El sector del empresariado que apoyó con más decisión al gobierno nacional en plena corrida cambiaria de las últimas semanas volvió a salir al ruedo como soporte de Balcarce 50, esta vez con un pedido escrito de “responsabilidad” a los senadores que se aprestan a tratar un freno al tarifazo de los servicios.

Los dirigentes enviaron la misma carta a los gobernadores de las provincias a quienes los legisladores responden políticamente.

El denominado Foro de Convergencia Empresarial (FCE), en el que confluyen ochenta entidades de lobby entre cámaras empresariales y asociaciones de la sociedad civil, envió dos cartas en cuyos primeros párrafos les recordó a los legisladores que ya en 2015 les planteó la necesidad de aumentar las facturas de electricidad, gas y trasporte, entre otros servicios públicos.

En la misiva, a la que accedió Tiempo, fechada el 22 de mayo, los empresarios argumentaron que el tarifario subsidiado: “había producido distorsiones significativas en la economía y llevado a la Argentina a convertirse en un importador neto de recursos energéticos, cuando antes los exportaba”.

Y rememoró a los destinatarios que los encuentros que presuntamente tuvieron lugar hace tres años: “hubo coincidencia en que (la política tarifaria anterior) había desalentado la inversión en generación, transporte y distribución y había aumentado indiscriminadamente el consumo de estos recursos escasos por parte de la población”.

Como recurso compensatorio, los empresarios del FCE propusieron recortar impuestos que las administraciones locales cobran sobre las tarifas “y que en algunas jurisdicciones llegan al 40% adicional del servicio eléctrico cobrado”, aseguraron, en línea con la estrategia de la Casa Rosada, que intenta desviar el peso de la polémica hacia las administraciones políticas del interior.

Otro “aliciente” propone que se exceptúe de los aumentos a “las familias en situación de pobreza” porque “consideramos que corresponde abonar el costo de generación, de lo contrario nuevamente faltarán las inversiones”, advirtieron además de reclamar “esfuerzos para alcanzar un equilibrio fiscal”, dos argumentos también en sintonía con el discurso de la administración Cambiemos.

Aunque no son pocos los socios de las cámaras asociadas al Foro de Convergencia que mantienen una posición por lo menos distante de la política energética del oficialismo (la ruralista Coninagro dio cuenta oficialmente de su malestar por los aumentos), la carta que recibieron legisladores y gobernadores reza que: “Estamos convencidos que los últimos aumentos de las tarifas de electricidad decididos por el Gobierno siguen las pautas dictadas por la Corte Suprema de la Nación y fueron aprobadas en audiencias públicas, por lo tanto cumplen con los requisitos legales pertinentes”.

Agrega que: “Creemos también que la discusión que culminó en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se propone retrotraer los aumentos a los valores de Noviembre2017, no tienen en cuenta el costo de prestación del servicio”. Y asegura que a la par: “Pone en riesgo, no sólo el proceso de reducción sistémica del déficit fiscal nacional, sino también uno de los factores importantes para eliminar las dudas de los inversores sobre la voluntad de Argentina en corregir sus problemas estructurales”.

En ese marco, el FCE llamó: “A la responsabilidad a los integrantes del honorable Senado de la Nación y demás dirigentes políticos de todos los partidos, para que trabajen en conjunto con el Gobierno Nacional en pos de encontrar soluciones a la crítica situación del sistema energético nacional, descartando medidas que nos hagan retroceder en el camino trazado”, concluyó la misiva que firmó Miguel Bianco, dirigente de Swiss Medical y coordinador del FCE.