Cerca de las 16 de este jueves, las inmediaciones del Congreso comenzaron a poblarse de grupos de trabajadores de empresas recuperadas provenientes de diferentes partes del país. El más numeroso se concentró en la esquina de Sáenz Peña y Av. De Mayo, en las puertas de la cooperativa La Nuova Piazza, que abastecía con media docena de máquinas de café desplegada sobre la vereda a los integrantes del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) que poco después se movilizarían hasta el Anexo del Congreso, en Rivadavia al 1800, para la presentación del proyecto de Ley denominado “Recuperación de Unidades Productivas”.
Fue el corolario de una jornada histórica para el sector, que unas horas antes se había reunido en la sede de la Cooperativa La Aceitera La Matanza, en La Tablada, donde se lanzó formalmente el primer Registro Nacional de Empresas Recuperadas (RENACER) en un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Desarrollo Social, Juan Horacio Zabaleta.
En diálogo con Tiempo, el autor del proyecto, el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, reconoció que “es una Ley que ya llega tarde. No es un proyecto que se presentó desde el Congreso, sino desde la calle. Hay un proceso enorme en la Argentina vinculado con el sector y el encuentro que hubo hoy (por ayer) en La Matanza, en una empresa modelo que envasa y distribuye aceite, es un ejemplo de ello”. El legislador, perteneciente al Movimiento Evita, agregó: “Entendemos que están las condiciones dadas para construir esos acuerdos políticos necesarios y darle las herramientas y el acompañamiento que haga falta a ese enorme esfuerzo que hacen los trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del país para sostener sus puestos de empleo”.
Grosso fue el moderador del encuentro, en la Sala II del segundo piso del Anexo C de Diputados, que contó con la presencia de cientos de trabajadores de cooperativas de todo el país, que por momentos aprovecharon que los diputados presentes debían cruzar al Congreso para votar diferentes cuestiones, para presentarse y contar sus experiencias: desde medios de comunicación recuperados, hasta soderías, madereras, fábricas electrónicas, y textiles, entre otras.
La abogada del MNER, Gisela Bustos, contó que es la segunda vez que se presenta este proyecto de Ley ya que el 16 de abril pasado había perdido estado parlamentario sin lograr siquiera la discusión en el recinto. “En nuestro país, hay más de 400 unidades productivas recuperadas y 18.000 trabajadores que se encuentran en todas las provincias y los rubros productivos. Cada uno que está acá seguramente pasó por una situación muy traumática al momento de recuperar estas empresas y lo hicimos de manera traumática porque aún estamos huérfanos de una normativa nacional que nos contemple, nos reconozca y nos proteja”, advirtió y recordó que “este proyecto de Ley tiene casi 20 años, fue construido por los primeros compañeros que recuperaban fábricas por fines de los 90, principios de 2000”.
El fundador del MNER y actual director de Políticas de Inclusión Económica de la secretaría de Economía Social, Eduardo «Vasco» Murúa, pidió a los cooperativistas que tengan en cuenta “quiénes son los compañeros que están acompañando hoy, más allá que estén de un lado o del otro, o que hayamos caracterizado en algún momento situaciones distintas”, indicó el dirigente en referencia los diputados Federico Fagioli e Itaí Hagman, del Frente Patria Grande; Natalia Souto de Barrios de Pie; Juan Carlos Alderete y Verónica Caliba, de la CCC; Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; y Daniel Arroyo, quienes en ese momento habían cruzado al Congreso.
“Pertenecen a la lucha social y están cuando hay que dar estas peleas. No es casual que todavía no haya ningún diputado sindical por ejemplo, no digo que no vayan a sumarse luego porque de hecho los necesitamos. Es una señal que cuando hay una necesidad de los trabajadores son pocos los de la clase política los que se mueven o entienden esta preocupación, por eso siempre estamos en desventaja y tenemos que estar preparados, unidos, juntos para defendernos y ser solidarios con quienes estamos en este camino de cambar esta sociedad” continuó Murúa, quien insistió que “es nuestra oportunidad ofensiva para que se trate esta Ley y pueda ser votada. Pensamos que es para el conjunto de la clase trabajadora, no es para las empresas que ya recuperamos y tenemos ocupadas”.
“Quizá esta institucionalización, sumado a algunos pasos más y el reconocimiento del Estado signifique que nuestro movimiento ya no tenga razón de ser”, concluyó El Vasco Murúa. Luego, se sumaron a la presentación otros diputados del Frente de Todos que también dieron sus puntos de vista sobre la economía popular y la recuperación de empresas, como Victoria Tolosa Paz, Mabel Caparrós, el presidente del Bloque Germán Martínez, María Rosa Martínez y Susana Landriscini.
El Proyecto
La norma está dirigida a toda unidad productiva que se encuentre en estado de cesación de pagos, cierre del establecimiento, abandono de sus titulares, desmantelamiento, vaciamiento o disolución de la sociedad que, sin perjuicio de los procesos judiciales en curso, pueda ser expropiada y cedida a favor de los trabajadores conformados en cooperativas, o en vías de constituir la misma y que deseen continuar con la actividad.
En su articulado, el proyecto propone que la base del valor de la indemnización se determine por el remate de los bienes por lo que se crearía un Fondo Fiduciario con partidas del presupuesto nacional que no podrían ser menor del 5% de lo que se destina al Ministerio de Economía.
Además, se estipula que el proceso de recuperación de cada empresa sea declarado de Utilidad Pública para que los trabajadores puedan continuar con la explotación de la empresa en proceso de quiebra privilegiando los bienes necesarios para ese fin; y la cesión en comodato por parte del Ejecutivo Nacional de los inmuebles expropiados en beneficio de las cooperativas bajo la condición que cedan parte de sus instalaciones para el desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas, tareas de cuidado y formación profesional.
Otro punto clave de la Ley es la incorporación del RENACER para que las unidades productivas que se inscriban puedan acceder a “políticas focalizadas, de formalización y reconocimiento de derechos laborales y sociales”. Entre beneficios, se desprenden la asistencia técnica, jurídica y el acompañamiento para que la empresa pueda ser sustentable; la preferencia como proveedores del Estado; tratamiento fiscal preferencial de carácter temporal, según el impacto en el mantenimiento y generación de puestos de trabajo; líneas de créditos, programas de fomento y desarrollo tecnológico; preferencia en la formación y capacitación dictada por el Ministerio de Trabajo de Nación y del resto de las jurisdicciones.
Por último, la inscripción al RENACER facilitaría, durante los dos primeros años, la difusión de los productos elaborados o servicios prestados, a través de los medios de comunicación propios y en espacios de promoción; y el acompañamiento por parte del Estado en los trámites correspondientes para exportación de productos.
Equidad de Género
La Autoridad de Aplicación de la Ley será la secretaría de Economía Social, dependiente del ministerio de Desarrollo Social, a través de la dirección de Programa de Inclusión Económica que deberá “promover, fomentar, difundir, visibilizar y estimular medidas que garanticen la equidad de género, con el fin de establecer bases de igualdad en los procesos productivos, económicos y sociales de las empresas recuperadas”.
