Viene caliente la audiencia pública del próximo martes en la que se discutirá el cuadro de tarifas que cobran Edenor y Edesur por el servicio de distribución de electricidad. Las partes se han ubicado en posiciones encontradas.
De un lado, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) advirtió que considera nula la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2016. «Implicó un aumento irracional» y «poco transparente», espetó el órgano que regula el comportamiento del sector, menos las distribuidoras eléctricas provinciales, y que encabeza la interventora Soledad Manin.
La impugnación incluyó el Acuerdo de Regularización de Obligaciones, firmado en mayo de 2019 entre el gobierno nacional y las concesionarias. Por último, el Enre pide que la anulación del traspaso de jurisdicción de ambas concesiones para mantenerlas bajo la órbita federal y sugiere una reestructuración de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) para que deje de oficiar como el «principal prestamista» de las empresas distribuidoras.
Pedido empresario
Edenor y Edesur presentaron a principios de la semana al Enre sus pedidos de incrementos, del 28% y 34%, respectivamente, para los usuarios residenciales. Las empresas destacaron en sus presentaciones que vienen de dos años de congelamiento tarifario.
Edenor, con 3,2 millones de clientes –que implican 9 millones de personas servidas– planteó una necesidad de flujo de fondos con un déficit de caja para este año de $ 20.142 millones. El pedido de aumento se sostiene en la premisa macroeconómica oficial de una inflación del 29%, un tipo de cambio a diciembre de $ 102,46 y un incremento de las ventas en GWh del 2,3% a lo largo del año. La firma, en proceso de traspaso al nuevo accionista Edelcos, dijo además que el Estado nacional incurrió con la distribuidora en una deuda de $ 38.477 millones por la falta de cumplimiento de los cuadros tarifarios y los mecanismos de actualización establecidas en la RTI de 2016.
En el caso de Edesur, la distribuidora que forma parte del Grupo Enel con 2,5 millones de clientes, proyectó su déficit de flujo de caja para este año en $ 34.260 millones. Al igual que Edenor, Edesur consideró que el Estado nacional le debe $ 22.160 millones por los cuadros tarifarios pendientes de aplicación.
Edesur estimó que la suba tarifaria que pidió implicará un incremento del 45% en general, con menor peso sobre los residenciales, del 34%, y mayor en las empresas, con incrementos previstos de hasta el 88 por ciento.
Audiencia
La audiencia virtual que arrancará pasado mañana, desde las 8, será la segunda del sector eléctrico en la semana. Mañana está prevista la que atenderá la situación de las ocho transportadoras de electricidad (ver aparte), que aparece como mucho más tranquila. Para el martes se prevé un fuerte cruce entre el Enre y las distribuidoras. Si bien la audiencia es no vinculante, ambas partes aprovecharán para exponer en público sus posiciones.
El Enre profundizará la línea que apunta a invalidar al RTI de 2016. De ser así, deberían aplicarse tarifas de transición entre ese año y el momento actual, para luego conciliar el resultado con lo que efectivamente cobraron las distribuidoras y pasar a hacer las liquidaciones correspondientes. Coherente con esa posición, asegura que los pedidos de subas de las dos distribuidoras que atienden CABA y gran Buenos Aires son «inviables» porque supondrían un palo en la rueda a la recuperación económica de empresas y familias. «
Transporte, mañana
Mañana se realizará la audiencia para discutir la tarifa que cobran las empresas de transporte de alta tensión. El costo de esa tarifa se distribuye entre todos los usuarios del servicio eléctrico.
Sin el ruido de la discusión de las dos distribuidoras del AMBA, las ocho empresas que dan ese servicio en el país se sentarán con el Enre para acordar el nuevo cuadro tarifario. Se trata de Transener, Transba y DistroCuyo; TranseNea y TransNoa, Transpa, Transco y Epen.
La prestación del transporte de energía eléctrica está caracterizada como servicio público, pero solo en lo que atañe a la operación y mantenimiento de la infraestructura afectada al servicio regulado. A diferencia del segmento de distribución, las empresas concesionarias no tienen la obligación de invertir en ampliaciones pero sí en su mantenimiento.
