Es indudable que toda la planificación macroeconómica del gobierno para 2018 pasó a mejor vida luego del primer trimestre del año al calor de la seguidilla de corridas cambiarias que, ente otros efectos, terminaron llevando el valor del dólar a alrededor de $40. El presupuesto aprobado a fin de diciembre de 2017, por caso, contemplaba un dólar promedio para 2018 de $19,30.
Al mismo tiempo, los planes del gobierno explicitados en la ley de presupuesto implicaban la reducción del déficit primario en un punto del PBI con relación al 4,2% alcanzado en 2017. El nuevo escenario, que tuvo como desenlace un primer acuerdo con el FMI, trastocó esos planes y el objetivo de un déficit primario equivalente al 3,2% del PBI se modificó hasta el nuevo patrón del 2,7%.
Para eso, desde el ejecutivo se promovieron nuevos recortes sobre programas de infraestructura y, en los hechos, un nuevo ajuste sobre el gasto social. Por un lado por la vía de la devaluación y la inflación y, por el otro, por el de la subejecución presupuestaria.
Así las cosas, los principales sectores afectados al recorte del gasto público y la subejecución fueron aquellos vinculados con el gasto social. En particular, entre salud, educación y ciencia, el gobierno escatimó el giro de fondos pautados en el presupuesto por un monto acumulado de más de $30 mil millones.
El número surge de los datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda que fueron sistematizados por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). El informe, además, destaca que “el ajuste total del gasto fue del 15,6% real (neto de inflación) en el año pasado y en comparación con 2017”.
Para el Observatorio, “en el detalle, y según el criterio de lo devengado, se tienen recortes de 17,8% en salud pública, del 22,4% en educación, de 23,5% en promoción y asistencia social, de 31,8% en ciencia y técnica y de 54,7% en trabajo, entre otros”.
Al mismo tiempo destaca que “una de las únicas funciones del gasto que no disminuyeron en 2018 es la relativa a servicios de deuda, que aumentó 13,1% real”.
Es por ese motivo que, más allá de que los propios objetivos de reducción del déficit primario se ven cuestionados por el impacto de la política recesiva sobre la recaudación (cayó más de un 10% real en 2018), el estado de las cuentas públicas, tomando en cuenta el denominado déficit financiero, a pesar del ajuste, no ha mejorado.
De hecho, con relación al gasto total, el déficit se ubica en un 21% equivalente a apenas dos puntos menos que el año anterior mientras el déficit primario pasó de un 14% a un 8%. Al mismo tiempo, los intereses de la deuda explican un 67% del déficit total y equivalen a un 2,8% del PBI de 2018 que ascenderán a 3,2% para 2019. Entre 2017 y 2018 crecieron un 70,5% hasta los $383.486 millones que superarán los $500 mil millones para 2019.
Por último, el estudio destaca: “Ampliando el espectro, se tienen recortes fenomenales en el acumulado desde 2015. Si se computa la variación real del gasto en los tres años, se encuentras mermas en la inversión pública del 57,7% en vivienda y urbanismo, del 55,6% en políticas laborales y del 53,8% en industria.”.
Por último, el instituto liderado por el economista Santiago Fraschina asegura. “En relación al rubro manufacturero, la reducción es brutal y sistemática. Además del mencionado recorte acumulado, si se incorpora la proyección de presupuesto 2019, la reducción de partidas para política industrial trepa al 57% en solo cuatro años”.
Entre otros detalles, el informe de la UNDAV destaca que, a diferencia de lo que sostiene la teoría económica ortodoxa, la caída del gasto no se tradujo en una desaceleración de los precios. En 2018 la inflación alcanzará un 48% (contra un 26,1% de 2017) mientras que el gasto se redujo un 24,2%.
