Este domingo se realizó el acto que dejó oficialmente inaugurado el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). Se abrió la última válvula del caño, con lo que el gas proveniente de Vaca Muerta, en Neuquén, ingresó en la red de gasoductos que ya abastece al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El punto de encuentro fue Salliqueló, la localidad del oeste bonaerense donde se juntan los caños y donde se reunieron el presidente Alberto Fernández, la vice, Cristina Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, en un encuentro de alto contenido político en el inicio de la campaña electoral.
La que se inauguró hoy es la primera etapa del GPNK, de 573 kilómetros de extensión y cuyos trabajos están valuados en U$S 2554 millones. Una segunda etapa llevará los caños desde Salliqueló hasta San Jerónimo, pueblo a 470 kilómetros de distancia y ubicado a medio camino entre las ciudades de Rosario y Santa Fe. En el acto, Massa afirmó que la licitación se lanzará a mediados de septiembre.
Beneficios
Para llegar a este punto, las decisiones para avanzar en la construcción del gasoducto debieron superar las presiones internas y externas que lo paralizaron por años.
Quizá motivado por esa espera tan prolongada, se le han adjudicado al gasoducto toda una serie de beneficios que, sumados, superan por mucho su potencial, que no es poco pero que no puede satisfacer todas las necesidades nacionales.
La capacidad de transporte del GPNK en esta etapa 1 tiene dos momentos. En el primero, desde hoy hasta fin de año, más o menos, el caño llevará 11 millones de metros cúbicos diarios de gas (MMm3/d). En el segundo momento, serán 22 MMm3/d, prácticamente el doble. La diferencia la hará la puesta en marcha de dos plantas compresoras, ubicadas en cada punta del gasoducto: Tratayén, en Neuquén, y Salliqueló.
Este gas ya tiene un destino prefijado: reemplazará la importación de combustibles líquidos que se emplean para la generación de electricidad y, eventualmente, el gas natural licuado (GNL) que llega por barco.
La sustitución tiene un sentido económico concreto: el costo del gas de Vaca Muerta ronda los 5 dólares el millón de BTU (MBTU, una unidad internacional de comercialización) mientras que el del gasoil y el fueoil importados ronda los 25 dólares. El valor del GNL gira en torno de los 17 dólares.
Así las cosas, se producirá una reducción sustancial del costo fiscal vinculado con la generación de electricidad y que se carga en las cuentas de Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista. Ese gasto surge de la diferencia entre los costos de producción y los precios de venta de la electricidad, distancia que se salda con subsidios que son absorbidos por el presupuesto nacional. Según cálculos de la Secretaría de Energía, el ahorro por menores subsidios eléctricos alcanzará los U$S 60 millones este año y los U$S 200 millones en 2024.
El menor costo de producción debería trasladarse también a las tarifas eléctricas. Pero lo cierto es que, hasta ahora, no hay precisiones al respecto.
El segundo segmento que se va a beneficiar con los costos más bajos será la industria, especialmente la alimenticia, la metalúrgica y la siderúrgica, que emplean cantidades enormes de gas en sus procesos productivos. La industria no recibe subsidios por su consumo de gas y el precio que paga combina los valores del gas local y del importado (GNL y el de Bolivia, un poco más barato que el que llega por barco). Ahora, la mixtura tendrá un valor menor.
En cambio, estos costos más bajos no llegarán a los hogares, ni a los que usan gas por garrafa. Esto porque el uso residencial no aparece en la planificación que se ha elaborado. En ello pesa el hecho de que los contratos vigentes con los productores de gas –insertos en el Plan Gas.Ar– prevén contratos hasta 2028, ya firmados, que a cambio garantizan a las petroleras un precio muy favorable.
El reemplazo del gas y combustibles importados por el gas local derivará en un ahorro de divisas por U$S 2000 millones este año y U$S 4000 millones en 2024, algo esencial para el actual gobierno y el que llegue después de diciembre próximo.
La mayor producción de gas de Vaca Muerta, que se inyectará en el nuevo gasoducto significará un incremento del 5% de los ingresos de la provincia de Neuquén por regalías hidrocarburíferas, algo así como $ 13.500 millones. La cifra se duplicará en 2024 al alcanzar el 10%.
Se le ha adjudicado al gasoducto el impulso de las exportaciones de gas tanto a Chile, como a Bolivia y Brasil y hasta la transformación del fluido en GNL para exportar a Asia. En rigor, la Argentina está lejos de esas posibilidades. Con la etapa 1 de la obra en su máximo potencial, es decir, con 22 millones de metros cúbicos diarios transportados, el país deberá seguir importando gas porque sus necesidades no estarán cubiertas en invierno. Con la etapa dos concluida (el gasoducto transportará 39 millones de metros cúbicos diarios), habrá un pico de demanda en los días más fríos del invierno en los que el gas local no alcanzará para cubrirla. Pero sí existirá un sobrante del fluido durante la mayor parte del año, que podrá emplearse en la exportación.
El uso del gas local será positivo para el medio ambiente, especialmente para el reemplazo del gasoil y el fueloil, que son muy contaminantes. En ese sentido, la huella local de carbono se reducirá, lo que redundará en una mejora de la posición internacional como acreedor ambiental.
Contratos
A pesar de las definiciones del presidente Alberto Fernández en contra de la dolarización de las tarifas de los servicios públicos, los contratos que está firmando Enarsa por el gasoducto están en dólares. Esto se observa con claridad en el que ató a la empresa estatal con Cammesa para el abastecimiento de las usinas eléctricas y que se plasmó en la Resolución 532 de la Secretaría de Energía, que autoriza «el texto definitivo del contrato». Éste implica 35 años con valores fijos a un precio del metro cúbico de gas por encima del que se paga actualmente. El contrato estipula U$S 1,023 el metro cúbico, lo que significa alrededor de U$S 28 el MBTU, un precio sostén muy por encima del valor internacional.
El apuro en la construcción del gasoducto derivó en otras consideraciones graves. Por caso, que los trabajadores de SEAT, la planta de Techint que se encargó de fabricar los tubos del gasoducto, debieron adaptarse a un régimen especial por fuera del convenio de la UOM y que incluyó jornadas de trabajo extensas y reducción de francos, entre otros cambios. Los trabajadores de SEAT debieron ir al paro por los despidos que decidió Techint sobre el final de la producción de los caños, además de la falta de pago de un bono y la precarización de 300 operarios que estaban fuera de convenio.
Finalmente, el operador del gasoducto será la empresa TGS (Transportadora de Gas del Sur), propiedad del Grupo Mindlin, que ya gestiona otros gasoductos ubicados en el sur nacional. Cuando se conoció esta contratación, desde Enarsa aseguraron que nunca estuvo en sus planes operar el gasoducto. Sin embargo, abundan los técnicos con conocimientos del tema, según pudo saber este medio. Se trata de voluntad política para gestionar, que en este caso no existió.
