Cabe destacar las varias marchas y movilizaciones que se han dado en el mes que acaba de finalizar, con distintos convocantes y diversos motivos, pero con un denominador común: la disconformidad con lo que está sucediendo en la Argentina. Hay que ir muy atrás para encontrar una intensidad de manifestaciones como las que hemos visto en estos últimos días. 

La marcha del 24 de Marzo por la Memoria, la Verdad y la Justicia es una tradición, aunque algunos intentan desmerecerla diciendo que se politizó. De hecho, Cambiemos –con su discusión sobre la cifra de desaparecidos, la foto de la mayoría de sus diputados con el cartel «Nunca más a los negocios con los DD HH», y otras actitudes– politizó el tema. 

No obstante, resulta lógico que en un acto de repudio a la dictadura cívico-militar se cuestionen los ejes del modelo económico que hoy lleva adelante la gestión de Macri (gobierno democrático elegido legítimamente), porque tienen grandes parecidos con los que implementó la dictadura y lo que hizo Carlos Menem. Entonces, creo que hay que ver como un hecho normal que en ese recordatorio del 24 de Marzo haya un rechazo a las políticas económicas de este gobierno. 

Tampoco puede pasarse por alto el editorial de La Nación del 31 de marzo, en el cual el matutino asocia estas marchas, en las que se expresa la opinión popular, con la Ley de Defensa de la Democracia (1984), y plantea que hay, por parte del gobierno nacional, «cierta pasividad frente a los ataques contra las instituciones y la apología del delito que están cultivando sectores extremistas». Muy preocupante este comentario que intenta invalidar la opinión opositora al gobierno, y reinstala la palabra «extremistas» que tanto utilizó la dictadura.

Por ello, hay que seguir ratificando el derecho a la libre expresión y a la libertad de manifestarse, y apoyar el paro convocado para el 6 de abril, para que quede claro el deterioro productivo y el malestar social que están generando las políticas neoliberales de Cambiemos.

Pasión por la OCDE

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, intenta tener el aval de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la reforma impositiva que piensa implementar.

En un estudio publicado recientemente por la OCDE sobre estos temas, se destaca que en la Argentina los ingresos impositivos representan el 32,1% del PBI, cifra que solo es superada por Cuba (38,6%), mientras que los países de ese organismo tienen un promedio del 34% del PBI.
Uno de los consejos de la OCDE para nuestro país es «disminuir la legislación de protección al empleo para asegurar el mejor funcionamiento del mercado de trabajo y reasignar recursos hacia actividades más productivas». Un gran aval a las políticas de flexibilización laboral que intenta imponer el gobierno.

¿Será por eso que el presidente celebró la sanción de la Ley de Emprendedores, que más que fomentar el emprendedurismo tiene por objeto crear «Sociedades por Acciones Simplificadas» (SAS) que se pueden constituir con un capital de solo dos salarios mínimos? Como sucedió en muchos de los países en los que se han implementado, las grandes empresas podrían tener una legión de «emprendedores» que no serían más que «trabajadores sin beneficios laborales» y la contratación o cese de estos se regiría por las normas del mercado.

El organismo internacional también pide a la Argentina «reducir las cargas regulatorias y las barreras al comercio, las cuales continúan siendo mayores a las de los otros mercados emergentes o países de la OCDE, afectando la competitividad del país, la capacidad para incrementar las exportaciones y la integración en las cadenas globales de producción». Toda una definición de la liberalización en un mundo que tiende a volverse cada vez más proteccionista.

La OCDE no pasa por alto la necesidad de «mejorar la capacidad de los gobiernos subnacionales para ejecutar proyectos sin demoras innecesarias», para lo cual aconseja «utilizar la Ley de Participación Público-Privada (PPP) para inversiones en infraestructura, siempre apuntando a lograr un equilibrio entre los riesgos del sector privado y público». Lo dijimos en varias oportunidades, la PPP es la puerta de entrada a las privatizaciones.
En definitiva, la intención de Dujovne de acoplarse a las definiciones de la OCDE (organismo al que los funcionarios macristas desean fervientemente pertenecer, pensando que nos daría la patente de «nación del primer mundo») es una vía más para profundizar la aplicación del neoliberalismo en nuestro país.

Crece el endeudamiento y no llegan inversiones

Se conocieron los datos de la Balanza de Pagos y de la Deuda Externa para todo 2016: la deuda externa total aumentó un 13%, y la Deuda Externa del Sector Público, un 25 por ciento. 

Pero hay una forma alternativa de leer los datos del endeudamiento macrista. Corresponde recordar que por la Ley de Pago Soberano (derogada a instancias de Cambiemos) no existían atrasos puesto que no se podía abrir un nuevo canje. Sin considerar los atrasos, que no son más que una deuda incrementada artificialmente a fin de 2015 para justificar y disimular el endeudamiento por el pago a los fondos buitre, la deuda total crece un 19% y la Deuda Externa del sector público, un 39 por ciento. Estos cálculos alternativos revelan el fuerte endeudamiento externo del gobierno durante 2016.
Un dato para resaltar es que en nuestro país la Inversión Extranjera Directa (IED) arrojó un nivel de U$S 11.759 millones en 2015, mientras que en 2016 solo llegó a los U$S 5.745 millones, menos de la mitad de lo obtenido en 2015. Cabe señalar que gran parte de la IED de 2015 correspondía a la reinversión de utilidades (U$S 8058 millones). En 2016 solo hubo reinversión de utilidades por U$S 3945 millones, debido a la posibilidad de enviarlas al exterior, por lo cual la IED nueva solo alcanzó a los U$S 1800 millones. Sin duda, la recolección de inversiones productivas por parte del gobierno de Cambiemos viene significativamente atrasada, y difícilmente se dinamice este año.

Siguiendo con el sector externo, también es importante señalar la evolución de las importaciones. Hay una reducción de los bienes intermedios, que son principalmente insumos de las industrias, que está totalmente vinculada con la recesión. No obstante, el dato esconde que dentro de este rubro la importación de alimentos y bebidas como insumos para las industrias aumentó un 165% en el bimestre enero-febrero. Por su parte, las compras externas de bienes de consumo subieron el 15% en dicho período (las de alimentos, un 35%) y las de vehículos automotores, un 30 por ciento. La apertura importadora está haciendo su trabajo.

Los datos de producción de febrero son preocupantes. El Indicador Mensual de la Industria evidenció una caída interanual del 6%, el treceavo dato negativo ininterrumpido. En febrero todos los bloques sectoriales muestran reducciones en la producción. 

La construcción también exhibe una caída significativa en febrero del 3,4%, sumando 14 meses de reducción ininterrumpida. En este resultado impacta el importante crecimiento de asfalto (106%). Pero los sanitarios y los ladrillos caen, y el cemento (un insumo muy importante) no se recupera. Estos datos llevan a estimar que el sector más afectado es el de construcción de viviendas, y el que está impulsando la menor caída es la obra pública, basada especialmente en la renovación de calles y carreteras. Esto es lo que ofrece el gobierno de Macri y, por lo tanto, no tiene que asombrar la disconformidad de la ciudadanía que se expresa en las calles. «