La reforma laboral ha quedado como cuenta pendiente en el plan económico del gobierno de Cambiemos durante estos ya tres años y medio. El mismo gobierno lo reconoció en los diez puntos pendientes que intentó hacer firmar a toda la oposición y, mediante los cuales logró recuperar cierto apoyo del FMI y de las cámaras empresarias. Posiblemente ya no tenga los recursos políticos para hacerlo antes de las elecciones de octubre. Su propósito deliberado es el de reducir costos laborales para las empresas. Detrás del eufemismo de “modernizar” las relaciones laborales y “mejorar la competitividad” se esconde un intento de incrementar la rentabilidad sobre la base, no de la inversión y la productividad, sino del incremento de la explotación de la fuerza de trabajo.

Con todo, si bien esa ley no pudo avanzar como resultado de las protestas fuertemente reprimidas en diciembre de 2017 contra la reforma previsional y la evaluación política de que no había condiciones para seguir avanzando en ese rumbo, el objetivo de reducir los costos laborales se obtuvo sobre la base de, por un lado, de la revisión de una decena de convenios sectoriales y, por el otro, a partir de despidos masivos y cierres de empresas y una depreciación del salario con relación a los precios pero, especialmente, desde el punto de vista de su valor en moneda extranjera.

Un informe de la Fundación Mediterránea, la consultora fundada en 1977 por Domingo Cavallo, da cuenta de una depreciación de los salarios industriales medidos en dólares de un 39% desde el año 2013 a la fecha. Según el estudio, los asalariados del sector privado manufacturero percibían en aquel año el equivalente a U$S 1963 mientras que, ahora, se ubican en U$S 1.198.

Para la consultora uno de los problemas de la economía nacional y del empleo en particular resulta de la volatilidad del valor del salario medido en moneda internacional. En un estudio publicado el martes aseguran que “el empleo industrial muestra una tendencia, a nivel mundial, a perder importancia relativa en el tiempo, a expensas de los servicios. No obstante, en Argentina se han dado períodos de subas o bajas marcadas en el empleo industrial, que se despegan de la tendencia de largo plazo. Una de las principales causas de tal comportamiento ha sido la volatilidad que ha mostrado el costo laboral salarial en Argentina, medido en moneda dura, en las últimas dos décadas”.

El informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), dependiente de la consultora, asegura que  “al final de la Convertibilidad, el salario industrial formal promedio se ubicaba en alrededor de 1.000 dólares, hasta que la mega-devaluación del peso, observada en 2002, llevó el salario industrial a 360 dólares”.

Según el estudio “siguió un período de recuperación de salarios, y en 2008 había regresado al nivel de 1.000 dólares que se observaba en el año 2001”. Con todo, sigue, “el costo laboral siguió creciendo, por los acuerdos salariales alcanzados en esos años, y por la notable apreciación del peso ocurrida post 2010, de modo que en 2015 el salario industrial resultaba de casi 2.000 dólares”.

El sentido de vincular el costo laboral con el nivel de empleo persigue el objetivo de desligarlo de la actividad económica y viabilizar una reducción de esos costos tal como lo dispone la reforma laboral. Una operación ideológica que se desarrolló en la década del noventa para lograr la aprobación de la ley de flexibilización laboral con el argumento de que avanzar sobre las condiciones de trabajo genera empleo. La realidad se dedicó a demostrar lo contrario.

Según la consultora “existe un salario de equilibrio para el sector externo. Cuando se intenta sobrepasar dicho nivel se generan pérdidas de competitividad que terminan llevando a una crisis externa, que normalmente termina con una devaluación de la moneda local, que reduce el costo salarial, y permite revertir temporalmente las cuentas externas.”. De este modo, la fragilidad del mercado cambiario también resultaría de los altos costos salariales en dólares y no de la política especulativa en el mercado financiero.

El informe augura que “no subirán los salarios a largo plazo, ni bajará en forma sostenida la tasa de pobreza, si Argentina no genera una economía competitiva”. Según el pronóstico de la Fundación mediterránea “en 2020 tendremos una nueva oportunidad para generar un modelo económico con crecimiento equilibrado entre mercado interno y externo, que no derive en sesgo antiexportador, y que dé lugar a una expansión sostenida de la economía argentina” aunque, claro, “para lograrlo se necesitarán reformas estructurales en materia fiscal y laboral”.