como el malestar seguía, el gobierno tomó nota y formuló una propuesta. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, convocó a los ciudadanos a compartir opiniones o propuestas sobre el aumento de las tarifas y la creación del sistema multimodal de la Red SUBE, que facilitará descuentos a partir de los segundos viajes de los usuarios.

El procedimiento se informó por medio de la resolución 13-E/2018, que se publicó esta mañana en el Boletín Oficial. La normativa establece un plazo de 15 días hábiles administrativos para que los ciudadanos que estén interesados en opinar o hacer propuestas o comentarios sobre la suba de tarifas puedan hacerlo.

La publicación oficial explicó también que esas manifestaciones deberán hacerse por escrito y que el formulario correspondiente estará disponible en la Secretaría de Gestión de Transporte, con domicilio en Maipú 255, Planta Baja, de la ciudad de Buenos Aires.

Como se sabe, a veces ocurre que el remedio es peor que la enfermedad. Al menos de eso dieron cuenta las primeras repercusiones de este servicio de catarsis que propone el gobierno en lugar de revisar los aumentos desmedidos que se informaron el martes.

El titular de la asociación Consumidores Libres, Hector Polino, cuestionó el llamado de Dietrich por inoportuno: “Si la idea es consultar a los afectados, eso debió haberse hecho antes de informar los aumentos no después”, lanzó.

Polino planteó que: “Seguramente con esto quieren reemplazar la audiencia pública pero toda audiencia es previa a cualquier resolución mientras que esta consulta es posterior y por lo tanto no tiene ningún sentido”, cuestionó el referente de los consumidores, quien definió la propuesta de Dietrich : “Un espacio de catarsis sin ningún efecto práctico posible”.

En la última edición gráfica de Tiempo Argentino, Polino avisó que Consumidores Libres impugnará el tarifazo del transporte ante la justicia aunque la objeción formal deberá esperar hasta febrero una vez que finalice la feria judicial. El argumento es que el gobierno eludió la responsabilidad legal de pasar primero por una audiencia pública. Sin embargo, el gobierno se defendió con la excusa de que las audiencias públicas son obligatorias en casos de jurisdicción local pero que no es obligatoria para una decisión de nivel nacional.

De acuerdo a Polino: “La Nación está obligada igual que la ciudad y las provincias a realizar una audiencia pública cuando se pretende modificar tarifas. Tienen que convocar; si es municipal será el gobierno municipal, como está pasando en la Ciudad con el subte, que va a aumentar recién en abril porque antes tiene que pasar por la audiencia. Pero también corresponde para la Nación. No se entiende por qué se puede hacer una audiencia para los subtes y taxis pero no para los ferrocarriles. Es absurdo”, reclamó.

La de los consumidores no fue la única crítica que recibió en las últimas horas el tarifazo transportista.

Las empresas representadas por la Asociación de Empresas de Transporte (AAETA) fustigaron al gobierno porque entienden que el aumento está orientado a equilibrar las cuentas públicas pero poco tiene que ver con la situación económica de las firmas que operan en el territorio local.

Por medio de un comunicado oficial, AAETA planteó: “La necesidad de que el Estado convoque a un diálogo profundo y sincero sobre la sustentabilidad del sector, cada día más amenazada por la ausencia de una hoja de ruta que la garantice en el mediano y largo plazo. Los empresarios nucleados en la entidad consideramos que el aumento informado atiende la realidad de las cuentas públicas, pero no la de un sector cuyas tarifas se han mantenido congeladas por 23 meses, en un contexto de 73% de inflación”.

Las compañías advirtieron que el problema de “sustentabilidad” se verifica: “Con la caída más que significativa en los patentamientos de unidades y su mantenimiento” y remarcaron que: “Si no renovamos las flotas, tendremos un peor servicio, problemas en las frecuencias y unidades con menos confort”.

Hoy en declaraciones a Radio Mitre, Dietrich informó que las partidas de subsidios para todo el transporte estarán este año en el orden de los 90.000 millones de pesos. El ministro consideró que el transporte debe estar subsidiado pero aclaró que el beneficio debe ser “para los que menos tienen” y en ese sentido defendió la implementación de la Red SUBE.

No obstante, AAETA planteó: «Necesario discutir un cambio de paradigma en el esquema de subsidios: orientarlos a las personas que lo necesitan y no a las empresas. Porque en nuestro país tenemos antecedentes de lo que sucede cuando la tarifa de los servicios públicos se deprime por debajo de los niveles de equilibrio: en el corto plazo se paga menos, pero en el largo desaparece el servicio”. La cámara es junto con CEAP la más representativa del ámbito local.