De salir como ley, la elevación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, solo un 7,5% de los asalariados registrados será alcanzado por ese tributo.

Al elevar ese mínimo hasta $ 150 mil brutos, deja afuera de su alcance a casi 1,3 millones de trabajadores y jubilados que forman parte del 25% que hoy paga ese impuesto anual devengado en forma mensual.

La aprobación en Cámara Alta se da por descontada en la medida en que el proyecto, con sus enmiendas, logró el apoyo tanto del oficialismo como de la oposición así como de los referentes de la centrales sindicales y de las entidades las patronales como la UIA.

La ley implica un gasto tributario superior a los $ 41 mil millones, que es lo que dejará de recaudar el fisco por este ítem. La UIA espera que ese esfuerzo fiscal se traslade a su facturación vía mayor consumo. De hecho, dirigentes de la entidad fabril justificaron su apoyo porque «mejora los salarios por vía fiscal» aunque, aclararon, «no hay que bajar un impuesto para subirle al otro», en relación al alza de Ganancias a las empresas.

Sin embargo, por el momento, ese proyecto no ha logrado el consenso parlamentario ni, claro, el apoyo patronal que lograron con el anterior. De no avanzar, ese costo recaerá enteramente en el fisco y, en la práctica, podría operar como un subsidio a las patronales por la vía salarial.

Discusiones paritarias

La ley será tratada mientras se empiezan a discutir las principales paritarias. Un estímulo de esa magnitud, que además implicará el cobro de un retroactivo, podría descomprimir la presión en momentos en los que el gobierno pugna por anclar los acuerdos salariales en el orden del 30 al 32% en base a una inflación presupuestada del 29 por ciento.

Pero según el Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central, los precios subirán un 48,1% durante 2021. A escala de toda la masa salarial de los empleados privados registrados, una suba de salarios del 32% contra esa suba de precios implicaría una transferencia de recursos anual de los asalariados a las patronales de casi un billón de pesos, equivalentes a 24 veces lo recuperado por la suba del mínimo no imponible. Un punto de inflación por encima de las paritarias, a escala de toda la masa salarial, equivaldría a $ 70 mil millones a fines de 2021.

El proyecto de ley beneficiará a aquellos gremios industriales y de servicios con salarios más altos.

Alejandra Estoup, secretaria general de la seccional Buenos Aires de la Asociación Bancaria, señaló que «por principio los trabajadores no tienen que tributar Ganancias, pero es bienvenido porque va a reducir a la mitad la cantidad de bancarios afectados. Hoy tributamos todos porque el haber inicial supera los 100 mil pesos».

Uno de los dirigentes de la Corriente Federal, el gráfico Héctor Amichetti, coincidió en que «siempre estuvimos en contra del impuesto al salario, pero este es un paso importante y genera que muchos trabajadores mejoren su poder adquisitivo. Debería ser el primer paso a una reforma tributaria integral que elimine impuestos a los sectores productivos y el trabajo, y avance en bienes personales y las ganancias especulativas».

Para la dirigente bancaria, la ley «puede afectar las negociaciones paritarias porque va a ayudar a que se tenga más plata en el bolsillo. Quizás las patronales quieran aprovechar la mejora salarial por efecto de un impuesto. Pero cuando los empresarios tienen exenciones impositivas nosotros no lo vemos en los salarios».

Para Amichetti, «los empresarios están de acuerdo con el proyecto porque no los afecta. Las paritarias tienen que ganarle a la inflación pero durante el macrismo perdimos casi un 20%. El gobierno plantea que recuperemos el salario y la mayoría de las paritarias se cierran entre un 29 y un 32%, en línea con lo que pretenden». Sin embargo, explicó, «todos los gremios están firmando cláusulas de revisión porque hay mucha desconfianza de que se pueda contener los precios».

Pedidos sindicales

Los sindicatos pudieron incorporar algunos ítems a las deducciones de Ganancias, como el cómputo del aguinaldo para el devengado anual del impuesto, aunque no lograron que se incluyan las horas extra (solo una prórroga del decreto para personal de salud) ni que se modifique uno de los aspectos clave del proyecto de ley, que es el que establece que la actualización del mínimo no imponible sea a partir de la evolución del Ripte, una medición salarial que realiza el Ministerio de Trabajo. El proyecto tampoco actualiza las escalas.