Mediante un escueto comunicado, apelando a frases eufemísticas y bajo el engañoso título “Actualización de los datos del Monotributo Social Agropecuario”, el Ministerio de Agroindustria informó este jueves que a partir de 2019 dejará de aportar los 268 pesos que corresponden a la obra social del empadronado y también el proporcional para sus familiares adherentes. De este modo, deja disuelto de facto este beneficio a costo cero creado en 2009 con la intención de brindar a los agricultores familiares aportes jubilatorios, cobertura médica y un primer paso hacia la formalización de esa actividad productiva.
Los beneficiarios del Monotributo Social Agropecuario (MSA) son unos 100 mil, entre empadronados y adherentes. La cobertura de salud estaba hasta ahora repartida en un 50 por ciento por el Ministerio de Desarrollo Social y otro 50 por ciento por el de Agroindustria. Quienes podían solicitar el beneficio eran pequeños productores que facturaran hasta 72 mil pesos anuales, es decir apenas 6 mil pesos mensuales. La precariedad de su situación económica es tal que cuando se puso en marcha el MSA hubo que aclarar que no invalidaba el cobro de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo, porque los trabajadores temían quedarse sin esa pequeña ayuda por registrarse como monotributistas.
“Esta medida se veía venir de alguna manera porque hacía un año que Agroindustria no habilitaba la posibilidad de obtener el monotributo agropecuario y por eso planteamos una acción de amparo”, sostiene Francisco Caputo, abogado de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que hace dos semanas tramitó el amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata. “La decisión de anular este beneficio es inconstitucional, los tratados internacionales que tienen rango constitucional desde la última reforma definen con claridad que los beneficios sociales otorgados no pueden ser eliminados por un gobierno, hay un principio de ‘irregresividad’ que debe respetarse”, explica Caputo.
La medida es un paso más hacia el vaciamiento de las políticas vinculadas con las pequeñas unidades familiares del ámbito rural, que se iniciaron con el desmantelamiento de numerosos programas de asistencia, el despido de 530 técnicos y administrativos dedicados a esos programas tanto en el Ministerio de Agroindustria como en otras reparticiones públicas, además de la eliminación lisa y llana de la Secretaría de Agricultura Familiar.
Con estas medidas, el Gobierno confirma que no considera a los miles de agricultores familiares que participan activamente de las economías regionales como actores productivos y su política es derivar las cuestiones relacionadas a su atención al Ministerio de Desarrollo Social. No obstante, esos huerteros y campesinos son los responsables del 65 por ciento de los alimentos que consumen los argentinos y el beneficio potencial que podrían desarrollar con adecuadas políticas públicas que contemplen sus derechos económicos es enormemente superior a los insignificantes 30 millones de pesos de ahorro que calcula el responsable del área, Santiago Hardie, con la anulación del monotributo agropecuario, según una nota publicada en el diario La Nación este viernes.
Junto a las dificultades que significará para los beneficiarios el quite de la cobertura médica y los aportes jubilatorios, la medida volverá a sumir en la informalidad a toda la actividad. El registro que hasta ahora se llevaba de los adherentes al MSN era importante para hacer visibles a los trabajadores y planificar políticas públicas destinadas al sector. Por otra parte, era una herramienta que podía ayudar a que los productores pudieran acceder a la comercialización de forma directa, sin ser explotados por los intermediarios, más allá de que en la práctica se había avanzado muy poco en ese terreno.
