El acuerdo que el FMI aprobó el viernes incluye la promesa de una fuerte reducción del déficit fiscal (que desaparecería a partir de 2025) y prevé un crecimiento de la actividad de entre el 3,5% y el 4,5% para este año, que se iría moderando en los próximos ejercicios. Sin embargo, algunas estimaciones privadas ponen en duda que este último punto pueda cumplirse y apuntan tanto a cuestiones del diseño del programa como a otros factores externos.

Entre estos últimos se destaca el conflicto entre Rusia y Ucrania, y la consecuente alza de los precios internacionales de algunas commodities, como el petróleo y el trigo. Esto provocará, se prevé, una mayor inflación en todo el mundo y un menor crecimiento global para los próximos años. Ya se habla de que la Fed (la Reserva Federal estadounidense) subirá la tasa de interés por encima de lo ya previsto, lo que también aceleraría la salida de capitales de los mercados emergentes.

«En el plano local, los análisis se han limitado a la balanza de divisas (agro versus energía) que implica el conflicto entre Rusia y Ucrania. No obstante, la trascendencia de un crecimiento económico global más lento de lo esperado es elevada, y podría tener impactos sobre la economía argentina. En este sentido, el mejor escenario a esperar hacia adelante es una rápida solución al conflicto bélico seguido de una rápida reacción coordinada para paliar estos impactos», evaluó la consultora Ecolatina.

El panorama del Instituto del Trabajo y la Economía (ITE) hace foco en la dificultad para que crezcan los salarios reales, que son el motor del consumo privado. Eso va de la mano del recrudecimiento de la inflación y de las previsibles rispideces que surgirán en las paritarias para otorgar incrementos nominales elevados que igualen la suba de precios. «Conseguir el crecimiento del salario real no será para nada sencillo, dado que la historia de la negociación colectiva muestra que no está preparada como institución para soportar siquiera inflaciones superiores al 30%», señala el ITE.

Lo llamativo es que en su carta de intención, el gobierno fija entre sus objetivos «mejorar la sostenibilidad y la resiliencia del crecimiento» y menciona el ahorro interno, la inversión pública (con el apoyo de entidades multilaterales) y el desarrollo de sectores de bienes estratégicos como caminos para lograrlo. Allí se deja de lado el consumo privado interno, uno de los caballitos de batalla del kirchnerismo y el factor que más pesa en el Producto Bruto.

También hay dudas sobre si la suba de la tasa de interés dejará lugar para apalancar al sector privado. «El financiamiento público y la suba de tasas producirá un efecto desplazamiento de la inversión privada. Este crowding out (desplazamiento) se dará sobre un nivel ya muy bajo de préstamos», sostiene la consultora LCG.

Ante esas advertencias, el gobierno contrapuso los datos del Indec de esta semana, que marcan una suba del PBI del 10,3% en el año 2021, sumados a una mejora del 32,9% en la inversión y del 9,7% en el empleo. «Es un crecimiento récord en décadas, siendo la primera suba luego de tres años consecutivos en baja. Esta recuperación es el resultado de políticas que priorizaron al trabajo y la producción, y cuidaron al tejido productivo en el peor momento del Covid-19», afirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En el último relevamiento del Banco Central entre bancos, consultoras y centros de estudio, las predicciones sobre evolución de la actividad para 2022 marcaron un crecimiento del 3%. Ese valor es igual al arrastre estadístico que dejó la suba del año pasado, por lo que no implicaría una mejora genuina de la actividad.