La posibilidad cada vez más concreta de llegar a un acuerdo con el FMI, lo cual está muy lejos de ser una situación para festejar o entusiasmarse (pero que deviene del impagable programa, por volumen de endeudamiento y el extremo corto plazo de su repago, realizado por Mauricio Macri), despejaría el sendero de vencimientos de deuda en moneda extranjera, y sería un paso importante a la hora de resolver uno de los principales problemas heredados del gobierno anterior. Si bien ya lo comentamos en la columna de la semana pasada, se estaría obteniendo un plazo de pago de diez años, con un período de gracia de cuatro años y medio, además de recuperar los importes ya pagados, que permitirán reforzar las reservas.

La otra cuestión esencial es que el acuerdo no estaría contemplando ningún tipo de las llamadas reformas de segunda generación, como la previsional y la laboral, a la vez que fomentaría el incremento del gasto en inversión y la atención a los programas sociales. Si estas cuestiones, además de la aceptación de la «multicausalidad» de la inflación (dentro de los cuales estarían los acuerdos de precios) son parte del «pragmatismo» con el cual las autoridades del FMI dicen que están enfocando las negociaciones con Argentina, es algo que se irá definiendo en la concreción del acuerdo, cuya aprobación recaerá en el Parlamento.

Según datos de un reciente informe de la Cepal, se destaca que Argentina se encontraría dentro de los 11 países de América Latina y el Caribe que lograron recuperar los niveles del PIB previos a la crisis de la pandemia.

En efecto, los últimos datos conocidos de actividad en Argentina son alentadores. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento interanual acumulado al mes de noviembre de 2021 del 10,3 por ciento.

La Cepal también hizo hincapié en el tema impositivo al señalar que «es crucial aumentar los niveles de recaudación y mejorar la estructura tributaria para dar sostenibilidad fiscal a una trayectoria creciente de demandas de gasto». Esto va en línea con las leyes sancionadas el año pasado en nuestro país en las que se modificaron el impuesto a los bienes personales y el impuesto a las ganancias, en ambos casos tornándolos más progresivos. En términos generales, se elevaron los mínimos no imponibles dejando exentos a los contribuyentes con menor capacidad contributiva y se incrementó la contribución de las minorías de mayores ingresos y/o patrimonio.

Respecto a la evasión tributaria, la Cepal estima que llega a 325.000 millones de dólares en la región, el equivalente al 6,1% del PIB. A lo que agrega la necesidad de «consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados con problemas de salud pública, y revisar y actualizar de forma progresiva las regalías por la explotación de recursos no renovables».

Estas cuestiones tomadas de los informes de la Cepal están vinculadas con el principio de acuerdo que se está discutiendo con el FMI. En el caso del crecimiento de la economía, el tema queda claro en las declaraciones del ministro Guzmán esta semana: «Se eligió un camino transitable, con refinanciamiento para hacer frente a esas deudas y más tiempo para crecer».

Una de las ideas que se está debatiendo es mejorar el equilibrio fiscal a partir del incremento en la recaudación y no del recorte de gastos. El déficit primario se cerró en el 3% del PBI en 2021. Este resultado no se produjo porque se implementaron políticas de ajuste, sino porque la economía creció más de lo previsto y, por lo tanto, los ingresos fueron mayores. Respecto a las negociaciones, además de obtener mayores ingresos por mayor actividad, se propone mejorar la administración tributaria, lo que permite imaginar que la misma, además de evitar la evasión o elusión, podría incrementarse por la incorporación de más modificaciones progresivas en impuestos que gravan las grandes rentas y patrimonios.

Resolver el tema con el FMI no es una situación fácil. El préstamo fue otorgado en condiciones inviables de ser devuelto. No es casual que el expresidente Macri haya aparecido en escena calificando de «riesgosas» las declaraciones de Alberto Fernández en Rusia, agregando que pueden «hacer peligrar el acuerdo con el FMI». Frases que transmiten un tácito reconocimiento de su intención de dejar condicionamientos a los gobiernos a partir de la deuda generada con el organismo internacional.

No ahogar el crecimiento

La postura del gobierno nacional también resultó clave en el debate con el FMI respecto a la idea de que a la inflación hay que abordarla con un enfoque integral, y por lo tanto, además de las cuestiones fiscales, monetarias y cambiarias que se están acordando, las políticas de precios van a tener un rol principal, trabajando con el sector privado, y de forma tal que redunden en un aumento en el salario real como expresó el ministro Martín Guzmán. A lo que agregó: «El obstáculo más pesado para poder seguir creciendo y para bajar la inflación era sacarnos esta carga enorme, asfixiante, de deuda, poder refinanciarla, para enfrentarla más adelante (…) En este acuerdo se plantea que para atacar a la inflación hay que entender que es un fenómeno que tiene múltiples causas. Y que hay que atacar todas ellas de forma concurrente».

Esta es una política que estuvo siempre presente en el ámbito del gobierno nacional. En el transcurso del año pasado, se han implementado distintos acuerdos de precios con diversos sectores económicos. La semana pasada en particular, se renovó el acuerdo con frigoríficos y supermercados para la comercialización de siete cortes de carne vacuna a precios acordados. También se renovó en enero pasado el programa «Precios Cuidados» para más de 1300 productos de consumo masivo.

Si bien en nuestro país es un problema particular y recurrente, en el resto del mundo también se han registrado incrementos considerables de los precios internos. En particular, el índice mundial de precios de los alimentos registró su mayor valor desde abril de 2011. 

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, fue explícita sobre las implicancias de este tema en el mundo: «La inflación es un problema económico y social más significativo de lo que pensábamos hace unos meses atrás». “Cuando pensamos en la inflación y la suba de tasas de intereses, la recompra de bonos de bancos privados, eso tiene impacto sobre el acceso al crédito y las oportunidades de crecimiento y afecta a otros países, y otro problema es el mayor nivel de endeudamiento», agregó. Estas declaraciones reflejan un cierto reconocimiento del organismo sobre los diversos factores que generan la inflación, ante la contundente evidencia que se está produciendo en el mundo.

En resumen, es lógico que el acuerdo con el FMI genere distintas opiniones, en especial desde los sectores que integran el gobierno y que fomentan políticas a partir de un Estado fuerte y presente, que aplique regulaciones a la economía y persiga la mejora de la distribución del ingreso: políticas que se encuentran en las antípodas de los enfoques habituales que el FMI ha aplicado a los países deudores. De allí que el gobierno argentino, basado en la  magnitud y oportunidad del préstamo concedido, sus negativos resultados, presentes y futuros, ha venido negociando para que el acuerdo despeje incertidumbres, y no impida seguir creciendo con equidad. «