En la audiencia del 12 de septiembre estará en discusión una suma que ronda los 1500 millones de dólares. Esa era la renta diferencial con que iban a quedarse las empresas gasíferas como consecuencia del aumento tarifario que anuló la Corte.
Aunque el mercado local de producción de gas natural se achicó en volumen en los últimos años, creció fuertemente en términos de dinero con los cuadros tarifarios que el gobierno puso en vigencia en abril, que incluían una mayor remuneración al flujo que las empresas inyectan en los gasoductos, valor más conocido como a boca de pozo. Dependiendo de la cuenca de origen, se les reconoce un precio de entre 4,50 y 5,50 dólares por millón de BTU, unidad internacional en la que se comercializa el gas, contra los 2,50/2,70 dólares anteriores. El nuevo monto es incluso superior al que se le paga a Bolivia por el gas que envía a nuestro país, de 3 dólares por millón de BTU.
Teniendo en cuenta los informes del Enargas que calculan una producción semestral de algo más de 15 mil millones de metros cúbicos, el negocio de las gasíferas en nuestro país rondaría los U$S 5500 millones anuales, de las cuales YPF, Total y Pan American Energy se quedan con cerca del 75 por ciento. La cifra supera los US$ 7000 millones si se considera el gas importado, aunque es variable según la manera en que se distribuye entre los clientes ya que las grandes industrias, los comercios y los usuarios residenciales tienen tarifas distintas. Estos últimos, protegidos por el fallo de la Corte, consumen entre el 25 y el 30% del gas. Esa es la fracción del negocio que se discutirá en la audiencia. «
Crónica de una caída anunciada
No tengo problema que caiga uno de los míos, también me fortalece, le habría dicho el presidente Mauricio Macri a la actual jefa de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso. La anécdota data de diciembre pasado y, orden, deseo, o corrupción mediante, finalmente se concretó este viernes cuando fue removido el ex carapintada Juan José Gómez Centurión de la jefatura de la Aduana. La remoción fue preventiva, explicaron a Tiempo fuentes de la Casa Rosada, que también confirmaron el origen anónimo de las pruebas que desembocaron en el despido. Se trata de decenas de escuchas telefónicas realizadas al teléfono de Gómez Centurión y aportadas por manos anónimas. Los audios también fueron a parar a distintos medios.
La denuncia penal contra Gómez Centurión fue presentada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ex compañera de bancada de Alonso hasta el año pasado, y quedó en manos del magistrado Ariel Lijo. En el escrito también están acusados Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias ‘Cuqui’, empresario paraguayo ex dueño de Lo Jack; Edgardo Paolucci, director de Aduana en el Puerto de Buenos Aires; Rita María Ailán, jueza en lo Contencioso Administrativo Federal; Gustavo Mariscurrena, jefe de courier del aeropuerto de Ezeiza; Julio César Tizado, empleado de Barreiro Laborda; Federico Tiscornia, también empleado de ‘Cuqui’; Néstor Orlando Frega, alias el ‘Turco’, empleado de la misma persona, Ignacio Allievi, subdirector general de Control de la Aduana y Claudio Minicelli, cuñado del diputado Julio De Vido.
En las escuchas anónimas aparece presuntamente Gómez Centurión cerrando una operación donde le pide un millón y medio de dólares a distintos empresarios vinculados con la importación y exportación.
Gómez Centurión fue soldado paracaidista del Ejército Argentino y combatió en Malvinas bajo órdenes de Aldo Rico y Mohamed Alí Seineldín. Sobre sus espaldas cargan acusaciones del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) por haber torturado conscriptos bajo su mando en campo de batalla, pero es el militar con más condecoraciones durante el conflicto armado. Bajo órdenes de Rico participó de dos alzamientos carapintadas contra el gobierno de Raúl Alfonsín. El año pasado fue mencionado como posible ministro de Defensa de Macri, que finalmente eligió al radical Julio Martínez. Por entonces Gómez Centurión venía de comandar la AGCC, una de las áreas más sospechadas y acusadas de corrupción, cuya planta de personal cuenta con numerosos ex miembros de las Fuerzas de Seguridad federales.
Desde el viernes el ex carapintada es el primer funcionario del gobierno que es despedido por sospechas de corrupción, en una repartición jaqueada por la vidriosa relación que mantienen agentes de aduana, funcionarios, inspectores fiscales y grandes empresas. Hace un año y medio, la por entonces presidenta Cristina Fernández ordenó a su secretario de Inteligencia Oscar Parrilli que denunciara al ex espía Antonio Stiuso por formar parte de una asociación ilítica que realizaba contrabandos junto a distintos funcionarios del aparato de inteligencia y de la Aduana. El caso quedó en manos del juez federal en lo penal y económico N° 3 Rafael Caputo.
