La llamas de la política que la alianza Cambiemos aplica sin anestesia desde el 10 de diciembre todavía no ceden, pero el segundo tramo del ajuste que desde un sector de la industria denominaron esta semana como «reformas de segunda generación» ya está listo en los escritorios de las grandes corporaciones. El término fue acuñado en las usinas de la industria de la alimentación, pero coincide con la impronta discursiva de otros sectores de la actividad nacional que con fuerza creciente hacen conocer sus demandas de cara al segundo ciclo de la administración de Mauricio Macri.

El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, explicó a Tiempo que entre las primeras demandas de las empresas figuran «la necesidad de encarar los temas fiscales, así como también los costos logísticos y costos financieros». También integran la lista lo que el empresario denominó como «cargas burocráticas», en referencia a los trámites, por ejemplo, para registrar una firma que se propone empezar a operar.

«Los costos no salariales laborales, como el ausentismo, y el problema de las ART», son las asignaturas que los empresarios tienen en el tope de su agenda para los meses que vienen, «entre muchos otros aspectos», avisó el dirigente empresario, que defendió las reformas supuestamente en línea con el objetivo de «trabajar para conseguir una Argentina más competitiva porque hoy no somos competitivos a nivel internacional».

La última frase de Funes de Rioja hace juego con lo que dejó en resumen el largamente difundido foro que se conoció como Mini Davos, que impulsó el gobierno con el fin de seducir inversiones extranjeras. El resultado de ese foro en términos de desembolsos concretos fue de modesto para abajo, comparado con la cantidad de condiciones que pusieron las compañías para traer sus dólares a la economía local.

En diálogo con este medio, el titular de Copal resaltó que el segundo tramo del ajuste «requiere la intervención de los gobiernos nacionales y provinciales», para «levantar las cargas que quedan y armar un cronograma de reformas que permitan que una empresa se pueda constituir en un día, que se reduzcan los trámites, y tarden menos los registros de los alimentos».

Este medio preguntó sobre el impacto social de las «reformas de segunda generación», teniendo como referencia el tendal que dejó la primera estocada en términos de despidos, pérdida del poder adquisitivo y aumento de la pobreza y de la indigencia. Funes de Rioja señaló que «la Argentina necesita un gran compromiso activo de la sociedad para generar empresas y empleo. Eso no se puede hacer sin empresas. El empleo público es del 32% del total, altísimo.» Y agregó que «queremos un Estado eficiente y eficaz, pero hoy la realidad tiene mucho empleo público. Hay que generar incentivos y oportunidades para el empleo privado», concluyó.

En un comunicado dado a conocer esta semana, Copal defendió también «la necesidad de avanzar en la revisión del esquema de reintegros a las exportaciones» en el corto plazo como una medida «para compensar la presión impositiva, y mejorar la competitividad» de las economías regionales fundamentalmente.

En tanto, el presidente de IDEA, Ignacio Stegmann, anticipó que el próximo Coloquio, que arrancará el 12 de octubre en Mar del Plata, se discutirán condiciones para la generación de empleo «a partir del conocimiento aplicado a sectores tradicionales, a la innovación agrícola, al sector industrial».
Stegmann señaló también que «es importante la normalización del frente externo, del sistema cambiario, del mercado de divisas, atender mecanismos de comercio y la disminución de las trabas a las importaciones para desarrollar un perfil de cara al mundo pero sin descuidar el mercado interno».
Demandas similares ya fueron presentadas durante el congreso del Instituto de Ejecutivos de Finanzas, realizado el viernes pasado en Córdoba. «