En su acto por el 1 de mayo, la conducción de la CGT sorprendió con el reclamo de la reducción de la jornada laboral. Casi en tándem se presentaron en el Congreso al menos dos proyectos del Frente de Todos en el mismo sentido. Las iniciativas apuntan a reducir la semana laboral desde las 48 horas vigentes hasta las 40 o 36 horas.

En sus discursos, tanto Héctor Daer como Carlos Acuña presentaron esa variante con el propósito de desafiar la propuesta de reforma laboral que impulsan los candidatos de Juntos por el Cambio.

Por eso, el documento que difundió la central obrera sostiene que “un modelo económico incluyente debe privilegiar el valor del trabajo y distribuir más equitativamente los frutos de la productividad”.

Según el adelanto de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) al que accedió Tiempo, efectivamente, desde 2016 a 2022 se generó “una ‘brecha’ de productividad no pagada a los trabajadores que alcanza hoy un valor acumulado de 16%”. La ‘brecha’ llegó hasta un 20% en 2021.

La medición se desprende del informe Cuenta de Generación del Ingreso, del Indec, que analiza la evolución del PBI con relación a los puestos de trabajo existentes. El estudio del CEPA señala que “desde el último trimestre de 2019 hasta la actualidad, la productividad laboral por puesto subió 14%, mientras que los ingresos reales de los asalariados solo mejoraron 2 por ciento. Es decir, el 83% de la mejora en la productividad laboral de estos últimos 3 años se la quedaron las empresas”.

La fuente de la mejora

Sin embargo, a contramano de lo que sugiere el documento de la CGT, ese aumento de la productividad laboral no resultó particularmente de una incorporación de tecnología a la producción, capaz de incrementar el producto por trabajador, sino sobre la base de una gigantesca pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, o sea, de un incremento extraordinario de la tasa de explotación.

El salario real de los trabajadores registrados cayó, entre 2016 y 2022, un 17% mientras que el sector público resignó un 22% y el sector privado no registrado, hasta la mitad de 2022, había perdido un 33% de su poder adquisitivo.

Excluyendo al sector público, según el informe de CEPA, las remuneraciones al trabajo asalariado pasaron de representar el 43% del valor agregado en el segundo semestre de 2016 a apenas el 36,1% en el mismo período de 2022, tocando un piso del 35% para el primer semestre de ese año. En tanto, el excedente de explotación bruto, equivalente a las ganancias empresarias, escaló desde el 48,4% en 2016 hasta un 51,6% a fines de 2022.

De allí surge que, por lo tanto, no es posible “distribuir más equitativamente los frutos de la productividad” en la medida en que, esa mejora en la productividad, se obtuvo precisamente a expensas de la clase trabajadora.

Las responsabilidades

Para la CGT, abordar el problema de la productividad laboral desde esa perspectiva hubiera implicado poner el foco en la caída del salario producto de la escalada inflacionaria y, por lo tanto, en la política económica del gobierno. Al mismo tiempo, hubiera puesto de relieve su propia responsabilidad a la hora de preservar el poder adquisitivo de los salarios.

El planteo de la CGT sería válido si la mejora en la productividad hubiera estado acompañada de un sostenimiento del salario real, algo que, en términos teóricos, resulta perfectamente posible y se conoce como un incremento de la plusvalía relativa.

Para que eso ocurra debe registrarse una mejora en la inversión en bienes de capital y, en particular, en tecnología de punta. Más allá de algunos sectores puntuales, lo cierto es que, según datos del INDEC, la formación bruta de capital fijo, que incluye las reinversiones para el mantenimiento del capital (depreciaciones), se mantuvo relativamente constante con relación al PBI entre 2016 y 2022 en el orden del 21% en general y de entre el 7 y el 10% en el segmento de maquinarias y equipo durante el mismo período.

El uso de la capacidad instalada de la industria en los mismos años promedió un 62,5% que indica un margen amplio de capital ocioso y, por lo tanto, un escaso incentivo para la inversión y renovación de capital.

Como «para muestra basta un botón» resulta que, según los balances públicos disponibles en la Comisión Nacional de Valores, empresas de primer orden en la Argentina que, entre 2020 y 2022, exhibieron una mejora en sus balances económicos, contradictoriamente declararon una disminución del stock de bienes de capital. Telecom Argentina, por ejemplo, según su estado patrimonial, redujo sus “Propiedades, Planta y Equipo” un 7% en 2021 respecto de 2020, para volver a contraerlos en un 9,7% un año después. La alimenticia Molinos, de la familia Pérez Companc, según la misma fuente, contrajo el mismo ítem en un 7,8% en 2021 y en un 5% adicional en 2022.

La reducción de la jornada revertiría parcialmente ese retroceso en la participación de los salarios en el valor agregado si se realizara sin afectación del salario, algo que la conducción de la CGT no aclaró.

Con todo, y más allá de la real disposición de la cúpula cegetista a encarar esa pelea o la viabilidad legislativa de los proyectos presentados, el primer paso debería ser la recuperación del poder adquisitivo de esos salarios porque, en rigor, el 30% de la fuerza laboral, incluido el sector registrado, se ve afectado por el sobre-empleo (por encima de la jornada laboral vigente) y como herramienta para intentar preservar sus ingresos. La palabra «salario», sin embargo, no aparece en ningún párrafo del documento leído por la CGT en la cancha de ‘Defe’. «