La búsqueda de apoyos para las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París es lo que lleva otra vez a Europa al ministro de Economía, Martín Guzmán. Entre mañana y el viernes, se reunirá con sus pares de Alemania, Italia, España y Francia.
En un intento por lograr condiciones más equitativas en el orden financiero internacional, Guzmán expondrá en su periplo dos ideas que él mismo motorizó en diferentes espacios y que tomaron difusión pública en los últimos días. Una de ellas es el pedido del G-24, un foro de países en vías de desarrollo (sucesor del extinto Grupo de los 77), que llamó al Fondo a “corregir el carácter regresivo y procíclico de la política de sobrecargos y considerar medidas específicas, como suspender dichos sobrecargos en este momento, para ayudar a la recuperación económica de los países”. La otra fue la declaración conjunta con el gobierno de México para que las nuevas políticas especiales del organismo tengan en cuenta a los Países de Ingresos Medios (PIM), entre los que estarían ambas naciones.
Pero detrás de esos argumentos académicos, que el ministro es afecto a tirar sobre la mesa (por ejemplo, cuando logró imponer tasas más bajas en el canje de bonos soberanos), hay cuestiones más acuciantes: la discusión con el Fondo Monetario Internacional, que venía a buen ritmo y luego se empantanó, y el vencimiento por U$S 2400 millones con el Club de París, previsto para mayo. En este último tema será crucial el encuentro agendado para el viernes con Emmanuel Moulin, jefe de ese grupo y al mismo tiempo director del Tesoro francés.
“Lo del Club de París es secundario. El objetivo del viaje es poner al tanto a los gobiernos europeos sobre el estado de negociación con el FMI. Y obvia y tácitamente, pedirles que nos den una mano geopolítica al respecto”, dijeron a Tiempo fuentes del Palacio de Hacienda.
En realidad, las dos cuestiones están entrelazadas. Para cualquier negociación, el Club exige como condición que “el país debe tener un programa actual respaldado por un acuerdo adecuado con el FMI” y que en los acuerdos de varias etapas, como el actual (en que Argentina ya canceló las cuotas previas y quiere refinanciar la última), para cualquier cambio se necesita “la no acumulación de atrasos y la aprobación de las revisiones del programa del FMI”.
Pero al mismo tiempo, las conversaciones con Washington parecen estancadas. Desde que la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió en público “que nos den mayor plazo y otra tasa de interés”, el eje de las discusiones pasó del plano técnico al político, algo que excede no sólo al staff del Fondo sino a su propia titular, Kristalina Georgieva, que evita pronunciarse al respecto. Hasta ahora la alternativa más factible, dentro de las estrictas reglas del organismo, para refinanciar los U$S 44 mil millones adeudados era un programa de Facilidades Extendidas (EFF) a diez años de plazo. La misión de Guzmán en Europa será explorar si hay plafón para estirar ese límite.
Sergio Chodos, director por Argentina en el organismo, blanqueó la estrategia en una entrevista por la emisora Somos Radio. “El Fondo son los países que lo integran y hay que trabajar fuerte con ellos para hacerles entender qué es lo que necesita la Argentina. En general, allí las decisiones se toman en base al consenso”, afirmó.
El plan C podría llamarse “Pagar con lo nuestro”. Así lo explicó Chodos: “El primer vencimiento de capital (casi U$S 1.900 millones) es en septiembre. Si vamos a refinanciar el total del programa, deberíamos tener algo cerrado antes. Se puede refinanciar después, mientras podamos pagar las primeras cuotas con otras fuentes de divisas, por ejemplo reservas o la eventual ampliación de DEG que analiza el Fondo, si es que llegan a ser distribuidos antes de esa fecha. También se podría reestructurar el total de las acreencias si llegamos a un acuerdo antes, pero en medio de un programa electoral eso no es lo ideal”. La posible postergación de los comicios hasta noviembre, en el marco de la pandemia, estira todavía más la incertidumbre.
Auge de los títulos que se indexan
La proporción de títulos públicos en moneda local que se ajusta por inflación crece a pasos agigantados con relación a los de tasa fija, según los informes de la Secretaría de Finanzas. En el informe correspondiente a febrero de 2021, los bonos de deuda cuyo capital se actualiza por el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) representaban el 74,3% de los emitidos en pesos. La cantidad significa un salto en relación al 60,8% que constituían un año atrás y al 47,1% del total en febrero de 2019.
El incremento se produjo a partir del auge de los Boncer, el título más buscado por el mercado porque protege la inversión ante una eventual aceleración de la inflación. Ante la necesidad de fondos para financiar el déficit, el Ministerio de Economía incrementó la circulación de esos títulos, cuyo stock ya supera el equivalente a U$S 26 mil millones.
La preferencia por los títulos indexados va de la mano con la desconfianza que reina entre los inversores sobre el éxito que tendrá el gobierno para frenar la suba de precios. En el Relevamiento de Expectativas del Mercado difundido el viernes por el Banco Central, las consultoras y bancos participantes de la encuesta pronosticaron una inflación promedio para todo el año de 46%, siete puntos por encima de lo que están entregando los títulos a tasa fija y 17 puntos arriba de la meta oficial pautada en el Presupuesto 2021.
Con todo, el clima adverso al riesgo derivó en una baja de la cotización de los títulos CER, de ente el 10 y el 15% en marzo por la decisión de los fondos internacionales de alejarse de la Argentina, operación que se repitió con otros mercados emergentes, como Brasil, que debió elevar su tasa de interés para evitar la fuga.
