La puja por el futuro de los alquileres que deberá definir la Cámara de Diputados en los próximos días sigue sumando polémicas. Hoy la asociación Inquilinos Agrupados (IA) denunció que el gobierno quiere replicar a nivel nacional el proyecto “Alquilar se puede” que lanzó Mauricio Macri en su paso por la administración porteña con magros resultados para atender la demanda habitacional en la ciudad de Buenos Aires.

La reedición de la iniciativa forma parte de un proyecto pensado por el Poder Ejecutivo a la medida de las inmobiliarias. Con el proyecto, la administración nacional buscará detener la Ley de Alquileres elaborada por IA que ya cuenta con la media sanción en el Senado de la Nación.

El titular de IA, Gervasio Muñoz, denunció que tras el fracaso del programa de Macri y luego de Horacio Rodríguez Larreta “el gobierno nacional intenta implementar el mismo plan pero esta vez en todo el país a falta de ideas propias”.

Muñoz expresó que “es sabido por todos los inquilinos que el seguro de caución es un excelente negocio para las financieras pero significa para el inquilino otra cuota más que tendrá que pagar además de las expensas, el alquiler, los impuestos, los servicios y las tasas con el agravante de que pocos propietarios aceptan este sistema”.

La denuncia de Muñoz obedece a que el “contra proyecto” del gobierno nacional prevé en uno de sus puntos incorporar el concepto de “vivienda social” con el objetivo puesto en los trabajadores informales sin acceso a la garantía necesaria para concretar una eventual operación. Esos trabajadores podrían mediante ese mecanismo acceder a un seguro de caución del Estado, según publicó ayer el diario La Nación en una nota que desmenuzó la iniciativa.

Pero no es el único punto crítico para los inquilinos. Muñoz agregó que “otra gran mentira es plantear que el aumento de la oferta impactará de forma positiva en los precios de los alquileres. En los últimos años se han construido viviendas como nunca antes, llegando a tener, en la Ciudad de Buenos Aires, una cada 2 habitantes. ¿Querrán que haya más viviendas que personas?”, se preguntó el titular de IA.

La exención impositiva, prosiguió el referente, “siempre es para aquellos que hacen negocios y no para los trabajadores que destinamos el 60% de nuestro salario al pago del alquiler. Esto ya lo vimos en la ciudad. Grandes constructoras que construyen a costos más bajos y venden al mismo precio que el resto del mercado”.

La nota de La Nación adelantó una de las propuestas oficiales será separar las aguas entre alquileres para vivienda y alquileres comerciales. El tope “será expresado en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), la unidad creada por el BCRA para ajustar hipotecas, que representa el valor de una milésima de metro cuadrado de construcción, y que además se ajusta por inflación”.

El detalle del ajuste por inflación no resulta menor si se tiene en cuenta que el mercado viene de años de prácticas especulativas por parte de los propietarios que siempre impactaron en el bolsillo de los inquilinos, el eslabón más débil de la cadena, frente a la inacción del Estado.

La modificación que impulsa el gobierno (Ministerio del Interior y diputados oficialistas) con el guiño del mercado prevé también impulsar un esquema de promociones “para fomentar la construcción de viviendas destinadas al alquiler”.

También apunta a eliminar la cláusula del proyecto de IA que prevé se puedan indexar una vez por año por un índice que combine el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para establecer una variación en función del índice de salarial únicamente.

Además Cambiemos piensa eliminar el punto que prohíbe a los propietarios levantar el precio de la vivienda cuando la inflación sea de hasta el 10%.
“Desde Inquilinos Agrupados queremos dejar en claro que vamos a insistir con el tratamiento del proyecto de ley redactado por todas las organizaciones de inquilinos del país que tiene media sanción por unanimidad en el Senado, porque bajo ningún punto de vista caeremos en la trampa de discutir proyectos que no benefician en absoluto a los 7 millones de inquilinos de todo el país”, concluyó Muñoz.