Esta semana el mundo empresario se las arregló para conservar las formas de la diplomacia y cultivar la cautela frente a los reclamos que los gremios de la CGT presentaron al gobierno, y cuyo cumplimiento reclamaron como «necesario» para evitar el llamado a un paro general en rechazo a la política económica oficial.

Por debajo, la posición general ante la posibilidad de tener que cumplir con el pago de un bono de fin de año (una de las demandas de la central obrera) fue de total rechazo, el mismo que viene enarbolando desde el Mini Davos, aun cuando reconocen que la entidad sindical hizo todo cuanto pudo para que quede clara su voluntad de evitar la protesta. Incluso después de que la central obrera se bajó prácticamente por las suyas de la reapertura de las paritarias, reclamo número uno de los trabajadores en una economía que va a cerrar el año con un 45% de inflación.

Si bien los empresarios juran y perjuran que sufren la crisis como cualquiera, también muestran matices en sus respuestas. Así, el dirigente aceitero Alberto Rodríguez le bajó los decibeles a la polémica y aseguró que su sector particular «todavía no se sentó a analizar» el posible pago de un bono para cerrar 2016. «Lo vamos a analizar más adelante», lanzó el dirigente cordobés a Tiempo. El tono fue en principio descontracturado, pero enseguida se convirtió en desacuerdo: «Por el momento no es una situación que necesitemos hacer» en el gremio de los aceiteros.

Rodríguez explicó que «faltan tres meses para fin de año y este no es un sector que tenga salarios bajos, así que no estamos pensando en un bono». Consultado sobre su posición a nivel nacional, reconoció que «quizá hay situaciones en las que corresponde atender el reclamo si es que hay posibilidades», pero no se refirió con precisión a ningún sector particular.

En cambio, el secretario de la Unión Industrial (UIA), José Urtubey, tuvo un comentario mucho más tajante: «No existe ninguna posibilidad de que las empresas paguen bonos generalizados.»

El dirigente salteño expresó que en caso de que las privadas cedan ante el pedido de la organización sindical, los pagos «van a depender de qué pautó (en materia salarial) cada sector y con qué características», porque cualquier bono de fin de año «tendrá que ver con la modalidad de negociación salarial» específica.

En última instancia, subrayó, «no hay posibilidad de bonos generalizados» y lo único seguro a esta altura de la negociación es que «hay mucha expectativa» con la próxima reunión entre el gobierno y la mesa de la CGT, de la que se espera que salga un acuerdo o un paro nacional.

La «expectativa» real no es tanto en relación con los gremios como frente a lo que finalmente decidirá el gobierno. En las empresas saben que el creciente malestar social generado por la política económica gubernamental es una papa caliente que demanda un tratamiento especial. También están conscientes de que las legislativas 2017 están en juego y saben que la obsesión de Balcarce 50 por las encuestas podría jugar en contra del sector privado en este momento particular.

Las pymes (críticas desde los albores de Cambiemos) se sumaron al rechazo del bono. El presidente de la Confederación General Empresaria de la Argentina (CGERA), Alberto Fernández, defendió «que los trabajadores cuenten con mejores ingresos para abonar el mercado interno», pero aclaró que «no necesariamente tiene que ser un bono y menos para que lo paguen las empresas que no pueden».

Francisco Dos Reis, del CEEN, que también agrupa a pymes, reclamó la reapertura de la discusión salarial: «Para evaluar la pérdida del poder adquisitivo del salario ante el proceso inflacionario», explicó. «