El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) realizó una encuesta con una veintena de referentes de barrios populares, a cargo de comedores, merenderos y ollas populares en los barrios Barrio Mugica (31 y 31 bis), Villa 20, Barrio Padre Ricciardelli (1-1-14), Villa 21-24, Ciudad Oculta (15), Cildañez, Barrio Ramón Carrillo y Villa 3 (Soldati). De la indagación surgió que el 73% dijo conocer que existen casos de coronavirus en sus barrios.
El contexto general es abrumador. En la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 18 de mayo se declararon 3342 casos confirmados de coronavirus, de los que 1410 residían en las villas y los barrios vulnerables. Es decir, el 42% de los casos se concentró en las barriadas donde vive apenas el 7,6% de la población.
Este golpe feroz sobre los sectores más humildes no se produce al azar. Las condiciones de vida son las que lo permiten. En la mencionada encuesta, el 60% de los referentes sociales indicó problemas por falta de agua en el barrio. El 50% alertó por problemas electricidad producto de las conexiones precarias. El 36% advirtió por problemas con los servicios de Internet y telefonía, que son esenciales sobre todo en épocas de cuarentena, ya que por esa se brindan por ejemplo los servicios educativos. Además, el 31% indicó dificultades para conseguir garrafas de gas.
Además, la crisis económica por la pandemia afectó los ingresos precarios. Comedores o merenderos que atendían a entre 10 y 50 personas pasaron a recibir a 100 hasta 300 personas. En el total de los merenderos y comedores relevados por CEPA, la concurrencia aumentó un 84%; es decir, casi se duplicó.
En los barrios populares, la asistencia alimentaria se profundizó. El 77% de los encuestados advirtió un aumento en la demanda, mientras que el 86% alertó sobre la falta de recursos.
El informe describe el cambio de hábitos, siendo el principal la entrega de viandas (82%), seguido por el incremento de las medidas de seguridad (62%). Sin embargo, existe una importante falta de elementos básicos de higiene y cuidado: el 41% de referentes sociales indicó la falta de guantes; el 36%, de lavandina, y el 32%, de alcohol.
El documento del CEPA advirtió: “La distribución de casos positivos en el AMBA y especialmente en CABA, foco de la crisis sanitaria, viró desde los barrios de mayor poder adquisitivo a los sectores de menores recursos, a lo que debe sumarse la crítica situación en los geriátricos”.
La hipótesis que cobra mayor fuerza para explicar este fenómenoes que “siendo el aislamiento social la medida más eficaz para evitar contagios, la población de menores ingresos cuenta con muchos menos recursos para sostenerlo: mayor hacinamiento habitacional, informalidad laboral, y menor acceso a servicios públicos de saneamiento”.
Los números de la emergencia
Uno de los principales flagelos para respetar la cuarentena en las villas es el hacinamiento. Según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, en 2018 (último dato), el Barrio Mugica, la Villa 20 y el Barrio Ricciardelli contienen al 3,5% del total de la población de la Ciudad y el 50% del total de la población de los barrios de emergencia y asentamientos.
En CABA, el promedio de personas por vivienda es de 2,6. En el barrio Ricciardelli, es de 6,4; en la Villa 20, de 6, y en el barrio Mugica, de 3,2.
Para Villa 20 y Barrio Ricciardelli (donde hay datos disponibles), el 72% y 69% de las viviendas, respectivamente, tienen baja presión de agua. En tanto, el 86% y 97% -respectivamente- tienen electricidad por medio de una conexión irregular.
Asimismo, el 99% de las viviendas del barrio Mugica no tienen acceso al gas de red; en la Villa 20, el 91%, y en Ricciardelli, el 94%.
En la comuna 8, el 39,1% de los asalariados no está registrado; en la Comuna 4, el 36,2%, y en la Comuna 7, el 34,3%. En las demás, el promedio se ubica por debajo del 30% e incluso, en algunas, por debajo del 20%. Esto indica que las comunas con mayor cantidad de barrios vulnerables cuentan con la mayor cantidad de trabajadores informales.
AMPARO
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó una acción de amparo para que el Gobierno porteño asegure el acceso a Internet a los habitantes de las villas y entregue computadoras en préstamo para continuar con las clases durante la cuarentena.