El «sinceramiento» implementado por el gobierno de Mauricio Macri se reproduce con fuerza a nivel federal con políticas provinciales que si bien parecen diversas en lo instrumental, son similares en cuanto a su objetivo. Con Buenos Aires como el caso más resonante, las distintas administraciones muestran en común despidos de personal y recortes presupuestarios que afectan en particular a la salud y la educación públicas y las jubilaciones. La excusa es equilibrar el déficit fiscal.
La administración de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires se destaca por la profundización de los recortes. La medida más contundente fue la publicación del decreto 230/2016 que facultó a los ministros para contratar y despedir personal, al tiempo que preparaba la Ley de Emergencia Administrativa y avanzaba con un proyecto para la «modernización» de la administración pública local. En sintonía, el decreto 248/2016 suspendió las designaciones de personal permanente y transitorio por un año.
El secretario Gremial de ATE provincia, Cesar Baliña, aseguró que «Vidal delineó una batería de decretos y leyes destinadas a achicar el Estado, flexibilizar las condiciones laborales y concentrar los negociados con las empresas privadas».
En la Ciudad de Buenos Aires, que gobierna Horacio Rodríguez Larreta, el ajuste aplica sobre los ingresos del personal estatal, sea cual fuere la modalidad de contratación. Así, a los cooperativistas se les quiere dar un aumento del 23% (ver página 16), mientras que los estatales percibirán un alza de sólo el 14% en 2016.
En Córdoba, la preocupación central pasa por la ley previsional que impulsa el gobierno local a cargo de Juan Schiaretti y que prevé una rebaja del 11% en los haberes del sector pasivo. Con una movilización a los Tribunales de la provincia, los gremios plantearon el viernes pasado la inconstitucionalidad de la iniciativa.
En Salta, el gobierno de Juan Manuel Urtubey despidió a 400 estatales y frenó la obra pública. En la capital provincial se aprobó por decreto la emergencia económico-financiera para «estrechar los gastos» en incorporación de personal, obra pública y programas sociales.
En Jujuy, bajo gobierno del oficialista Gerardo Morales, la «normalización» empezó por el Ministerio de Educación, donde ATE denuncia el despido de 700 personas. En la Tucumán de Juan Manzur, se sufren las 270 cesantías de la Secretaría de Agricultura Familiar.
Estas políticas han desarrollado fuertes respuestas de los trabajadores estatales afectados (ver recuadro), con final abierto.«
«Los gobiernos provinciales son cómplices del ajuste»
Horacio Gallegos es secretario de Organización del SOEM de Tierra del Fuego. Fue «chupado» por encabezar la lucha contra un paquete de ajuste junto con otros tres dirigentes. El gobierno de provincial, denunció «ofreció una aumento del 0 por ciento».
-¿De qué se trata el ajuste?
-El gobierno del FPV presentó un paquete que buscaba saquear nuestra caja de jubilación y estirar la edad de retiro. Vinieron por la Obra Social y la aplicación de un impuestazo. Fue tan salvaje que de la protesta convocadas por la Unión de Gremios participaron 15 mil personas en una ciudad de 100 mil habitantes.
-¿Qué hicieron?
-Decidimos impulsar la iniciativa popular que plantea la Constitución para reclamar que se abra la Legislatura y derogue el paquete. En 5 días reunimos 21.500 firmas cuando se necesitaban 9 mil. La desoyeron y la Legislatura no se reúne desde 2015.
-¿El gobierno provincial es víctima del ajuste nacional?
-Más que víctimas son cómplices. Si uno no quiere ser partícipe de una política se resiste. Lo mismo en Santiago, Santa Cruz, Neuquén.
-¿Quién los metió presos?
-Rosana Bertone. A nosotros nos chuparon. A las 3 am irrumpieron al grito de que si no abría la puerta en 30 segundos me la reventaban. No tenían orden de allanamiento ni testigos. Todo delante de mi piba de 12 y mi mujer. Nos acusan de amedrentar funcionarios y nos pusieron una orden de restricción.
