Tras una guerra silenciosa que sacudió al Senado durante dos meses, esta semana saldrá el dictamen acordado entre el oficialismo y el peronismo acuerdista, por el cual se habilitará el debate en el recinto de la ley corta de telecomunicaciones. El proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso a principios de abril es conocido en el sector como la «ley Telefónica». De hecho, el tema fue materia de discusión entre el presidente Mauricio Macri y su par español, Mariano Rajoy, durante la visita que el entonces jefe de Gobierno español realizó a la Argentina a principios de abril. Telefónica es, en la actualidad, la principal inversión de capitales españoles en la Argentina.

Pero el dictamen acuerdista retacea los puntos que favorecían, en el proyecto original, el avance de las empresas de telefonía en la provisión de televisión paga. Específicamente, posterga la entrada en vigor de este aspecto hasta 2022.

«Ya hay un acuerdo de dictamen común entre el oficialismo y el sector del peronismo que representa el senador Miguel Ángel Pichetto. Ese dictamen está muy cerca de concretarse», detalló el investigador y docente Martín Becerra, quien concurrió a mediados de mayo a la comisión de Medios, Sistemas y Libertad de Expresión de la cámara Alta, que dirige el peronista Alfredo Luenzo, para dar su opinión sobre el proyecto de ley.

Becerra le dijo a Tiempo que «el dictamen al que se llegó a acuerdo alarga bastante los plazos de protección para el ingreso de la TV satelital de la mano de las operadoras telefónicas».

De acuerdo con el esquema que se aprobará el miércoles próximo, habrá tres etapas de aplicación. La primera será para las ciudades de Buenos Aires (Capital Federal y Conurbano bonaerense), Rosario y Córdoba; luego será el turno de las ciudades de más de 100 mil habitantes y, por último, aquellas cuya población está por debajo de ese nivel, lo que sucederá recién en 2022. El proyecto original  establecía como fecha para ello el 1º de enero de 2019.

En medios vinculados al Senado se opina que «llama la atención el escaso poder de lobby de Telefónica, para quien fue preparado el proyecto de ley y que incluyó  la presencia de Rajoy en la Argentina. La mirada incluye a Telecom y Claro, las otras dos empresas de telfonía interesadas en ampliar la oferta de servicios que ofrecen. El beneficiario de estos cambios es Cablevisión, que junto con las cableras medianas, logran postergar una vez más el ingreso de la competencia.

Según Becerra, es probable que las telefónicas busquen salvar el bache temporal con la oferta de servicios de TV del tipo OTT, como se conoce en la jerga técnica a los servicios del estilo de Netflix. Y como tienen en desarrollo inversiones para instalar fibra óptica, podrían esquivar la TV satelital para, en 2022, ofrecerla por cable. «Telefónica precisa contenido audiovisual propio», agregó.

El sector que salió ganador de los cambios del proyecto es el de las cooperativas  y las pymes, las que reciben más tiempo para prepararse y tendrán prioridad para recibir las frecuencias que libere Arsat, lo que les permitirá pasar de operadores móviles virtuales a operadores  móviles de redes. «Se tata de un cambio sustancial para este sector», indicó Becerra. «