El título de esta nota es desafiante: ¿Puede igualarse el fútbol a servicios como la salud, la educación, la energía, el transporte? Tiene diferencias con estos, pero el fútbol es pasión, aglutinante de emociones y voluntades. Es tan importante para la gran mayoría de las personas, que su acceso se convierte en un derecho. Más aún, a esta altura, su goce en forma gratuita puede considerarse un derecho adquirido, concepto que debería cobrar mayor fuerza, dado que en la campaña electoral el hoy presidente Mauricio Macri prometió que el Fútbol para Todos (FPT) seguiría siendo gratuito.
Pero además de estas razones, aun para los más escépticos existe otra indiscutible que fortalece la calificación del fútbol como un servicio de interés público: la potencialidad que tiene como herramienta de difusión. Y aquí se emparenta con cuestiones como la salud, la educación o la seguridad vial, por elegir algunos temas. Porque las transmisiones del fútbol llegan a todas partes, a los lugares más recónditos del país, en muchos de los cuales no puede accederse fácilmente por otras vías. ¿Qué mejor que utilizar las transmisiones televisivas del fútbol para difundir campañas de prevención contra el dengue, o el zika? O una campaña de seguridad vial que sostenga: “si bebió, no maneje”. ¿Cuánto valen estas acciones en términos del beneficio que obtiene la sociedad? Pero, además, cabe considerar el dinero que el Estado se ahorraría en el tratamiento de las enfermedades y los accidentes que se podrían evitar gracias a las campañas de prevención.
La retirada del Estado del FPT le dará paso, seguramente, a una mayor mercantilización del fútbol. De esta forma, las grandes empresas de medios y las anunciantes serán las que se apropien de esta importante herramienta comunicativa. No aplicarán el criterio del interés público, sino el de la máxima ganancia, que lleva a brindar el servicio a quienes lo puedan pagar y sólo en zonas rentables.
Esta presunción tiene elevadas posibilidades de concretarse, porque así se ha hecho en el pasado, pero además porque se condice con la ideología del gobierno actual, que intenta convertir los derechos en mercancías. De la misma forma que aplica extraordinarios ajustes a las tarifas de los servicios públicos esenciales, que se deben pagar generando elevadas ganancias para los prestadores. En verdad, el gobierno rechaza la idea de que el concepto de servicio público implica que el Estado debe procurar los medios para que todos tengan acceso al mismo.
Las decisiones del gobierno en el FPT son un espejo de las decisiones en otras áreas de la política y la economía: sin respetar las promesas de campaña, con el objetivo de trasladar beneficios a las empresas concentradas, y con la intención de volver a imponer la lógica del libre mercado como valor absoluto e irrenunciable. En mi opinión, el FPT debe seguir siendo gratuito y de libre acceso.

Comienza la fiesta
El viernes se promulgó la Ley Nº 27.260, denominada por el Boletín Oficial “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, pero que además contiene cambios impositivos que otorgan una menor progresividad al sistema tributario, un régimen de sinceramiento fiscal que consiste en la exteriorización de bienes en el exterior (blanqueo) sin obligación de repatriación, y una amplia moratoria para todo tipo de empresas (esta última, una medida que debería haberse aplicado exclusivamente a las MiPyMEs, que son las que verdaderamente la necesitan).
En este marco, el presidente Macri comentó: “se acabó la joda para todo el mundo, todos tienen que pagar sus impuestos”. Una propuesta más que irónica realizada el día anterior a que apareciera publicada la Ley Nº 27.260, que brinda beneficios más que espectaculares (y un perdón obsceno) para quienes, al menos, han cometido el delito de evasión. En verdad, debería decirse que para las grandes fortunas “la fiesta” acaba de comenzar.
Tampoco hay mucho respeto por las formas republicanas. El gobierno acaba de modificar el Presupuesto Nacional mediante el DNU Nº 797/16, por el cual se autoriza la contratación de obras y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros. De los $ 99 mil millones presupuestados, más del 80% se concentran en obras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia homónima.
Si bien soy legislador por la CABA y me preocupa su desarrollo, dudo que el faraónico proyecto de Construcción de la Estación Central Obelisco y la Red de Expresos Regionales sea una necesidad prioritaria, a la que se asignan nada menos que $ 12 mil millones del Presupuesto Nacional, más otros $ 3000 millones para la construcción subterránea de la Estación Constitución. Para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra sin duda esencial para la CABA, se asignan $ 45 mil millones. No obstante, la concentración del gasto de inversión en la región del AMBA, relegando al resto de las provincias, es alarmante. Dicha asignación no deja de tener un tinte electoralista, dado que cerca de un tercio de ese gasto a largo plazo se realizará el próximo año. Debe recordarse, además, el decreto 194/16, por el cual más que se duplicó el coeficiente de coparticipación federal de CABA desde el 1,4% del total al 3,7 por ciento.
En un nota de El Cronista (21/7/16), se indica que del total de las transferencias del Ministerio del Interior a las provincias, el 21% se destinó a la provincia de Buenos Aires, seguida con el 10,3% para Jujuy, el 9,6% para Neuquén, el 9,3% para Entre Ríos, el 8,4% para Mendoza y el 7,0% para Chaco. Estas seis provincias ya suman el 66% de los $ 24 mil millones transferidos. Grandes provincias como Santa Fe y Córdoba tuvieron que conformarse con el 1,9% y el 1,6%, respectivamente. Una discrecionalidad manifiesta, que es además señalada en la nota citada.
Siguiendo con las cuestiones fiscales, La Nación (19/7/16) informa que el Gobierno estima que este año la población pagará $ 140 mil millones más por las subas de tarifas, aunque la reducción en los subsidios será de sólo $ 80 mil millones, debido al efecto de la devaluación y su impacto sobre los costos. Según el diario mitrista, en 2017 el gobierno estima incrementar en $ 70 mil millones las tarifas.
Los aumentos de precios derivados de la devaluación y de las tarifas, que generan una grave pérdida del poder de compra del salario real, junto con el incremento significativo de suspensiones y cesantías, son un combo perverso. Según datos del Ministerio de Trabajo, las suspensiones producidas en el primer trimestre de 2016 superan al otro pico alcanzado en igual período de 2009, en medio del impacto de la crisis financiera internacional.
La misma fuente indica que entre diciembre de 2015 y abril de este año se perdieron 63 mil puestos laborales registrados. Otras estadísticas no oficiales, que incluyen a los trabajadores no registrados, ubican la pérdida de empleo en algo más del doble de la cifra citada. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que en el Gran Buenos Aires la pobreza se incrementó desde el 19,8% en noviembre de 2015 al 33,3% en abril de 2016, mientras que la indigencia subió del 5,7 al 7,9% en idéntico lapso y región.
Estos últimos datos muestran quiénes terminan pagando la “fiesta” de los grupos económicos concentrados y las grandes fortunas. Imposible no anhelar una vuelta a la situación de los últimos años, que más que una “fiesta”, como la llaman los analistas del establishment, fue una verdadera restauración de derechos para los sectores populares. «