El precio del gas en boca de pozo, es decir, el que cobra la productora al poner el gas en la entrada del gasoducto, será el eje de la polémica en la Audiencia Pública (AP) del próximo viernes. Entidades de defensa al consumidor, partidos políticos y sindicatos quieren discutirlo. El gobierno quiere imponerlo. La amenaza de impugnación está latente. Mientras las pymes ruegan ser tenidas en cuenta, los grandes empresarios defienden la propuesta.
A menos de una semana de la AP que tratará el tarifazo al gas, su legitimidad está en tela de juicio. Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC) expresó a Tiempo: «Estamos a cuatro días hábiles y no tenemos la información para prepararnos. A cuentagotas informaron sobre precios de Transporte y Distribución (los otros dos temas que se tratarán), y no hay información de gas en boca de pozo (GBP). Cuestionamos ese precio que dan por sentado. La Corte dejó en claro que se debe discutir». En el mismo sentido, Mariano Przybylski, abogado de La Multisectorial contra el Tarifazo, planteó que esos datos «tienen que estar en el expediente y ser precisos. La AP debe ser un espacio para debatir y el gobierno la quiere usar para informar. Si eso es así, vamos a pedir la nulidad».
La factura de gas a pagar por el usuario se compone principalmente del precio del GBP, del Valor Agregado de Distribución y del Valor Agregado de Transporte. El gobierno dio a conocer cuál será su postura en la AP. En la misma, no detalla cómo componen las empresas el costo del GBP. Sin esos números, la cosa se pone picante.
Francisco dos Reis, presidente de la Central de Entidades Empresarias (CEEN), fue contundente al quejarse porque el gobierno «nos está estafando. El tema es el precio del GBP; todos sabemos que la trampa está ahí. Es un traslado concreto del sector productivo a los sectores empresariales concentrados». Además, aseguró que las empresas tienen una «supra rentabilidad. Están en off-side. Es una expropiación de las petroleras». Al mismo tiempo, advirtió que la AP «tiene un grado de relatividad muy alto, no es vinculante como marca la ley, pero está bien que se haga. Es más, tiene que haber AP autoconvocadas en los barrios, en las plazas, en todos lados. Es una manera de presionar a quienes toman decisiones».
Vicente Lourenzo, de CAME, señaló que «somos conscientes de que hubo un atraso en la tarifa. Pero un ajuste tiene que variar si es un sector vulnerable. Pedimos que se retrotraiga la tarifa y se haga un análisis sector por sector».
En la rama política, Gabriel Solano, dirigente nacional del FIT-PO, aseguró a Tiempo que cuestionan la AP porque el gobierno «no da la información necesaria para que haya debate en regla. ¿Cuál es el costo real del GBP? Además, está valuado en dólares; o sea, cuando se devalúe el dólar, la tarifa aumentará aun más». Cuestionó que «el presidente del Enargas hasta hace poco presidía Metrogas. Hay conflicto de intereses, igual que con Aranguren y Shell. El gobierno deja mucho margen para la impugnación».
La AP tendrá dos presidentes, quienes pueden exigir a grupos con planteos «similares» a que uno hable en representación de otros. Unos de esos presidentes será puesto por Enargas; el otro, por el Ministerio de Energía, que comanda Juan José Aranguren.
Federico Bernal, director general del OETEC y orador por el PJ bonaerense, contó a Tiempo que pedirán la «impugnación hasta que se publique la información relativa a rentabilidad empresaria. Esa resistencia a entregarla obedece a la inexistencia de un Ministerio de Energía. Hay una cámara de empresas con poder en ministerios. Se niegan a abrir los cuadros de costos, por tanto viola la Constitución, desentiende el fallo de la Corte e imposibilita a la ciudadanía a formar opinión».
Por el lado de la UIA, Cristiano Rattazzi comparó: «El subsidio es un cáncer, hay que operarlo rápido. Yo era de la idea de llevar las tarifas enseguida a niveles semidefinitivos, y luego subsidiar a los que necesitaban». Sobre las pymes, dijo que «algunas tienen más problemas, pero lo que no podemos considerar es que la energía sea regalada».
Daniel Indar, de la Federación de Entidades Empresarias del Transporte de Carga dijo: «No hubo cuestionamientos» al tope del 500% para las pymes y que «esto que es una buena iniciativa para calmar un poco a la sociedad que está muy ansiosa».
Finalmente, Luis Etchevehere, de la macrista Sociedad Rural Argentina (SRA), coincidió en echar culpas al gobierno anterior, tal como lo hace el actual: «Esto es consecuencia de la depredación que hizo de los recursos energéticos». «
