Todos los días se conocen nuevos datos que muestran los avances que hay en el proceso de recuperación económica. Números que no son obra de la naturaleza: obedecen a la existencia de políticas públicas que en lo peor de la pandemia trataron de proteger el aparato productivo y que ahora siguen privilegiando la demanda interna y la generación de trabajo local.
Para este año se estima que el crecimiento estará cerca del 10%, un valor que ya hace tiempo me animé a anticipar. En la semana aparecieron noticias indicando que las ventas de septiembre en los supermercados y mayoristas, en términos reales, se incrementaron un 5,2% respecto de igual mes de 2019; que los créditos al sector privado en pesos crecieron en el tercer trimestre del año un 1,9% (quitando el efecto de la inflación); y que la industria electrónica cerrará el año con aumentos en la producción y ventas, alcanzando niveles de 2019. El indicador de actividad industrial de FIEL registró en octubre una suba del 0,8% respecto de septiembre (sin estacionalidad). Por su parte, según el Centro de Estudios para la Producción (CEP), en octubre había un 3,7% más de trabajadores formales en la industria (unos 42 mil) que en diciembre de 2019. Es decir, varios indicadores (y estos son solo unos ejemplos), por encima de los niveles que dejó el gobierno macrista.
Con respecto al sector externo, el Banco Central flexibilizó el acceso a dólares para financiar la importación anticipada (hasta 270 días) de bienes de capital por hasta 1 millón de dólares, que por ejemplo favorece a las pymes industriales que necesitan equipamiento. A pesar de que se trata de una clara muestra de apoyo a la actividad de las empresas, las primeras planas pusieron el foco en otra norma: la que establece límites al financiamiento en cuotas con tarjeta de crédito para la compra de pasajes, alojamiento, alquiler de auto y otros servicios turísticos en el exterior. No se está impidiendo que se viaje a otros países, solo se desincentivan ciertos consumos en dólares.
La medida es totalmente razonable y se da en un contexto de grandes esfuerzos que realiza el Estado, entre ellos el del Previaje, para estimular el turismo interno. El país tiene un problema concreto de balanza de pagos —ocasionado en gran parte por la deuda que existe con el FMI— y es imprescindible priorizar el uso de las reservas para garantizar el proceso de crecimiento productivo y del empleo que está en marcha.
Formación y gestión de los precios
En la portada de este último jueves de uno de los medios de mayor llegada, se hizo alusión a una “dura pelea en el gobierno por el control de precios y las retenciones a la carne”, un claro ejemplo de cómo se trata de correr el eje de la discusión, ya que las medidas apuntan a colocar un límite a los formadores de precios.
Es normal que existan matices y opiniones diversas entre quienes se encargan de gestionar. Lo relevante es que el gobierno tiene en claro que el objetivo pasa por que la recuperación de los ingresos no se vea amenazada por las remarcaciones, neutralizando a su vez toda una serie de esfuerzos que se vienen realizando desde el Estado.
En el caso particular de la carne, el gran motivo que explica las subas es la puja por la apropiación de los ingresos asociados al excepcional aumento del precio internacional, de casi el 30% (en dólares) durante el primer semestre del año. Con la lógica de la máxima ganancia, algunos sectores pretenden exportar lo máximo posible y que el mercado interno siga la evolución del precio internacional. Una ecuación social que no cierra por ningún lado: validar la paridad internacional llevaría a una mayor caída de los niveles de consumo interno que, por cierto, ya se encuentran en sus mínimos per cápita. Esto motivó la medida de reducir los embarques al exterior en un 50% respecto del promedio despachado el año previo, flexibilizada luego para las exportaciones de carne de conserva, dado que esta no se consume en el país.
Hay que compatibilizar los beneficios que otorga un contexto de precios globales excepcional con el derecho que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de este país a consumir esos productos. Por eso, la discusión de fondo, en el caso de la carne y de productos del complejo agroexportador, pasa por desacoplar los precios internos de los internacionales, ya sea con acuerdos o con regulaciones. Argentina no puede ser víctima de una gran ventaja que tiene por ser productora de alimentos que demanda el mundo.
En un contexto de fuerte suba de la inflación mundial, mientras en Argentina los sectores concentrados piden que la suba de los precios se afronte con ajuste fiscal y monetario (desconociendo la multicausalidad de la inflación y la participación de estos mismos sectores en las subas de precios), es interesante ver cómo en países desarrollados como Estados Unidos el fenómeno de la inflación, que está en niveles no vistos en lo últimos 30 años, se encara, en parte, con medidas distintas al recetario de la ortodoxia.
Los números de Estados Unidos muestran que la inflación alcanzó en octubre un valor del 6,2% respecto de un año atrás y que en el caso de la gasolina el aumento llegó al 49,6%. En lugar de aplicar políticas antiinflacionarias que ahogarían la recuperación, el gobierno estadounidense anunció la liberación de 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas (se estima, unos 620 millones) para hacer frente al aumento del precio de la gasolina. Otras economías como China, Japón, Reino Unido, India y Corea del Sur comunicaron su intención de aplicar políticas similares. Es una señal importante, independientemente del impacto en los precios, que mucho dependerá de la reacción de los países de la OPEP, que en el último año y medio ha mantenido restringido el flujo de petróleo. Pero lo que no hay que perder de vista es que se trata de medidas de intervención estatal puntual, lo cual constituye un fuerte mensaje.
Rol del Estado
En el cierre de las recientes Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA, el ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo hincapié en la necesidad de “acciones de los Estados desde la política tributaria para que haya mayor progresividad, tanto para que los Estados cuenten con mayor capacidad para hacer las políticas económicas que necesitan para la recuperación económica, para la reducción de la desigualdad, como de forma directa lograr que no pase lo que viene pasando en el mundo, que los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres”. La frase no tiene desperdicio. Da cuenta de la puja distributiva y de lo imprescindibles que resultan las políticas públicas para tratar de terminar con la paradoja de que hay un mundo capaz de generar al mismo tiempo la mayor acumulación de riqueza con la mayor fábrica de pobres.
El ministro de Economía también señaló que el gran tema a resolver es el de la deuda con el FMI, pero no de cualquier manera, sino permitiéndole a la Argentina seguir creciendo con inclusión. Afirmó que dicho crecimiento debe ir de la mano de la mejora de los ingresos y de un Estado “capaz de jugar un rol contracíclico”, que siga “impulsando la demanda agregada de una forma que propicie la continuidad de la recuperación económica”. Como lo he comentado en varias ocasiones, el Estado posee la responsabilidad indelegable de defender a los más débiles, dado que los fuertes se hacen más fuertes a través de los mecanismos de mercado. «
