El gobierno estableció por decreto la aplicación del Sistema de Evaluación Pública (SEP) para todos los empleados del Estado.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) repudió la iniciativa y señaló que la misma se encuentra “viciada” por no estar contemplada en el Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional.
A la vez, aseguran que el mismo convenio y sus colaterales, contemplan mecanismos de evaluación de idoneidad. Además, destacan que el decreto 695/24 establece que el examen es una condición para avanzar en la contratación de nuevos ingresantes mientras que el Estado-patrón pretende aplicarlo sobre el conjunto de los trabajadores con década de antigüedad.
El jueves esa entidad sindical realizará un paro general de actividades en reclamo de una recomposición salarial y para rechazar la decisión del ministerio de Desregulación liderado por Federico Sturzenegger. El titular de la ATE, Rodolfo Aguiar señaló que “las evaluaciones deben ser anuladas. Es notoria la falta de transparencia de todo este proceso y no hay garantías sobre la integridad y seguridad de los soportes digitales que se van a utilizar”.
El dirigente señaló que “con los antecedentes de ataque, persecución y asedio hacia los estatales, está claro que estos exámenes están destinados a perjudicar a los trabajadores”. Para Aguiar “no nos quieren evaluar sobre nuestras capacidades, lo que quieren es seguir estigmatizando el empleo público. Hasta este momento, el sistema de evaluación pública no se encuentra reglamentado. No existen normas específicas al respecto. Miente el Poder Ejecutivo al querer implementarlo”.
El titular de la ATE porteña, Daniel Catalano, coincidió en rechazar la iniciativa y presentó un recurso de amparo en la Justicia. A la vez amenazó con “poner un camión con sonido dictando las respuestas”.
El patio trasero de Caputo
Al mismo tiempo, la Junta interna de los trabajadores del ministerio de Economía hizo pública una carta abierta al ministro Luis Caputo en el que, dicen, “rechazamos el examen de idoneidad y exigimos información al ministro Caputo”.
Allí denuncian que “que el Sr. Ministro Caputo, en su carácter de máxima autoridad de esta Jurisdicción, es responsable de verificar el cumplimiento de los recaudos normativos que sustenten la pretensión y debe encuadrarse en las prescripciones sobre ética en el ejercicio de la función pública, que lo obligan a respetar principios de buena fe y fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información”.
En el texto señalan que el titular de la cartera actúa de mala fe en tanto “la evaluación no se encuentra reglamentada y, en consecuencia, no hay información fehaciente sobre el contenido, ni quiénes estarían alcanzados ni en dónde se llevaría a cabo”. A la vez señalan que la decisión es “Ilegal”, porque “el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional no establece este tipo de exámenes para quienes trabajamos desde hace años en el Ministerio, sino para el ingreso a la Administración Pública Nacional”. Además denuncian que “en lugar de cumplir con la ley estableciendo el pase a planta permanente -las contrataciones a término no pueden superar el 15% del plantel de personal- el gobierno utiliza la extendida precarización laboral existente para cuestionar decenas de miles de puestos de trabajo de quienes venimos cumpliendo tareas de manera ininterrumpida durante décadas con sobrada experiencia y reconocida idoneidad”.
A continuación indican que la iniciativa se encuentra “fuera del régimen de carrera” y que “el examen suma obligaciones, pero ningún derecho”. En tanto, “la aprobación del examen no garantiza la renovación de los contratos” ni “tendrá impacto salarial ni redundará en un progreso en la carrera administrativa”.
A la vez señalan que “se trataría de una evaluación genérica sobre conocimientos ya probados fehacientemente en nuestros legajos (mediante títulos de educación formal obligatoria), y cuyo contenido no tendría relación alguna con las tareas concretas que efectuamos en esta área de estado”.
Por último indican que “el gobierno nacional no prevé absolutamente ninguna instancia de control pre y post examen ni se establecen veedurías gremiales, en clara violación al Convenio SINEP y a la Ley de Asociaciones Sindicales”.
