Una de las decisiones más polémicas del macrismo fue la de dolarizar el precio de la producción de gas. A partir de esta política, y de haber impuesto un precio de gas para las petroleras cuya conformación nunca fue transparente, las disparadas del dólar tienen un impacto directo en las tarifas que pagan los usuarios. Esto, sumado a la reducción de subsidios, hizo que los precios de los servicios básicos sufrieran aumentos traumáticos.
Marcos Rebasa, director del Observatorio de Tarifas de la UMET (OTA), explicó a Tiempo: «La devaluación no afecta sólo a la tarifa de gas, sino a la de electricidad (NdeR: el principal insumo de la producción de electricidad es el gas). Todo el mundo, incluso el gobierno, sabe que no se puede trasladar automáticamente la devaluación a los valores previstos por el esquema armado por (el exministro de Energía, Juan José) Aranguren. Lo dijo el propio (actual ministro, Javier) Iguacel. No es lógico, no es razonable y sería explosivo». Para Rebasa, «el tema es el quantum (cantidad). El principal conflicto que tiene el gobierno ahora es la brecha que se produjo entre los distribuidores, que reciben en pesos las tarifas de los usuarios, y las petroleras, que tienen un contrato por valor dólar». Las distribuidoras reciben el pago de la tarifa por parte de los usuarios, con un dólar valuado en $ 20 en la última actualización tarifaria. Hoy, el dólar roza los $ 40 y las gasíferas reclaman la diferencia.
«La solución es desdolarizar las tarifas y establecer un precio justo para la producción, cosa que el gobierno no va a hacer. Mientras, el tema es ver hasta qué punto se puede trasladar a tarifas la devaluación del peso. La resolución es compleja. El gobierno puede hacerse cargo de esa diferencia y pagar a las petroleras». Esta resolución echaría por tierra el espíritu de la «recomposición tarifaria» del propio gobierno, que era reducir el déficit fiscal. La derrota sería doble: pagaría el costo político de los brutales aumentos y no reduciría el gasto.
Algunas cuentas
Desde la actualización tarifaria de abril hasta la fecha, el valor en dólares del peso creció en casi un 100%: de $ 20 pasó a $ 38. La producción de gas es el 50% de la tarifa, por lo cual un aumento cercano al 100% en la producción, significaría un 50% en la tarifa final, sólo en la parte que remunera la producción. A eso, hay que agregar el aumento para las compañías que se encargan del transporte y la distribución, que sería una recomposición con respecto a la inflación del período.
Sin embargo, para aminorar el golpe, el gobierno aceptaría un aumento en torno del 25%, además de bajar el precio del PIST (gas en boca de pozo). Hernán Letcher, titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se expresó en ese sentido. «No van a pasar todo a precios de manera directa porque sería un escándalo total. Lo que seguramente ocurra es que no haya en esta oportunidad reducción de subsidios, sino sólo recomposición. Pero el gobierno acordó con el FMI que los subsidios se reduzcan a un 10% para 2019; es decir, que el año que viene tendrán que descontar todo lo que no descuenten ahora.»
Este martes, habrá una audiencia pública en la cual productores, transportistas y distribuidores harán una propuesta formal al gobierno, que suele aceptar esas proposiciones. «
El impacto también se siente en los alimentos
La devaluación afecta también a los alimentos. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) dio una suba del 19,6% en el acumulado de 2018, mientras que el interanual (julio-julio) alcanzó el 31,2%. Los ítems que más impulsaron al IPC son Alimentos y bebidas no alcohólicas; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; y Transporte. Hernán Letcher, titular del CEPA, explicó que «subieron mucho los alimentos vinculados al trigo, que traccionan hacia arriba por el aumento de combustibles, la eliminación de los ROE y la quita de retenciones». El trigo impulsó el precio del pan, la harina y los fideos. «El problema es que está desregulado y eso hace converger el precio local al internacional, lo cual es lo mismo que dolarizar, ya que los productores venden afuera o acá, pero al precio internacional», analizó Letcher. Con respecto a Vivienda, el motor son las tarifas. En tanto, las subas en Transporte están vinculadas al precio de los combustibles. «El hilo conductor es que se trata de los rubros dolarizados por el gobierno», finalizó.
Volvió a subir la nafta
Septiembre arrancó con nuevos precios para los combustibles. Las subas oscilan entre el 1,4% y el 12%, según el tipo y la empresa expendedora. En el caso de YPF los aumentos fueron más moderados y se explicaron por los nuevos valores del ITC (Impuesto a la Transferencia de Combustibles) y del biodiésel que utiliza para la refinación, cuyo valor está regulado por el gobierno y se actualiza cada tres meses. En el área metropolitana la nafta súper subió 2,5% y se vende a $ 30,34 por litro. En cambio, Shell aprovechó para trasladar parte de la devaluación: la súper está a $ 33,91 (12% de aumento), mientras que la premium se vende a $ 40,99.
Gabriel Bornoroni, vocero de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (Cecha), aseguró en declaraciones radiales que «el impacto del dólar es la variable que más empuja al precio final», por lo cual «el monto final estaría llegando a los 50 pesos» en diciembre.
En el mismo sentido, el CEPA advirtió que desde diciembre de 2015, la relación entre el precio de la nafta y del dólar sufrió un desfasaje. Para que ambas variables vuelvan a tener la misma relación, el precio de la nafta debería estar en $ 53. «Ese atraso no se puede pasar a precios porque no te compra nadie y además genera inflación porque el aumento de combustibles se traslada a todo lo demás», afirmaron desde ese centro.
En diciembre de 2015, el litro de nafta tenía un valor de $ 13. Con el 6% de aumento en septiembre, el precio llegará a $ 31,30. Es decir, un aumento del 140%, por encima incluso de la inflación de 109% acumulada en ese período.
