Las sobretasas que el Fondo Monetario Internacional aplica en los préstamos a la Argentina significarán a lo largo de los próximos años un monto extra a abonar de U$S 8161 millones. Esa suma se deberá adicionar a los U$S 4395 millones de intereses previstos y a otros U$S 386 millones por cargos de servicio hasta el año 2032.
El detalle fue consignado en el informe que elaboró el staff técnico que negoció el acuerdo de facilidades extendidas con las autoridades argentinas. Allí se calcularon las necesidades del país para repagar el préstamo stand by otorgado al gobierno de Mauricio Macri, que quedarán cubiertas con el nuevo programa, y cómo será el cronograma de devolución de los nuevos fondos, que se extenderá por 10 años más.
En los reglamentos de la entidad, se estipula que la tasa de interés para los préstamos es de 1% anual, más un cargo por servicio de 0,5% y una comisión que depende del capital adjudicado. No obstante, si el monto del programa es grande, se aplican sobrecargos de 2% anual, más otro 1% anual si el período de devolución se extiende por encima de 51 meses.
Todas esas tasas por encima de la normal le tocarán a la Argentina, ya que el crédito es diez veces mayor que la cuota normal del país y la primera amortización recién está fijada a cuatro años y medio. Así, el recargo originado por el monto del préstamo (level-based) es de U$S 5474 millones y el que corresponde al plazo hasta la devolución (time-based) significará otros U$S 2687 millones.
Solo en 2022, esos conceptos implicarán U$S 771 millones. Ese parcial se elevará a U$S 1093 millones el año que viene y a U$S 1056 millones en 2024. Las obligaciones por sobretasas comenzarán a decrecer a medida que el capital adeudado disminuya.
Falló el lobby
Los intentos por eliminar esas sobretasas ocuparon gran parte de los esfuerzos de los negociadores argentinos durante todo el año que duraron las discusiones. El lobby incluyó explicar la cuestión en todas las reuniones y foros internacionales durante ese tiempo. El presidente Alberto Fernández lo mencionó en sus encuentros con líderes europeos, durante su gira del año pasado, y el ministro Martín Guzmán lo repitió en todas las reuniones multilaterales en las que participó. Hasta hubo una declaración del G-20 instando al FMI a revisar sus políticas sobre el tema.
Sin embargo, desde Washington siempre insistieron en puntualizar que “estas sobretasas tienen por objeto desalentar un uso importante y prolongado de los recursos del FMI”. Incluso se dejó de lado la última carta argentina: que la rebaja comenzara a regir recién cuando el directorio aprobara la modificación de los reglamentos, manteniendo hasta ese momento las tasas vigentes en la actualidad.
Para reforzar la posición del organismo, esta semana su vocero Gerry Rice descartó cualquier posibilidad de que se reabra un debate sobre el tema. El veterano funcionario, con la proverbial habilidad que le dieron los años en ese cargo para comunicar malas noticias sin perder la elegancia, sostuvo en su diálogo con los periodistas del último jueves que las sobretasas “no son para todos los créditos, sino para países con créditos excepcionalmente altos; los artículos del FMI no permiten suspensiones particulares para un país determinado y no estoy al tanto de ninguna discusión particular que se vaya a producir sobre este tema”.
Pase de facturas
Algunos analistas creen que esta reticencia de la entidad a revisar sus políticas sobre el tema está relacionada con la insatisfacción que les produjo a algunos de sus miembros la renegociación del acuerdo con Argentina. En la reunión de directorio en que se trató el tema, e incluso en algunas anteriores en las que se habían analizado los avances en las discusiones, los representantes de algunos países (se cita ente ellos a ciertas naciones europeas y a Japón) habían manifestado sus reparos por lo que entendían era cierta indulgencia hacia el deudor y en su insistencia en rechazar condicionamientos y reformas estructurales. La negativa a tratar una rebaja en las sobretasas podría haber funcionado como una suerte de “vendetta” o pase de facturas por esa negativa.
De esa manera, el acuerdo de facilidades extendidas por U$S 44 mil millones terminará costando al país, si se incluyen los intereses, cerca de U$S 57 mil millones. El número está cargado de simbolismo. Esta última suma es la que el organismo le había prometido a Mauricio Macri, cuando este acudió a pedir ayuda en 2018 para paliar la incontenible salida de capitales especulativos. Sin embargo, a mediados de 2019 el Fondo suspendió los desembolsos ante la evidencia de que el gobierno de Cambiemos se alejaba cada vez más del cumplimiento de las metas prometidas. Es decir, a fin de cuentas el organismo cobrará como si hubiese girado todo el dinero convenido, aunque no lo haya hecho. «
Preocupan los efectos de la guerra en Ucrania
El vocero del FMI, Gerry Rice, admitió que la guerra entre Rusia y Ucrania tendrá efectos en el acuerdo del organismo con el gobierno. “La situación económica y social de la Argentina es frágil y nuevos shocks se han materializado”, aceptó.
Economistas de la entidad elaboraron un paper sobre las posibles consecuencias económicas del conflicto y anticiparon que “toda la economía mundial sentirá los efectos de un crecimiento más lento y una inflación más rápida”. En el trabajo se identificaron tres canales a través de los cuales fluirán los impactos hacia todo el planeta: los precios más altos de los alimentos y la energía; la interrupción del comercio y las cadenas de suministro; y la reducción de la confianza entre empresarios e inversores, que podría estimular la salida de capitales de los mercados emergentes.
La volatilidad del escenario global hizo que el Fondo acordara con el gobierno anticipar un mes la primera revisión del programa, que se realizará en mayo, a fin de plantear posibles correcciones.