El proyecto de ley del gobierno que tiene por objetivo el pago de las deudas que mantiene el sistema previsional con los jubilados, además de un cambio en el sistema impositivo y un amplio blanqueo de capitales, podría derivar en una merma de la litigiosidad pero no en una caída sustancial de la intervención de la justicia.
Así surge de una ronda de consultas con especialistas en el tema, para los que la cesión de derechos que conlleva la aceptación de las soluciones que propone el proyecto de ley deja abierta la posibilidad de nuevas acciones judiciales.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo la semana pasada plantea que los jubilados que acepten la propuesta oficial deberán dar de baja las acciones judiciales en marcha, incluidas las sentencias firmes que hubieran logrado en la justicia.
Sucede que la propuesta del gobierno reduce a la mitad o menos lo que podría recibir un jubilado con sentencia firme, tanto por el retroactivo como en la actualización del haber. El proyecto adopta el Ripte, un índice elaborado por el Ministerio de Trabajo en base al promedio de los salarios registrados, mientras que la justicia aplica otro índice basado sólo en salarios industriales y de la construcción. La diferencia entre uno y otro índice puede llegar al  100% en favor del segundo.
De acuerdo con la legislación vigente, la ANSES debe pagar las sentencias firmes en un plazo no mayor a los 120 días de resueltas. En este momento existen unas 30 mil sentencias en proceso de liquidación mientras que otras 20 mil se encuentran en proceso de aceptación de la ANSES. ¿Por qué un jubilado con sentencia firme a su favor aceptaría resignar la mitad de lo que cobraría como retroactivo y un haber actualizado inferior al que le otorgó la justicia?
Según Adrián Troccoli, del estudio Sobral Troccoli, «dependerá de cada caso, pero también de la postura que adopte el Estado en relación con el pago de las sentencias firmes». El especialista indicó que «según la ley, ANSES debe liquidar toda la sentencia en 120 días». El proyecto oficial destaca que en caso de adhesión, el jubilado recibirá el 50% del pago en forma inmediata y el resto en hasta tres años.
Si el gobierno deja trascender que demorará más aún los pagos de esas sentencias, podría inducir a los jubilados a aceptar la cesión de sus derechos ganados a cambio de un pago cierto.
Aunque el proyecto de ley advierte que se trata de una adhesión «voluntaria» y que quien lo haga debe dar de baja la sentencia favorable, algunos especialistas aseguran que en la medida en que el Estado debe procurar la aplicación de la ley y del estado de Derecho, «una ‘expropiación’ o una ‘extorsión’ son inadmisibles», según explicó un experto en derecho previsional, con presencia en una universidad nacional.
Lo mismo vale, dijo la fuente, para el caso de los jubilados que iniciaron su pleito legal y aun no lo concluyeron. En ese caso, además del uso de un índice diferente, la legislación prevé sólo una retroactividad por cuatro años.
«Por esta vía no se elimina la litigiosidad. El Estado debería respetar las leyes y apuntar todos sus esfuerzos por evitar más juicios por medio de una solución favorable para todos», observó un juez del fuero previsional que mantuvo poco diálogo con el gobierno de Cristina Fernández.
Por otro lado, Emilio Basavilbaso, titular de la ANSES, admitió ante los diputados el jueves pasado que la emergencia previsional podría prorrogarse por tres años más, con lo que el pago de los haberes podría prolongarse en el tiempo. «

Prueba difícil para la iniciativa en Diputados

El oficialismo en Diputados confía en que pasado mañana logrará darle dictamen favorable al proyecto de ley que regula el pago de las deudas jubilatorias, blanquea la evasión tributaria y regula la devolución del 15% de las contribuciones previsionales de las provincias.
Se trata de un objetivo que no está al alcance de la mano del oficialismo, toda vez que en el plenario de comisiones cuenta sólo con el respaldo de Cambiemos y de pocas organizaciones aliadas.
La posibilidad de que el proyecto obtenga media sanción una semana después, es decir, el  miércoles 15 o el jueves 16, dependerá de cómo se ubiquen las partes este martes.
Es que el proyecto de ley comenzó a cosechar fuertes críticas ante la opción abierta de que se vendan acciones que la ANSES tiene en más de 30 empresas. Esa parte de la iniciativa sumó cuestionamientos del Frente para la Victoria (FPV) y el Bloque Justicialista, mientras el Frente Renovador ya comenzó a poner en duda su apoyo para aprobar el proyecto.
Si esta posición se cristaliza, es difícil que el despacho pase airoso por la comisión. De allí que el titular del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, haya asegurado que el oficialismo «está abierto a modificaciones» que «suelen mejorar» las iniciativas. Massot estimó que el proyecto tendrá «un acompañamiento bastante unánime en la votación en general» y previó discusiones de artículos en particular.