Los empresarios, que vienen de largas semanas de intenso lobby para salir de la cuarentena en forma “sostenible” con el fin de reactivar la economía, llegaron al cierre de la semana más preocupados por el devenir del coronavirus que por la reapertura de los negocios.
En las vísperas de anteriores renovaciones de la política de confinamiento, la presión de los empresarios se destacó en los pasillos de gobierno y en los medios de comunicación pero esta vez, si bien las gestiones de todo tipo siguieron, el tono fue otro.
Miguel Blanco, referente del Foro de Convergencia Empresarial (FCE), que representa a varias decenas de las cámaras privadas y entidades afines de la sociedad civil, aseguró a Tiempo que la dirigencia privada consideró la información sanitaria, la propia y la que le proporcionan los gobiernos nacional y provinciales, con especial interés en las características de la curva de contagios, que en los últimos días apreció una escalada alarmante.
“Estamos ante un aumento de la tasa de infectados. La curva venía plana y empezó a crecer. Es cierto que hay más casos porque aumentaron los testeos pero por eso mismo creemos que hay que tener mucho cuidado con lo que puede pasar, sobre todo en lugares vulnerables. La situación es de alerta para que no tengamos un desborde”, señaló.
Blanco tiene referencias sanitarias de primera mano porque es director general de la prepaga Swiss Medical, pero como dirigente de foros representativos (además del FCE es parte del instituto IDEA) dejó en claro que la voluntad principal sigue siendo abrir los negocios “con cuidado y con protocolos. Es importante segmentar, vigilar el transporte, la separación dentro de las empresas, y los turnos inclusive” porque “esta vez sí llegó la hora de la sintonía fina”.
Señales
Pero hasta la racionalización más detallista se desdibuja frente a la capacidad reproductiva del coronavirus. Los empresarios que hace un mes recomendaban armar una mesa de economistas que cuente con ideas para abrir las fábricas y comercios, esta semana se resignaron lentamente a una renovación de la cuarentena incluso más estricta por el nuevo escenario.
Pero las razones no son únicamente sanitarias sino que también resultaron de interminables rondas de negociación que se produjeron en la semana a través de plataformas de videoconferencia; conversaciones internas entre CEOs de empresas y de esos directivos con asesores de consultoras, así como otras tantas que tuvieron con funcionarios de los distintos niveles de gobierno.
En medio de esos encuentros hubo cruces. El fin de semana pasado, el portal El Destape reveló que grandes jugadores de la economía local, como los grupos Techint y Clarín, Ledesma y Vicentín, cobraron este mes el programa ATP con el que el Estado subsidia el 50% de los salarios por la crisis del Covid-19 correspondientes al mes de abril.
La noticia provocó un escándalo, especialmente en el caso de Techint, que utilizó esos fondos para pagar a once de sus ejecutivos incluyendo a Carlos Bacher, responsable de 1500 despidos en el arranque de la cuarentena.
Respuestas
Pero también provocó la reacción de los legisladores del Frente de Todos en el Congreso a través de la diputada Fernanda Vallejos, que amagó con un proyecto de ley para estatizar las empresas que pidieron la ayuda del Estado (ver entrevista en la página 14). El planteo cayó muy mal en el empresariado. Por caso, el vice de la UIA y referente de la industria de alimentos Daniel Funes de Rioja lo descalificó por “injustificado e inoportuno”. Además, fue motivo de demonización por parte de los analistas políticos y económicos más cercanos al establishment.
El gobierno nacional respondió, primero, con la inclusión de una cláusula por la cual las empresas que usen los fondos de la ATP, se abstendrán de adquirir dólares para atesorar en cualquiera de sus formas y no podrán repartir utilidades ni recomprar sus acciones.
Con el tira y afloje instalado, y las grandes firmas quejándose por lo que consideraban una decisión con carácter retroactivo, el gobierno habilitó la posibilidad de que las empresas devolvieran el dinero recibido para pagar la mitad de los salarios, cosa que al cierre de esta nota no se produjo.
Esas idas y vueltas fueron equilibrando la relación de fuerzas hasta que se llegó a un clima de estabilidad al menos circunstancial. El avance de la negociación de la deuda también aportó lo suyo. Blanco, por caso, opinó que “en realidad estamos en default pero parece que hay acercamiento con los bonistas y eso es bueno para las inversiones pero también porque las empresas tienen que aprovechar un mundo a tasas negativas para captar fondos”.
Por otra parte las propias alimenticias que se habían molestado por la estocada de Vallejos terminaron convocadas por los ministerios de Desarrollo Productivo y Desarrollo Social a participar de licitaciones públicas para abastecer la demanda de comida por parte de 11 millones de personas.
