Al abrir la página web de la Casa Rosada, aparece una sección bajo el lema «Haciendo lo que hay que hacer», superpuesto a una imagen de una ruta en construcción. No casualmente, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, utilizó la misma frase para referirse a la actitud del gobierno bonaerense con los trabajadores de PepsiCo.

En verdad, una transcripción más ajustada de este mensaje sería «haciendo lo que el gobierno se propuso hacer».
Una de las preguntas a contestar sobre el «haciendo» del gobierno es quién tiene la culpa de la pérdida de días de clases en la Provincia de Buenos Aires. En el inicio de las negociaciones el gobierno provincial decidió ofrecer un aumento salarial del 18% en cuatro cuotas a los docentes, aludiendo que la provincia estaba quebrada. Luego, por necesidades de la campaña electoral, terminó ofreciendo el 27%. De haberse comenzado con una oferta razonable, no hubiese habido pérdida de clases. Pero lo que «tenían que hacer» era someter al ajuste a los trabajadores y a sus organizaciones. Esa es la lógica.

También el gobierno «hizo lo que tenía que hacer» en Atucha. La primera etapa de las obras primarias para la cuarta central nuclear, que financiará China, estaba siendo ejecutada por una subsidiaria de la estatal Nucleoeléctrica Argentina (Nasa). Desde Energía explicaron: «Nasa no tiene por qué hacer obras de infraestructura» (El Cronista, 11/7/17). De esa forma, la compañía dejó de participar en el proyecto.
El conflicto ya se había iniciado el año pasado, cuando se tercerizaron los trabajos en firmas privadas. Hoy cesan esos contratos, y dejan en la calle a más de 1100 trabajadores. De hecho, una parte importante de las obras fue posteriormente asignada en licitación a Techint. La multinacional prometió que, cuando comiencen los trabajos, ¡absorberá a 70 personas! (Página/12, 7/7/17). Esa es la «reconversión» que propone Cambiemos.

Para maximizar ganancias

También persiguieron sus propósitos con el desalojo de los trabajadores de PepsiCo. Hace rato que no se veían escenas de personas vestidas con sus ropas de trabajo siendo agredidas, detenidas y esposadas por la Policía. PepsiCo es la segunda mayor empresa de alimentos y bebidas en el mundo, presente en más de 200 países. Tienen ganancias mundiales por U$S 62.799 millones y U$S 6820 millones en América Latina. En Argentina posee marcas líderes en cereales, gaseosas, isotónicos, snacks (controla el 80% del mercado) y galletas.

La empresa sostiene que la planta se ubica «en un barrio residencial con su consiguiente imposibilidad de ampliación ni modernización, la inviabilidad económica derivada de su alta estructura de costos y las dificultades logísticas de acceso y traslados». Ante tales razones estructurales, ¿por qué no la cerraron estos últimos años? La respuesta a esta pregunta aparece rápidamente: tienen ahora el apoyo de la ideología y de las políticas del gobierno. PepsiCo es una empresa con elevadas ganancias y está queriendo optimizar su rentabilidad, hacerla superlativa a costa de los trabajadores. La verdadera razón del cierre de la planta de Florida.

Cabe resaltar también sus vínculos con el poder. Su presidente y gerente titular, Marcelo Eduardo Bombau, figura en el directorio de la francesa Milkaut. En 2013 Milkaut cerró su planta de Chamical, La Rioja, con un modus operandi similar al de PepsiCo. Bombau también figura en el directorio de Torneos y Competencias, y es socio a cargo del área de Fusiones y Adquisiciones del estudio jurídico M&M Bomchil. Los Panamá Papers detallan más de 14 empresas off shore que montó dicho estudio jurídico, con un altamente probable objeto de fugar divisas.

El episodio de PepsiCo nos indica que el ajuste sin represión es muy difícil. La historia argentina nos enseña que inevitablemente van de la mano. Hay gente que acepta y se resigna, pero otros resisten.
En un entorno de altos índices de desocupación y pérdida de empleos privados, los trabajadores despedidos de PepsiCo fueron puestos entre la espada y la pared: muchos aceptaron las indemnizaciones. Esos pagos probablemente se conviertan en «emprendedurismo», al mejor estilo de lo que sucedió en los ’90 con las indemnizaciones a los trabajadores de las empresas privatizadas. Sabemos cómo termina esta película, en la mayoría de los casos la crisis económica se devora el capital de los extrabajadores emprendedores y quedan en la calle nuevamente.

El oficialismo va mostrando cada vez, con más claridad, su actitud inflexible y de qué lado está: los perjudicados son siempre los trabajadores. A los que, además, se culpa. Son claras las palabras del ministro de Trabajo, quien defiende la decisión de la empresa y culpabiliza a los trabajadores. Jorge Triaca sostuvo: «Ayer veíamos algunos que repitieron las mismas situaciones que en Lear, en Donnelley y en Kraft», enumeró, y cuestionó «una visión política» por la que «terminaron cerrando muchas empresas». Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal se sumaron a este enfoque. Haciendo lo que se propusieron hacer.
El caso de PepsiCo muestra claramente cuál es el sentido del ajuste, quién paga sus consecuencias, así como la utilización del aparato represivo acompañando la actitud ajustadora de una empresa multinacional. ¿Es este el tipo de inversiones extranjeras que Cambiemos espera?

La reforma que está viniendo

La reciente reforma laboral aprobada en Brasil avanza sobre los derechos de los trabajadores. Pueden detallarse cuatro grandes ejes. 1. Flexibiliza al máximo los contratos de trabajo y su rescisión (permitiendo la terciarización indiscriminada); 2. Acomoda la jornada de trabajo para que pueda ser escalonada o compensada de acuerdo a las necesidades de la empresa; 3. Debilita y neutraliza las organizaciones sindicales, atacando su sustento financiero, y llevando la negociación hacia una relación directa entre empresas y trabajadores; 4. Reduce el papel de la Justicia del Trabajo, limitando su alcance, complicando y encareciendo la presentación de denuncias contra fraudes.

Las razones para implementar esta aguda flexibilización se basan en que «es preciso modernizar las relaciones de trabajo en Brasil, con nuevas modalidades de contratación que incluyan las nuevas formas de trabajo actuales». También se sostiene que «la seguridad jurídica» y el combate a «la rigidez de las reglas limitan las inversiones y dejan al empleador receloso de contratar trabajadores». Similar a lo que proclama Macri al sostener que Argentina se rige por convenios del siglo pasado. Que la reforma en Brasil sea un espejo de lo que se viene aquí no es solo una proposición futurista: ya tiene avances concretos (Vaca Muerta, Chubut, McDonald’s).

Por ejemplo, la presentación de la Asociación de Fabricantes de Autos (Adefa) al gobierno propone «la subdivisión del convenio colectivo por servicios» y «permitir el desarrollo de polivalencia entre puestos de trabajo y áreas», así como la «reducción de cargas sociales» y la búsqueda de una «mayor flexibilidad en la contratación de personal temporario». Las terminales quieren que el «tiempo de comedor no integre la jornada de trabajo» e implementar «banco de horas acumuladas en paradas/suspensiones para compensar horas extra».

Luego de reflexionar sobre lo escrito, no queda más que pensar en el nivel de ajuste y pérdida de derechos que se tratará de imponer luego de las elecciones de octubre. «