En forma unánime, los gremios que nuclean a los estatales bonaerenses rechazaron la oferta realizada por el gobierno de María Eugenia Vidal que consistía en un incremento promedio de 350 pesos retroactivo al 1º de octubre.  

Los dirigentes de UPCN, ATE y FEGEPPBA consideraron insuficiente la propuesta que planteó el gobierno en la reapertura de la paritaria del sector y que estaba integrada por un 3,6% de incremento al básico y una suba de las remuneraciones que cobra cada trabajador de acuerdo al régimen horario que iba de 90 a 180 pesos.  

“La propuesta del gobierno ha sido muy pobre, se rechazó en forma unánime por todos los gremios, pasamos a un cuarto intermedio para que hagan una propuesta superadora”, señaló a Tiempo el subsecretario gremial de UPCN, Eduardo Bisceglia, y agregó que el gobierno no definió la fecha del nuevo encuentro. 

El secretario general de ATE Provincia, Oscar De Isasi, consideró que la propuesta «está en la categoría de disparate». Y amplió: «El promedio de aumento es de 300 pesos y nos condena a una paritaria a la baja y por eso la rechazamos. Seguramente vamos a profundizar el plan de acción. El gobierno debería reflexionar, convocar a una nueva reunión y cambiar la oferta salarial».

Los estatales recibieron en lo que va del año un aumento salarial del 31% de aumento: la primera cuota, del 15,6%, fue otorgada en marzo y la segunda, en julio, del 15,4%. La intención era equiparar con esta último tramo de 3,6% al 34,6% que recibieron los docentes. 

En la mesa paritaria, los sindicatos también pidieron una respuesta a la situación de los 19 mil estatales que revistan en planta transitoria hasta el 31 de diciembre. Las autoridades no dieron respuesta. “Son 19 mil compañeros que están en una situación precaria porque en diciembre tienen que renovar su planta temporaria y la verdad es que están pasando una angustia muy grande porque no saben si a partir del 1º de enero vuelven a trabajar o no”, explicó Bisceglia. 

Los ingresos al Estado y los pases de planta transitoria a permanente están hoy congelados por el plazo de un año por el decreto 618 que la gobernadora Vidal firmó en junio. La disposición podría prorrogarse por un año más.