Al día siguiente del vencimiento de $ 403 mil millones  de Lebac –otro supermartes– funcionarios del gobierno nacional y economistas afines salieron a difundir un mensaje de optimismo que sorprendió a propios y extraños en medio de la crisis económica. El mensaje decía que pese al panorama actual, la economía está destinada a recuperarse en 2019.

El estímulo coincidió en tiempo y espacio con la advertencia generalizada de que en los próximos meses los despidos empezarán a tallar con fuerza en el sector privado, principalmente entre las empresas que no pueden trasladar a precios el impacto de la devaluación y el encarecimiento de los costos, y en las que dependen de los rubros alcanzados por el ajuste del FMI.

Sólo en la construcción, a fin de 2018 el bajón económico podría costar 60 mil puestos de trabajo, el 5% del total de personas ocupadas que, entre formales e informales suman cerca de 1.200.000  trabajadores, según cálculos de Pedro Brandi, presidente del Grupo Construya.

El ejecutivo indicó que la caída de la obra pública alcanzará a los fabricantes de insumos y agregó que en la primera parte de 2019 la caída de la actividad puede llegar al 15%, arrastrando otros 60 mil empleos adicionales.

Esa nueva caída sería irreversible pese a que el sector espera una recuperación a partir de abril vía proyectos de Participación Público Privada (PPP) que el gobierno se comprometió a sostener en el marco del año electoral.

En el sector industrial, muchas compañías pierden negocios después de atravesar largos meses de suspensiones y despidos. Otras tantas ya cerraron sus puertas, dejando atrás un tendal de desempleados.

Los analistas que miran al gobierno desde puntos de vista alternativos van al detalle del razonamiento empresario con foco en las cuentas de los sectores productivos y pymes.

Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, refirió que las empresas «no pueden hacer integralmente el ‘pass through’ (traspaso de la devaluación a precios) porque no venden» y comparó con crisis previas: «Hasta el momento se trasladó el 35%. En 2014 se trasladó hasta el 80% y en 2016 se trasladó el 102%, es decir que el consumo continuaba pese a la inflación».

En la actualidad, las empresas «achican, suspenden, buscan Repro, cierran y despiden, así que la expectativa es que en los próximos meses habrá pérdida de puestos de trabajo».

Los sectores más comprometidos, destacó Ponce, son los destinados al consumo interno. Ariel Aguilar, de la Cámara de Manufacturas de Cuero (CIMA), señaló que este año «no hay consumo y eso va a repercutir en más cierres de pymes» en lo que resta de 2018.

Según Aguilar, «desde diciembre de 2015 cerraron 80 empresas con 3000 despidos. En calzado cerraron otras 300 fábricas con 7000 despidos y tenemos 25 curtiembres que bajaron las persianas. La cadena del cuero ya perdió 13 mil puestos de empleo». Y a futuro la tendencia sigue «porque los números del Presupuesto, por ejemplo, sobre consumo hacen prever un escenario de más cierres de comercios y pymes», explicó.

Otro sector afectado será el textil, que espera redondear 2018 con una pérdida total de 30 mil empleos sólo en el ramo de la confección. En el sector de los sweaters ya cerró el 30% de las empresas que había en el país.

Pero la tendencia sigue. El jueves pasado, en la convención anual de la Fundación Pro Tejer, el presidente Yeal Kim reconoció a la prensa que en la industria «se vienen más despidos y más suspensiones» porque la política económica «está lejos de solucionar los problemas de fondo». Y el director Ariel Schale reconoció que el futuro de la actividad «es de destrucción del empleo» aunque no le puso números al pronóstico.

Los que sí numeraron son los automotrices, que sólo el jueves reconocieron 5500 suspensiones en Fiat, Renault y General Motors «por caída de demanda y acumulación de stock». Curiosamente, el presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, alentó la corrida que llevó el dólar a $40,15 el 30 de agosto pasado.

Al cierre de esta nota no se sabía si Ratazzi asumió personalmente la tarea de comunicar las suspensiones a los obreros cordobeses.

Los analistas afines al gobierno que adelantaron un período de despidos importante en empresas privadas ven el fenómeno como inevitable en el contexto de la crisis. Algunos incluso sostienen la «necesidad» de que el sector privado compense de alguna manera el ajuste que hizo el gobierno en el sector público desde su asunción en diciembre de 2015.

Los registros del presidente Mauricio Macri y de sus funcionarios, que los muestran clamando por apoyo en todos los foros empresariales, son vibrantes alegatos de la expectativa que tiene la alianza gobernante de que sus aliados principales compartan el precio que hay que pagar por las medidas impopulares. Macri no puede asegurar que las empresas van a cumplir con las medidas impositivas recientes pero sí que en muchos casos se van a encargar de hacer que el hilo se vuelva a cortar por lo más delgado. «