El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, participó este lunes de una reunión del Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci), junto con sus pares de todas las provincias, y mantuvo un encuentro con las asociaciones de consumidores. El objetivo fue avanzar en la coordinación de la campaña de control del cumplimiento de la canasta de 1.432 productos con precios congelados. La reunión de la Cofeci –un órgano que forma parte del Consejo Federal de Ministros de Producción- se llevó a cabo a las 16, en tanto, el encuentro con las asociaciones de consumidores se sostuvo un poco antes.
Estas actividades formaron parte de la estrategia puesta en marcha por el Gobierno nacional para supervisar el efectivo cumplimiento de la lista de productos con precios retrotraídos a los valores vigentes al 1 de octubre pasado por parte de las empresas productoras y en los comercios a partir de una resolución de Comercio Interior. El 13 de octubre, el mismo día en que Feletti anunció la canasta de productos que estará vigente hasta el 7 de enero próximo, la Copal, la entidad que nuclea a las firmas del sector alimenticio, advirtió que «las políticas de congelamiento de precios no logran resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación» y que «resultan insostenibles ya que afectan el largo plazo para la continuidad productiva, dado que lleva a las empresas a producir a pérdida por no atender los innumerables aumentos de costos que viene afrontando el sector».
Ante este contexto y frente a la posibilidad de que se pueda registrar desabastecimiento de productos, como advirtieron también dirigentes de la oposición, el Gobierno decidió sumar a provincias, intendencias y asociaciones de consumidores a un esquema de monitoreo para supervisar el cumplimiento de los precios máximos y el abastecimiento en comercios y supermercados. En ese marco, en las últimas jornadas un importante número de intendencias –en especial de la provincia de Buenos Aires- se sumaron a las tareas de supervisión del cumplimiento de la resolución que congeló por 90 días los precios de más 1.400 productos de consumo masivo.
