El ALCA recibió su sentencia de muerte en aquellas memorables jornadas de la Cumbre de las Américas de 2005, en Mar del Plata. Pero en la actualidad el presidente Mauricio Macri desea reflotar sus ejes esenciales. Bajo otros formatos, pero con los mismos objetivos. Es así que intenta a toda costa firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, o integrarse a la Alianza del Pacífico.

Pero la realidad se encarga de mostrar los problemas a los que se enfrentan las naciones en desarrollo como nuestro país que se embarcan en estos procesos.

Un claro ejemplo fue la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien se deshizo en elogios para el gobierno de Macri. «Vemos a la Argentina como líder de la región», sostuvo Pence, seguramente con la mira puesta en las conversaciones que tendrían sobre Venezuela. Verdaderas relaciones de amistad.

Pero al tratar las cuestiones comerciales, la postura de su país no otorga concesiones: para poder exportar limones a Estados Unidos, se debe ofrecer algo a cambio. De allí que su visita resultó gananciosa para Estados Unidos: Macri levantó barreras arancelarias a la importación de carne de cerdo, luego de 25 años. Hasta la Sociedad Rural, que se ha convertido en uno de los más entusiastas defensores del actual gobierno, se expresó en contra de esta medida.

Si tal negociación con el vicepresidente estadounidense parecía perdida para la Argentina, la decisión de dicho país de colocar aranceles de hasta el 64% sobre el biodiésel importado de Argentina resultó un balde de agua fría.

La casi totalidad del biodiésel producido en nuestro país se exporta a este destino. Argentina estaría obteniendo una posibilidad de exportar limones (a lo sumo por U$S 300 millones anuales), mientras que el biodiésel, que tiene un mayor valor agregado y genera ventas externas por unos U$S 1200 anuales, es rotundamente rechazado por aquellos países en los cuales nuestro gobierno desea negociar.

Para peor, la Unión Europea acaba de postergar la reducción de los derechos antidumping contra las exportaciones argentinas de biodiésel a pesar de que un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) determinó que esa medida no se ajusta a la normativa internacional.
¿Cuáles serán las consecuencias que nos esperan de formalizarse los acuerdos de integración que persigue Macri? El resultado, a la vista.

Escuela de ideología

El reciente Consejo de las Américas fue precedido por el comunicado de las grandes cámaras empresarias en el cual reclamaron una justicia transparente. Las asociaciones entre las que se cuentan ACDE, ABA, AEA, Amcham, IDEA y la SRA, justificaron su pedido: «De esta forma, se generará la confianza necesaria de la ciudadanía en el Poder Judicial y por ende, el clima adecuado para el desarrollo de las empresas y la atracción de inversiones de largo plazo que generen empleo digno y sostenible». Toda una definición.

Con tal antecedente, la cuestión de la inversión y las reformas necesarias para «atraerla», entre ellas la laboral, fueron el eje de las discusiones en el Consejo de las Américas.

El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, sostuvo: «Hay algunos temas urgentes que deben ser abordados. Una rebaja en serio de los aportes patronales para bajar el costo laboral. Flexibilizar las condiciones de contratación y despido, porque si no será imposible generar empleo. Y descentralizar las negociaciones colectivas, para discutir por empresa o por sector».

Para redondear la idea, Cristiano Rattazzi, titular de Fiat, agregó: «Claro que aparecen temas como la reforma laboral en Brasil y te plantea un gran desafío en la búsqueda de mayor competitividad. Hoy estamos entre los primeros 20 países del mundo de casualidad, agradezcámosles a Menem y Cavallo por estar ahí». ¿Será el país de los ’90 al que aspira Rattazzi cuando sostiene que hoy somos un país normal?

Otros, en forma más indirecta, se centraron en los costos: para Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU): «Un cajero de un súper gana en la Argentina 250 dólares más que en España. Después no nos sorprendamos de que las cosas sean más caras acá que en Europa». De la ganancia empresaria como un gran componente del costo de los productos en nuestro país, ni una sola mención.
El broche de oro fue el del representante del FMI, Alejandro Werner, que alabó el cambio producido en Argentina, con datos más que optimistas, una visión que sólo suelen obtener los gobiernos que aplican los programas del Fondo a rajatabla.

Estos avances a favor de la flexibilización laboral ratifican los motivos de la movilización del 22 de agosto de la CGT, la CTA y otras organizaciones gremiales y sociales. Los trabajadores se congregaron en contra de la reforma laboral, de la promovida reforma previsional y contra un modelo que genera desempleo y profundiza el ajuste. Un ajuste que ya está en marcha pero por razones electorales se está dilatando para después de octubre. Como la reciente decisión de pagar los servicios energéticos en cuatro cuotas, que se superpondrán con las aumentadas tarifas en noviembre y diciembre.

El único orador, el triunviro Juan Carlos Schmidt, expresó: «Estamos frente a un Estado ausente, un Estado que hace rato que se olvidó de proteger al hombre que se levanta a la madrugada y construye con grandeza esta nación. El trabajo es un derecho. El desempleo y la caída del salario es la moneda que explica el fracaso de cualquier plan económico».

La decisión de Macri de despedir a dos funcionarios vinculados a la CGT es una muestra más de que se intenta disciplinar la resistencia social y a los sindicatos díscolos. Incluso utilizando el poder que le otorga al gobierno el manejo de la caja de las obras sociales. Presiones inaceptables, que exceden la línea del respeto a las instituciones republicanas, supuestamente tan defendidas por Cambiemos.

La reforma laboral de Brasil es tomada por muchos grandes empresarios como una referencia para Argentina. Casualmente, el gobierno de Michel Temer, con el espaldarazo político que significó su ratificación en el Congreso, acaba de anunciar un ambicioso plan de privatizaciones. Se pusieron en venta 57 activos que incluyen la privatización de 14 aeropuertos, 15 terminales portuarias y 11 lotes de transmisión eléctrica, aparte de la ya anunciada venta de Electrobrás. ¿Será también un adelanto de los procesos que se implementarán en nuestro país? El futuro próximo lo develará.

El gobierno de Macri decidió dilatar cualquier efecto del ajuste para después de octubre y evitar un impacto negativo no sólo sobre el consumo, sino también sobre la opinión del electorado. Sin embargo, no ha cedido un ápice en la avanzada ideológica para instalar las reformas esenciales que desea aplicar, y que coinciden con las recetas de los organismos financieros internacionales y las consultoras. De la misma forma, avanza decididamente hacia la firma de acuerdos comerciales y de inversión que generarán graves perjuicios al país. El objetivo del gobierno actual es instalar un modelo neoliberal del cual no haya retorno. Semejante empresa no resultará fácil. La historia argentina nos permite corroborar el inevitable resultado que tendrán esas políticas. «